Expertos y académicos pidieron desechar la iniciativa del diputado Eraclio Rodríguez Gómez, que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales, al considerar que afectaría a pequeños productores, especialmente en comunidades indígenas, su derecho al intercambio de semillas, además de que eliminaría conocimientos y tradiciones milenarias.
Durante el foro sobre «Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales», realizado de manera virtual, coincidieron en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no obliga a que se hagan estas modificaciones a la norma legal.
“Queremos servir a los campesinos y no a los que hacen negocios”
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) aseguró: “queremos servir a los campesinos y no a los que hacen negocios” y señaló que este conversatorio es para que toda persona interesada participe y dé su opinión.
Apeló a la sensibilidad y adelantó que se hará un documento consistente, cuya síntesis de este conversatorio se enviará al Presidente de la República para que conozca lo que están pensando los mejores investigadores independientes que hay en México. “Tenemos obligaciones con el pueblo”.
Muñoz Ledo expresó estar totalmente en contra de la iniciativa, porque son muchos los expertos del rubro que han advertido las consecuencias que podría traer para el sector productor.
La iniciativa busca cumplir con compromisos del T-MEC
El diputado Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y promovente de la iniciativa, apuntó que ésta salvaguarda la biodiversidad y recursos genéticos, establece que las variedades nativas y de uso común no son tocadas en absoluto en los títulos de obtentor (nombre que se les da a quien registra una variedad de semilla) logradas como parte de un proceso de mejoramiento genético comprobable.
Además, subrayó, fija excepciones para que los productores pequeños puedan guardar sus semillas aun de variedades protegidas y se cumple con el compromiso asumido por el gobierno mexicano para la firma del T-MEC, al inscribirse los derechos de los productores rurales reconocidos por la ONU, para resguardarlos y que participen en el desarrollo económico, cultural y científico del país.
Asimismo, elimina el apartado de delitos penales y establece sanciones económicas para las personas y empresas que hagan uso ilegal de variedades protegidas para engañar a los campesinos y que busquen un beneficio comercial y de lucro a partir de estas investigaciones.
En riesgo, la soberanía alimentaria
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), consideró que “es muy delicado y arriesgado aprobar este dictamen como se propone, porque está en riesgo la soberanía agroalimentaria y alimentaria en México”, al poner en peligro la existencia de los pueblos indígenas, quienes tendrían que pagar a una empresa privada por el uso de las semillas, y de no hacerlo, podrían ir a la cárcel, pese a que han producido y mantenido la diversidad de los granos básicos como el maíz y frijol, que por años han seleccionado y permite hoy tener una gran variedad de todos los vegetales para el consumo.
Aclaró que no está peleada la siembra a gran escala con la de autoconsumo. Pidió buscar la manera de encontrar la solución al problema de la autosuficiencia.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) expresó su preocupación por que la cadena alimentaria, de la tierra al consumidor final, sea dominada por empresas trasnacionales, al grado de que pueda convertirse en la puerta de la colonización bajo el ropaje de la modernidad al campo mexicano.
Pidió ser cuidadosos porque se afectaría la soberanía alimentaria, debido a que las formas de cultivo e intercambio son parte de la riqueza e identidad, lo que ha permitido la autonomía y autosuficiencia. Se pronunció por no dar una respuesta en automático a las grandes corporaciones y revisar a fondo esta propuesta en parlamento abierto, donde participen las organizaciones campesinas.
Del PAN, el diputado Absalón García Ochoa pidió valorar los aspectos de asignación presupuestal para que esta pueda cumplirse, además de que hubo disposiciones para reducir recursos al sector, por lo que se estaría haciendo una ley de manera imperfecta.
Dijo que se deben profundizar las políticas públicas agrícolas en México y discutir a fondo las implicaciones en el campo nacional, así como evitar el error de no proteger la biodiversidad. “Si las modificaciones no nos obligan para que entre en vigor el T-MEC, démonos serenidad para modificar la ley”.
Deben tomarse en cuenta todas las opiniones
Del PRI, el diputado Juan José Canul Pérez declaró que para miles de mexicanos no sólo se trata de la subsistencia, sino de una tradición milenaria, de ahí la importancia de un marco jurídico que dé certeza a productores y la soberanía alimentaria.
Es claro, dijo, que el T-MEC es una prioridad para el desarrollo, pero se requiere ser cuidadoso al momento de querer hacer modificaciones a la ley, porque se encuentra en juego la variedad vegetal. “Deben tomarse en cuenta las opiniones de todos los sectores, especialmente expertos que tienen presente los riesgos”, agregó.
De MC, el diputado Jorge Eugenio Russo Salido dijo que su grupo parlamentario está a favor de la iniciativa porque reconoce la realidad innegable que el mercado de los productos agrícolas es de carácter global, porque lo que no se puede participar con normas diferentes a las de los principales socios comerciales.
Aseguró que el T-MEC, en su capítulo 20, señala la obligación de adecuar nuestro marco jurídico para proteger los derechos de propiedad intelectual en materia de variedades vegetales, lo que enviaría una señal correcta a inversionistas nacionales y extranjeros, pero sin perder el sentido de colaboración social.
