Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó que se están cumpliendo 84 días, en los cuales han visto con gran preocupación, como las acciones emprendidas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han trastocado la vida cotidiana, el orden, la legalidad en diversas entidades del país, sobre todo en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
Dijo que su preocupación principal se centra en que dichas acciones, en algunos casos violentas, siempre que han estado afectando el estado de derecho, «no han tenido la debida atención a nuestro juicio por parte de las autoridades competentes para ello. Aquí incluimos el ámbito municipal, el ámbito de los estados y también el ámbito de la federación».
Indicó que al no aplicar la ley con puntualidad, han producido afectaciones para los ciudadanos y para los empresarios; por ello la Coparmex, con base en un acuerdo de su consejo directivo, determinó iniciar una vía legal.
«Lo que estamos buscando es que finalmente las autoridades apliquen la ley. Lo que hemos inculcado es una demanda de amparo, es una vía que está expedita en nuestro sistema jurídico, en esta demanda de amparo que se presentó antier ante el Poder Judicial de la Federación».
Subrayó que están señalando como autoridades responsables al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez; así como a los gobernadores de los estados que se han mencionado anteriormente.
Gustavo de Hoyos, apuntó que se les está reclamando la falta de atención puntual, concreta y eficiente, para evitar que se esté violando de manera sistemática el estado de derecho.
Explicó que con dicha acción, se pretende que no exista un solo bloqueo más a las carreteras, que no se vuelva a presentar de manera arbitraria, la interrupción de operaciones en algún aeropuerto, en los puertos, o que no se prive a los ciudadanos de que puedan hacer asociaciones públicas por algún bloqueo, que no se prive el servicio educativo.
Agregó que la demanda que se ha intentado, es para tutelar los derechos de las comunidades que se han visto afectadas por la inacción del gobierno.
En entrevista con «Fórmula Detrás de la Noticia», el presidente de la Coparmex reiteró, «nuestra petición concreta y puntual, es evitar que se trastoque el estado de derecho. El uso de la fuerza pública debe de ser solamente cuando no hay otra alternativa, pero si es necesario que el estado mexicano como titular del monopolio del uso de la fuerza pública legítima, de manera responsable y cuidando que no se vulneren derechos humanos y en algún caso tiene que hacer valer la ley, que así sea».
Declaró que la responsabilidad de gobernar, implica tener la templanza para tomar ese tipo de decisiones, tener la pericia para ejecutarlos de manera responsable. Subrayó que su petición es respetar el estado de derecho.
Agregó que cada afectación que han sufrido cualquier ciudadano, cualquier comerciante, el algunos lugares donde se llevan a cabo actividades de la CNTE, por sí mismas, constituyen una violación al estado de derecho y por ello consideran que ha pasado mucho tiempo, que la permisividad ha sido excesiva y la afectación que han sufrido los ciudadanos, los empresarios, ya es mayúscula.