Después de que la Suprema Corte de Justicia limitara el fuero militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que todos los consejos de guerra que se realizan en contra de miembros de las Fuerzas Armadas son abiertos al público y permitió éste lunes el acceso a los medios a la audiencia contra un cabo oficinista que fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de una multa por violación a la ley de armas de fuego.
La dependencia federal informó a esta edición, que no es la primera ocasión en que se permite el acceso a los medios de comunicación a un Consejo de Guerra en el Supremo Tribunal Militar, pero la intención en esta ocasión “es reafirmar que los consejos de guerra son públicos y cualquier persona puede asistir a ellos”, y que se difunda el procedimiento con el que se juzga al personal castrense.
En el caso del cabo oficinista juzgado tras casi 10 horas de audiencia, fue sentenciado a cuatro años en la prisión militar, pues no comprobó que no tuviera conocimiento del contenido de las maletas que llevaba.
Además se ordenó la destitución de su cargo como encargado de la tortillería en San Gertrudis y de su grado, y se le condenó al pago de tres mil 822 pesos, es decir, 60 salarios mínimos del 2006, aunque el cabo anunció que impugnará el fallo en el Supremo Tribunal de Justicia Militar.
A diferencia de un juicio civil, un Consejo de Guerra es un procedimiento judicial militar en el que se dilucida, de forma rápida, la comisión de un delito tipificado en el Código de Justicia Militar, y el pasado lunes fue presentado el caso de un cabo oficinista de Santa Gertrudis, Chihuahua, cuyo nombre se pidió omitir, acusado de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sólo los generales, jefes y oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y su equivalencia en la Armada podrán portar armas aun vistiendo de civil.
La audiencia, celebrada en los juzgados militares del Campo Militar Número Uno, tiene origen el 19 de julio de 2006, cuando el cabo fue detenido en la estación ferroviaria de Los Mochis, Sinaloa.
El militar fue acusado de salir de su jurisdicción con tres maletas que contenían un arma de fuego marca Ruger calibre .9 milímetros y 5 mil 570 cartuchos de diversos calibres por órdenes de su superior, el entonces capitán Tomás Guzmán Díaz, quien desertó del Ejército el 4 de noviembre de 2006.
El cabo debía entregar el arma y cartuchos a un supuesto mayor en la estación de Los Mochis cuando fue detenido.
Hasta antes de la sentencia el cabo oficinista se encontraba en activo debido a que el delito que se le imputa no es grave.
Es la primera vez que se abre a la prensa un Consejo de Guerra instaurado para un militar de rango inferior, pues los que se abrieron en épocas anteriores fueron siempre contra militares con rango de generales.
En 2001 se abrieron por primera vez a los medios de comunicación los consejos de guerra con el caso de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, vinculados con el crimen organizado, y posteriormente el del general José Francisco Gallardo Rodríguez, acusado de robo de forraje para ganado.
En el año 2003 se abrió a la prensa el Consejo de Guerra en contra del general Ricardo Martínez Perea, acusado de colaborar con el cártel del Golfo.
Agencia El Universal