Un grupo de 39 organizaciones hispanas y de derechos civiles interpuso hoy una apelación para bloquear el fallo de una jueza federal que autoriza la aplicación parcial en Alabama de la más estricta ley antiinmigrante en Estados Unidos.
El grupo, encabezado por la Coalición de Alabama para los Intereses Hispanos (HICA) , interpuso el recurso ante la Corte Federal de Apelaciones del 11 Distrito, con sede en Atlanta, Georgia, argumentando la anticonstitucionalidad, crueldad e insostenibilidad de la ley HB56 de Alabama.
La apelación fue presentada un día después de que la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn permitiera a las autoridades de Alabama el aplicar partes controversiales de la ley antiinmigrante, incluyendo tratar de determinar el estatus migratorio de una persona que se sospecha sea un indocumentado.
La magistrada también autorizó aplicar la parte de la ley que requiere a las escuelas públicas el determinar el estatus migratorio de sus alumnos.
Autoridades estatales de Alabama informaron que la mayor parte de la HB56 ha entrado en vigencia este jueves en toda la entidad.
El fallo de Lovelace, convierte a la HB56 en la primera ley antiinmigrante estatal que es puesta en vigor, de seis que han sido promulgadas en igual número de entidades a lo largo de los últimos 18 meses, incluyendo la SB 1070 de Arizona y otras en Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur.
La decisión de la juez provocó la víspera manifestaciones espontáneas de protesta, en las calles de Birmingham, Montgomery, Tuscaloosa y otras ciudades importantes de esa entidad.
Las manifestaciones fueron protagonizadas en su mayoría por estudiantes hispanos que abandonaron sus clases para salir a las calles luego de enterarse de la decisión de la magistrada federal.
El gobierno de México informó, a través de su consulado en Atlanta, Georgia, que desplegará acciones de protección y defensa de sus miles de connacionales residentes en Alabama, para que les sean respetados sus derechos fundamentales.
El gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, celebró la decisión de la juez al calificar el dictamen emitido la víspera como ‘una victoria’ para su entidad.
Las organizaciones que apelaron el fallo de Lovelace sostienen que toda la ley es anticonstitucional por múltiples razones, incluyendo la de que usurpa el papel principal del gobierno federal en cuanto a aplicar la ley de inmigración.
«Creemos que la HB56 es inconstitucional, insostenible y francamente cruel. No sólo vamos a apelar la decisión del tribunal, sino también a movilizar y organizar a Alabama para derogar esta ley y defender a los inmigrantes», dijo Isabel Rubio, directora ejecutiva de HICA.
La legislación rebasa los alcances de la SB 1070 de Arizona al dar libertad a los policías de determinar el estatus migratorio de personas sospechosos de estar en forma indocumentada dentro de territorio estadounidense.
La ley también exige a las escuelas públicas el usar las actas de nacimiento de sus estudiantes para rastrear su estatus migratorio.
La HB56 contiene la polémica previsión de la «sospecha razonable» para permitir a los policías a proceder al arresto de una persona con solo presentir o creer que el individuo se encuentra en forma indocumentada en el país.
En su dictamen, la juez Lovelace, rechaza muchos de los argumentos expuestos por HICA, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y demás activistas.
Sin embargo, la magistrada si tomó como válidos otros puntos y mantuvo el bloqueo de una cláusula de la legislación que criminaliza las solicitudes de empleo por inmigrantes indocumentados y otra que declaraba como delito el transportar o dar un ‘aventón’ a un indocumentado, o el proporcionarle albergue.
Agencia El Universal