A la fecha, son 134 las denuncias penales presentadas contra ex servidores públicos, de las cuales 83 están relacionadas con la simulación de reintegros en la comprobación de los recursos, a petición de la misma Auditoría Superior de la Federación.
Las observaciones en el 2015, según los resultados de la auditoría a la cuenta Pública, ascienden a mil 235 millones de pesos.
Contra funcionarios de la anterior administración, entre el periodo 2011 y 2014, según la misma Auditoría Superior de la Federación, se iniciaron procedimientos resarcitorios por el orden de los 313.4 millones de pesos.
En total, los exservidores públicos del gobierno de Gabino Cué no han solventado 6 mil 264.7 millones de pesos.
Cabe destacar que entre el 2011 y el 2014, la ASF realizó observaciones por un monto de 7 mil 195.6 millones de pesos, de los cuales únicamente pudieron comprobar 930.9 millones de pesos.
Los 6 mil 264.7 millones de pesos pendientes de solventar orillaron a la Auditoría a iniciar 314 procedimientos resarcitorios.
En el 2015, según la Cuenta Pública, del análisis de 33 mil 498.7 millones de pesos, se detectaron irregularidades por mil 235.9 millones de pesos, así como un subejercicio de mil 51.1 millones de pesos.
De acuerdo a las auditorías realizadas, en el caso de los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, los exfuncionarios que operaron el presupuesto en el 2015 tendrán que devolver 92.5 millones de pesos y 1.9 millones de pesos que corresponden al Programa Escuela de tiempo Completo.
A estas observaciones también se suma la observación para que se devuelvan 17.4 millones de pesos que fueron entregados a los Servicios de Salud de Oaxaca en la gestión de Germán Tenorio Vasconcelos.
Por otra parte, indicó que los exfuncionarios a cargo de los Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de Mando Policial, deberán devolver 5.7 millones de pesos.
A través de la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo se confirmó la existencia de 11 mil 815 escuelas o centros de trabajo, así como 82 mil 314 personas trabajando, pero un total de 112 mil 175 plazas.
De las 32 entidades federativas, únicamente en 29 se practicó la validación de plazas pagadas de personal financiables con el FONE, el cual ascendió a 115 mil 013 centros de trabajo, debido a que en Chiapas, Michoacán de Ocampo y Oaxaca, por problemas con el magisterio no fue posible realizar los trabajos del proyecto o en su caso, su participación fue mínima.
La Auditoría Superior de la Federación destacó que una aspiración fundamental de la democratización en nuestro país consiste en incrementar la participación ciudadana en el sistema político y sus procesos.
Señaló que una sociedad más informada incrementa su nivel de exigencia, lo que se traduce en un fuerte impulso para que los gobernantes generen políticas públicas responsables y las ejecuten dentro del marco normativo. Si bien la participación social coadyuva a inhibir algunas irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, no resulta suficiente.
Apuntó que la falta de conocimiento ciudadano respecto a lo que hace su gobierno genera desconfianza y, con ello, el debilitamiento de nuestras instituciones democráticas.
Por ello, subrayó, es fundamental el impulso y fortalecimiento de la participación social, cuya influencia trasciende el ámbito de la eficiencia y transparencia de los programas públicos y sus acciones, y se extiende en general al avance del proceso democrático.
Puntualizó que compartir información no hace a las entidades públicas más vulnerables; por el contrario, les da fortaleza y legitimidad. Para ello, la ASF ha instrumentado diversos mecanismos de participación ciudadana para que los interesados den a conocer datos sobre posibles irregularidades, con el fin de atender de forma directa los reclamos que sean de su competencia.
En febrero pasado, Tiempo de Oaxaca publicó que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental investiga la comisión de irregularidades en la administración de recursos del Fondo de Infraestructura Social en el gobierno de Gabino Cué por más de 84.4 millones de pesos cometidos por ex funcionarios de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), la Comisión Estatal de Vivienda, los Servicios de Salud de Oaxaca y la ex Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), entre otras dependencias.
Del resultado de las investigaciones se desprenderán los procedimientos administrativos por los actos u omisiones de los ex funcionarios que tuvieron en sus manos los recursos del Fondo, asignados a la entidad en el 2015, vía cuentas bancarias.
El tema también fue del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, la cual en los Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2015, dictaminaron que tras auditar el manejo de 690.1 millones de pesos, para finales del 2016 todavía no se ejercía ni el 60 por ciento, lo cual generó también opacidad en la aplicación de los recursos no erogados.
Al final, también se dictaminó un probable daño a la hacienda pública federal por 9.3 millones de pesos y una afectación a la población por el no ejercicio de 75.1 millones de pesos.
El desaseo en el manejo de los recursos asignados a las Zonas de Atención Prioritaria de Oaxaca fue descubierto cuando el gobierno estatal dijo haber invertido recursos por 616.6 millones de pesos para atender zonas urbanas y rurales, pero lo que hicieron fue realizar transferencias a otras cuentas por 832 mil pesos y por 6.6 millones de pesos, pero sin que hubiera documentación comprobatoria del gasto y se detectaron obras que no operan por 1.8 millones de pesos.
También se comprobó que solamente se justificó el destino de 64 por ciento del presupuesto a obras y acciones de infraestructura básica, pero aún se investiga dónde están esas obras de agua potable, drenaje y letrinas, así como electrificación y mejoramientos de vivienda.
En todos los casos, la empresa ejecutora fue CAO, la cual hizo traspasos por 8.6 millones de pesos, sin haber realizado la reintegración total de los recursos.
De entrada, el órgano auditor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 832 mil pesos, por haber desviado recursos del Fondo de Infraestructura social.
Entre las dependencias que no presentaron evidencia de la documentación que justifica los pagos realizados por 121 mil pesos; 369 mil pesos; 127 mil pesos; 3.5 millones de pesos y 70 mil pesos, mismos que hacen un total de 4.2 millones de pesos, se encuentran dependencias como Sinfra, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y la Secretaría de Salud, así como la desaparecida STyDE.
En su pliego de observaciones el órgano auditor federal señaló un probable perjuicio a la hacienda pública por 4 millones 227 mil 875 pesos, de los cuales no existe evidencia documental de su destino.
El pasado lunes, Tiempo de Oaxaca informó que la Auditoría Superior de la Federación informó que los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2015, en el penúltimo año de gobierno de Gabino Cué Monteagudo, arrojó un probable daño a la hacienda pública federal por 92.5 millones de pesos a través del IEEPO.
Asimismo destacó que en el año que se creó el nuevo IEEPO, con Moisés Robles Ruiz al frente, se detectaron diversas irregularidades.
El órgano auditor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reportó que auditó 18 mil 657.4 millones de pesos, un 89.2 por ciento de los 20 mil 927 millones de pesos asignados al IEEPO, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
Tras precisar que en el 2015 sólo ejercieron en tiempo y forma el 95.1 por ciento del presupuesto asignado, precisó que el daño a la Hacienda Pública Federal asciende a 92 millones 533 mil 500 pesos.
Inf./Tiempo