El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados rechazó que las reformas al Código Penal del Distrito Federal criminalicen las marchas y manifestaciones, pues la garantía constitucional persiste.
En entrevista, sostuvo que se adecuó la norma jurídica a la realidad social, ya que «en las últimas fechas hemos visto un incremento de violencia, que lejos de ejercer un derecho a la libre manifestación de las ideas, genera un ataque a la autoridad y eso no podemos permitir en la ciudad».
Las reformas a los artículos 362 y 186 del Código Penal local, aprobadas el martes, incrementan hasta en 50 por ciento la penalidad de delitos como lesiones dolosas y homicidios de manifestantes en contra de policías que vigilan mítines, manifestaciones o eventos públicos de esparcimiento, deportivo o de recreación.
Al respecto, el coordinador de los asambleístas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseveró que el respeto a los artículos 6 y 9 de la Constitución, que se refieren a la libertad de manifestación y de asociación política, está salvaguardado.
Granados Covarrubias dijo, incluso, que la Carta Magna señala «que hay unas limitantes a esas libertades cuando se afectan derechos de terceros o se genera violencia o la comisión de alguna conducta delictiva».
Recordó que en el Artículo 362 del Código «había un tema de inconstitucionalidad porque se preveía que quien se manifestara en contra del gobierno de la ciudad o sus instituciones se haría acreedor a una pena de cinco a 30 de años de prisión, mucho mayor que la de un homicidio».
Ahora, explicó el legislador local, con las reformas sólo se castigará a quienes cometan lesiones, homicidio, daño en propiedad ajena y robo, y no tendrán ningún beneficio legal, es decir no tendrán derecho a fianza ni caución».
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