La reforma energética que presentó el titular del Ejecutivo al Senado no es privatizadora porque no plantea la desincorporación de ningún activo de Petróleos Mexicanos (Pemex), ni de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y es necesaria porque México corre el riesgo de convertirse en un país importador neto de energía primaria.
Reiteró lo anterior, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell quien aseguró que la producción de crudo del país ha caído en 800 mil barriles diarios, además de que se está importando la tercera parte del gas que se consume, cuando en la década de los años 90 México era autosuficiente.
Además, agregó, el 65 por ciento de los productos petroquímicos que se consumen en México son importados y somos el país de América Latina con más altas tarifas de luz y contrasta con los socios comerciales, entre ellos Estados Unidos.
«En promedio las tarifas de luz son 25 por ciento más caras que en Estados Unidos, aún subsidiadas, y el subsidio no es una cosa menor, pues es casi 0.75 del Producto Interno Bruto pero si vemos los segmentos donde no llega el subsidio como la industria, los servicios, el comercio, el consumo residencial, entonces las tarifas son 84, 128 y hasta 149 por ciento más caras que en el país del norte», diagnosticó.
Entrevistado por Ricardo Rocha, el funcionario dijo que el riesgo de que la economía mexicana, por estas tarifas de luz, pierda competitividad y se vayan industrias a otro lado, es enorme.
En ese sentido aseguró que se pretende la inversión privada pero asociada con el Estado, pero no una privatización como sucedió en otras épocas con otros sectores de la economía en donde se vendieron empresas.
«Lo que necesitamos es asociarnos con los privados para que ellos aporten la inversión, aporten la tecnología y particularmente corran los riesgos geológicos y financieros. Se avecina en México un cambio de era del petróleo, la era del petróleo no convencional, en términos coloquiales, el petróleo fácil se está concluyendo, nuestro yacimiento súpergigante de Cantarell ya está acabando su vida productiva», aseguró.
Y dijo que tres cuartas partes de los recursos prospectivos de México están en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México y en los campos no convencionales terrestres, es decir sí hay mucho potencial pero se requiere más inversión y los riesgos son mayores.
Y ejemplificó: un pozo exploratorio en aguas profundas cuesta entre 150 y 200 millones de dólares y los riesgos de éxito comercial oscilan entre el 20 y el 50 por ciento, entonces en 20 pozos exploratorios, el Estado se está jugando un riesgo, si va solo, de entre 8 mil y 14 mil millones de dólares. La práctica internacional es hacer consorcios para ir a aguas profundas, asociarse para compartir estos riesgos.
La legislación actual solo permite a Pemex hacer contratos de servicio y estos –explicó- que son válidos y muy útiles para zonas de petróleo fácil en áreas convencionales le dan al contratista todas la ventajas porque el capital lo pone el Estado, si hay petróleo se les paga, si no se encuentra, se les paga también.
«Necesitamos darle flexibilidad a nuestro marco contractual. Es absurdo que una empresa petrolera de la dimensión de Pemex le tengamos prohibido asociarse, aquí hay una falla estructural en nuestro modelo petrolero que además funcionó en otro tipo de realidades pero ya no», aseguró el funcionario.
Agregó que el esquema que se construye y que propone el presidente Enrique Peña Nieto es novedoso porque pretende no desincorporar, no vender las empresas públicas, sino modernizarlas y ponerlas a competir. Darles facultad de asociarse con privados y de competir, «pero para eso tenemos que quitarles todas las ataduras regulatorias que tiene y en el caso que tiene son muchísimas y sobre todo liberarlas del régimen fiscal que es de los más gravosos del mundo».
En ese sentido, dijo que ya hay una propuesta del presidente en la Cámara de Diputados, que propone cambiar el régimen fiscal de Pemex, lo cual le permitiría tener más recursos para reinvertir en su modernización tecnológica, de la misma manera se propone una reorganización interna de Pemex; como desaparecer sus subsidiarias, crear divisiones de negocios, un modelo de gobierno corporativo y más transparencia y rendición de cuentas.
A pregunta expresa sobre las propuestas del PAN y del PRD, esta última que plantea que no se pueden modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y si puede haber un consenso de las reformas, se puede imponer una propuesta «ligth», el secretario de Energía fue tajante: «una reforma energética descafeinada no le sirve a México, ya recorrimos ese camino en 2008 hicimos una y vemos, cinco años después que no pudimos revertir las tendencias decrecientes de nuestra producción de hidrocarburos, ni mejoramos el índice de eficiencia de las refinerías, ni la producción de petroquímicos».
Y en ese sentido, reiteró que se requiere un cambio constitucional, aunque «no debe tocarse, dentro del 27 y el 28, el principio de que la nación es la dueña de los hidrocarburos del subsuelo, es lo que debe mantenerse y en el 28 debe preservarse el principio de que la exploración y la extracción del petróleo son áreas exclusivas del Estado».
INF./Grupo Formula