Agandalle de UTE, FPR y Morena en Nochixtlán

No hay nada oculto bajo el Sol. Ya salió el peine en el agandalle de los muertos en Nochixtlán. Éstos son bandera de los eternos enemigos de Oaxaca. Rogelio Vargas Garfias, Germán Mendoza Nube, Flavio Sosa Villavicencio e Itayee Cruz Guevara. Son los buitres carroñeros de siempre.
Todos ellos, se envuelven en la bandera rojinegra de la hoz y el martillo y se ostentan como revolucionarios comunistas. Pero son viles burgueses explotadores de los pobres entre los pobres. Lucran con la sangre de los ‘idiotas útiles’ y ‘compañeros de viaje’ de la izquierda radical.
Son los comandantes visibles de la guerrilla. Actúan como brazo político del EPR desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Frente Popular Revolucionario (FPR), Comuna y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Enseñan el cobre en todas las luchas populares. Cuentan con complicidades locales, nacionales e internacionales. Los nueve grupos radicales que participan en los bloqueos forman parte de las 49 organizaciones que desde 2012 hasta hace dos meses recibieron 655 millones 410 mil pesos.
Germán Mendoza Nube, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), recibía del gobierno de Gabino Cué recursos públicos por 33 millones de pesos cada año desde 2012.
Comuna Oaxaca, de Flavio y Erick Sosa Villavicencio, César Mateos Benítez y Armando Contreras Castillo vinculados a Manuel Andrés López Obrador (MALO) percibía recursos por 30 millones de pesos hasta hace dos meses. Hoy es enemigo de Gabino Cué.
Además de la ejecución de las órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero común y federal, ninguna acción gubernamental había sido tan eficaz como pegar en la bolsa a los capos y sicarios magisteriales.
Congelar las cuentas a los dirigentes del Cártel de la la Sección XXII de la CNTE fue un gran acierto del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para profundizar el descabezamiento y desmantelamiento total de la mafia CNTE-EPR, la Procuraduría General de la República debe imputar, además del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo de la guerrilla.
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo está más que documentados a lo largo de 35 años del conflicto magisterial y 23 de la entrega total del poder y del dinero del viejo IEEPO.
Para derrotar por completo a los capos y comandantes guerrilleros, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no tiene más que seguir la huella del dinero para profundizar las investigaciones.
Ahora, los activistas de Comuna y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) participan activamente en la nueva revuelta que pretende estallar “la primera revolución del Siglo XXI” en Oaxaca, como lo intentaron en 2006.
Lo peor es que en un acto de total incongruencia, se apoyan en las agencias del imperialismo yanqui para garantizar su impunidad. Así lo prueba la reunión “en corto” con el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Estos grupos radicales, se han apoderado de los órganos autónomos en materia de derechos humanos y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca-Organismo Público Local Electoral (IEEPCO-OPLE).
Entre sus complicidades más conocidas figura el Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, quien coordinó la reunión con el funcionario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A través de su cuenta de Twitter, la oficina en México del Alto Comisionado difundió una fotografía de la reunión en la que aparece Rogelio Vargas Garfias, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), brazo político de la guerrilla magisterial.
Asimismo, aparece Germán Mendoza Nube, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) aliado a la UTE. Este activista quedó confinado a una silla de ruedas al ser balaceado por la policía durante un asalto bancario en Río Grande, en 1987. Hace ya 29 años.
A la reunión con el funcionario de la ONU en petit comité no podía faltar Don Flavio. La representación del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEPCO), prueba la mano negra de Manuel Andrés López Obrador en la nueva revuelta comunista en Oaxaca.
Ah! Tampoco podía estar ausente la ex candidata de Morena a Presidenta Municipal de Nochixtlán, Itayee Cruz Guevara, quien encabeza la Comisión de Gobernabilidad que demanda al Congreso del Estado la desaparición de poderes en ese municipio.
A pesar de quedar relegada en quinto lugar en la elección del pasado 5 de junio, apoyada por Flavio Sosa la ex candidata de Morena a alcaldesa, se ha colado en dos ocasiones a la mesa de diálogo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al autodesignarse representante del pueblo de Nochixtlán.
Desde la Comisión Política del Cártel de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Unión de Trabajadores de la Educación manipula a quienes les han prometido una plaza como maestros.
Son alentados por la falsa promesa de Manuel Andrés López Obrador (MALO) que al llegar a la presidencia de la República en 2018 les regresará el IEEPO. Insisten en abrogar la Reforma Educativa y radicalizan, otra vez, sus acciones terroristas.
Chantajean con su manoseada estrategia presión-negociación-presión. Han pasado de los bloqueos carreteros y la retención y quema de vehículos de empresas al saqueo de comercios, para imponer sus demandas en la mesa de negociación.
Arturo Peimbert Calvo, informó ayer en la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que lleva a cabo un procedimiento de investigación, a fin de recabar los elementos de prueba que permitan a ese organismo determinar las violaciones a por lo menos diez tipos de derechos humanos durante los enfrentamientos derivados del desalojo policial del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Hacienda Blanca, San Pablo Etla.
El Ombudsperson detalló que las violaciones afectan los derechos a la vida; a la integridad personal (relacionado con el respeto a la integridad física, psíquica y moral); a la integridad personal (relacionado con el derecho a no ser sometido a ningún tipo de tortura); a la integridad personal (relacionado con el derecho a no ser sometido a ningún tipo de penas crueles, inhumanas o degradantes; a la libertad); a la seguridad jurídica; a la salud; a la manifestación pública; a un desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes (Caso colonia 20 de Noviembre), y a no sufrir desaparición forzada. ¿Y los derechos humanos de los policías? ¡Éstos no importan!

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