Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en su última sesión del año, modificaciones constitucionales a fin de fortalecer la protección a los derechos humanos y para garantizar que cualquier violación a éstos no permanezca impune.
Así, con la decisión del pleno de San Lázaro, se retira a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de investigación en caso de violación grave de las garantías individuales, para transferirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la cual nadie podrá negar información.
El dictamen aprobado establece que si alguna autoridad se niega a acatar una recomendación emitida por los órganos de protección a los derechos humanos, el Senado —y en receso de periodo ordinario la Comisión Permanente— llamará a esas autoridades para que expliquen su negativa.
Los cambios a la Carta Magna facultan a la CNDH para, además de investigar violaciones a garantías individuales, ampliar su atribución para indagar en temas laborales, y se establece que este organismo ciudadano podrá interponer controversias contra tratados internacionales aceptados por México que limiten los derechos humanos.
En la sesión, el pleno recibió y aprobó el dictamen —que regresó al Senado debido a modificaciones— con el que se cambia la denominación del capítulo I del título primero de la Constitución, para quedar: “De los derechos humanos y sus garantías”, y ya no más de las garantías individuales.
Además, se contempla el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre y la prohibición de la desaparición forzada y la tortura.
En el 33 se limita la facultad del Ejecutivo para hacer salir del país a extranjeros, previa audiencia, a través de un procedimiento que establece la ley. Como principio de política exterior, se agrega en el artículo 89 la promoción y protección de los derechos humanos.
Del 97 se elimina la facultad de la SCJN para investigar casos graves de violaciones a los derechos humanos, para otorgársela a la CNDH. En el ejercicio de esa facultad, ninguna autoridad podrá negarle información. El desarrollo y desahogo del procedimiento le corresponde al Consejo Consultivo.
En el 102 se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, al establecer que las autoridades tienen obligación de dar respuesta a la CNDH. Quien no las acepte, deberá manifestarlo públicamente.
Se establece la elección del titular de la CNDH y los integrantes del Consejo Consultivo, a través de consulta pública transparente. En el artículo 105 se amplían las facultades de la comisión para interponer controversia constitucional contra tratados internacionales que limiten derechos humanos.
Posiciones
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Alfonso Navarrete Prida, ratificó que la reforma otorga un amplio y vigoroso sistema de protección a los derechos humanos en el país.
Indicó que la reforma tiene un espíritu protector y marcha en la misma vía que las normas de carácter internacional, además de que es fruto de la participación de organismos internacionales y nacionales no gubernamentales.
La diputada Beatriz Paredes manifestó que la reforma constituye un histórico cambio en la evolución de los derechos humanos en el país, e inscribe a México en la ruta de los países que reconocen explícitamente en sus normas internas la aplicación de las disposiciones de derecho internacional en materia de derechos fundamentales.
La diputada perredista Enoé Uranga indicó que con la reforma se inicia un camino para la defensa de la democracia, a través de reglas laicas de convivencia para establecer la normatividad y la política de Estado.
La reforma comenzará el recorrido por los congresos locales una vez que el Senado ratifique el acuerdo tomado en conferencia con la Cámara de Diputados.
Agencia El Universal