En su turno, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano, comentó que es necesario analizar con profundidad la iniciativa y los impactos que ésta tendría.
Recordó que el país tiene diversas realidades en la agricultura de exportación y de subsistencia y cada una tienen diferentes retos. “Hay manera de generar una construcción alrededor de todos los puntos de vista”, aseguró.
La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez (Morena) indicó que esta ley debe ser desechada definitivamente y criticar o, de ser posible, detener la puesta en marcha del UPOV-91, pues son mecanismos que han armado corporaciones dentro de los tratados de libre comercio. Señaló que pensarse en una agricultura de otra índole, además es indispensable consultar a los pueblos originarios en estos casos.
Jesús Guzmán, asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, dijo que es importante considerar las semillas como bienes comunes de toda la humanidad, así como dar los tiempos para aprobar una ley que tiene una visión privada en el manejo de los granos, porque México enfrenta graves déficits en materia legislativa para fomentar una agricultura distinta que cuide el medio ambiente y sea socialmente sostenida.
La propuesta es confusa
Ana Wegier, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, aseguró que es un engaño decir que se necesita esta reforma para poder aprobar el T-MEC, además de que es una propuesta confusa, inaccesible y difícil de entender, lo que da pie a muchas interpretaciones; es inaplicable y viola el derecho a la justicia.
Eduardo Rincón Gallardo, presidente del Colectivo Impulso Biodinámica de México AC, advirtió que no se puede equiparar a México con países con economía mayor o distinta, además que la cultura del manejo de la agricultura y biodiversidad en nuestra nación tiene un peso enorme.
El libre acceso a las semillas, un derecho humano
Homero Blas Bustamente, productor orgánico, propuso considerar el libre acceso a las semillas como un derecho humano en la Constitución, porque están en poder de los campesinos y la biodiversidad es de todos y no tiene dueños. Señaló no estar a favor de la propuesta porque se fomenta la biopiratería, que roba los conocimientos de los campesinos y deja indefensas a las comunidades indígenas. Sólo beneficia a las grandes corporaciones y no a los productores.
Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, explicó que cuando las medidas legislativas afecten a los pueblos, éstas deben ser consultadas de manera libre e informada, porque no se puede poner la visión de uno sobre todos. “Las variedades vegetales están en zonas indígenas, no en las urbanas”.
Carlos Ávila, catedrático de la Universidad Veracruzana, afirmó estar en contra de la propuesta porque es neoliberal; lo más viable es desecharla. Destacó que la diversidad biológica que la agricultura tradicional de México ha mantenido en casi cien plantas son una gran heterogeneidad de cultivo y genética, es lo que interesa y quieren apropiarse de ello las compañías transnacionales y privada nacionales.
Cristina Barros, investigadora e impulsora de la campaña Sin Maíz no hay País, aseguró que esta iniciativa de ley, a la que se oponen, acabaría con la soberanía alimentaria, con la cocina extraordinaria de México y no reconoce a los verdaderos dueños de las semillas. “Decimos no a esta reforma que despoja a los pueblos originarios de sus conocimientos y porque perderían la capacidad de decisión sobre lo que siembran”, subrayó.
Preocupa que el campesino no pueda controlar
Liza Covantes, colaboradora del proyecto de Agrobiodiversidad Mexicana, coordinado por Conabio, explicó que uno de los factores del proyecto es ampliar y conocer las comunidades que trabajan la agrobiodiversidad, y de qué manera la emplean. Señaló que una de las preocupaciones de la iniciativa es que el proceso de diversificación se pueda ver interrumpido debido a que hay elementos que no pueden ser controlados por el humano.
De la Universidad Autónoma de Chapingo, Gonzalo Chapela externó su preocupación por la conservación de la evolución continua bajo domesticación; es decir, el procedimiento por el cual los agricultores producen semillas y de esto depende la generación de simientes híbridos.
Raciel Rivas, promotor de cultura de Oaxaca, comentó que urge una revisión de esta iniciativa, porque hay vacíos e incomprensiones respecto del patrimonio de las comunidades originarias. “Tenemos una gran responsabilidad en defender las comunidades originarias y no destruir el patrimonio cultural del país”, sostuvo.
El director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Mardonio Carballo, dijo que esnecesario saber que México es el país que domestica al maíz y es importante en la vida.
Margarita Tadeo, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionó que la propuesta prohíbe el uso de semillas propias, limita el intercambio, no permite la generación de nuevas variedades y promueve el patentamiento de genes y variedades; esto afectaría a más de 3 millones de pequeños y medianos productores.
Julia Álvarez Icaza, especialista en derecho, se pronunció en contra de la iniciativa en sus términos propuestos. Comentó que es necesario reactivar el campo en manos de los agricultores ya que hay más de 2 millones de campesinos que siembran maíz.
Jorge Córcega, chef de Milpa Alta, pidió claridad en la información que vierta la iniciativa y tener en cuenta que todo lo que se produzca será para consumo humano, por ello, invitó a ver más allá de elevar la producción y patentar semillas, porque “eso es un negocio nada más, son las empresas las que quieren esas patentes”. Señaló no estar a favor de la propuesta.
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