La Procuraduría General de la República (PGR) está impedida para aprehender a Julio César Godoy Toscano, ya que existe un amparo contra una orden de arresto vigente, mientras que una nueva averiguación previa por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita aún no se pone a disposición de un juez, explicó Ricardo Nájera, vocero de la dependencia.
Por la noche, luego del desafuero del michoacano, la dependencia precisó que el Ministerio Público federal consignará ante un juez el expediente por lavado de dinero.
A lo largo de dos años, la PGR acusó hasta en cuatro ocasiones a Godoy Toscano de presuntos nexos con el cártel de La Familia Michoacana. En todos los casos, el hasta ayer legislador logró revertir los cargos formulados por fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La defensa de Godoy Toscano logró dejar sin efecto tres órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR ante juzgados de Nayarit —caso que luego pasó a un juez de Michoacán— y de Tamaulipas; la cuarta quedó suspendida.
En los tres casos en que los jueces desecharon en definitiva las órdenes de aprehensión, se debió a que las pruebas aportadas por los fiscales fueron consideradas infundadas, incluyendo la transcripción de la grabación del supuesto diálogo entre el legislador y el jefe del grupo criminal, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.
De acuerdo con el contenido de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Michoacán, la PGR nunca aportó el audio de la grabación y no se soportaron con mayores elementos las imputaciones que hizo el testigo protegido identificado como Emilio, de acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
De hecho, el cuarto de estos casos ocurrió apenas el pasado 26 de noviembre, cuando el Juzgado Primero de Distrito de Michoacán concedió a Godoy un amparo para efectos contra la orden de aprehensión girada por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, que obliga al tribunal jalisciense —en caso de que quisiera emitir una nueva orden de captura en su contra— a ajustarse al contenido de la protección judicial otorgada a Godoy Toscano.
El punto central de la resolución fue que las pruebas aportadas por los fiscales, que han sido desestimadas por jueces en otros casos penales, no pueden ser objeto de estudio en un nuevo proceso. Es decir, las pruebas y testimonios que ya fueron desechados en los otros tres casos no pueden ser presentados como parte de una nueva acusación contra Godoy, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como el amparo dejó al juez federal de Jalisco en aptitud o posibilidad de emitir una nueva orden de aprehensión contra Godoy, éste no podrá tomar en cuenta las pruebas aportadas por la PGR que ya fueron desechas por otros jueces, según la sentencia emitida en el expediente de amparo 743/2010, promovido por Godoy.
Agencia El Universal