La renuncia del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por haber abusado de los recursos de todos los mexicanos no modifica la postura de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la necesidad de exigir un verdadero cambio en el modelo de gestión de agua para que sea democrático y respetuoso de los ecosistemas, asegurando el derecho humano al agua y al saneamiento en cumplimiento de la responsabilidad del Estado de promover, respetar , proteger y garantizar el acceso al líquido.
Las circunstancias en las que salió Korenfeld de la Conagua deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley correspondiente y su sucesor deberá comprometerse con los ciudadanos y urgentemente implementar un modelo que garantice el derecho humano al agua y un manejo sostenible social, económica y ambientalmente.
Entre las organizaciones que suscriben este mensaje se encuentran la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas de por el Derecho al Agua (COMDA), la Red de Acción por el Agua, la red Agua para Todos, Agua para la Vida y Greenpeace México.
El ahora ex director de la Conagua abanderaba el fortalecimiento de un modelo basado en la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la construcción y la concesión de grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica, para promover el trasvase de grandes volúmenes de agua y privilegiar el uso industrial por encima del derecho humano al líquido. Dicha intención estaba plasmada en la iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) (1) dictaminada ilegalmente en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo y cuya votación fue pospuesta hasta que termine el periodo electoral, según informó hoy el presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, Kamel Athie.
En ese sentido, las OSC reiteran que este dictamen debe ser desechado. Tanto el dictamen aprobado como la Convocatoria Pública anunciada en días pasados rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la “Ley Korenfeld”, convocada por la citada Comisión, son ilegales debido a que no se respetó en ninguno de los casos el reglamento interno del Congreso. La propuesta que debe ser discutida y dictaminada es la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, la cual fue presentada en ambas Cámaras el 10 de febrero.
