En el último día de actividades de la VIII Mesa Redonda de Palenque, que se efectuó en esta ciudad chiapaneca, se hizo hincapié en la coordinación a gran escala que requiere la conservación de las 189 zonas arqueológicas abiertas al público en el país, en virtud de que son espacios rodeados de comunidades que mantienen un vínculo con ellas y que también demandan su disfrute y, en alguna medida, su usufructo.
A propósito, Aída Castilleja González, secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), abrió el debate en torno al patrimonio arqueológico y su entorno social, señalando las metas que la institución se ha fijado para la preservación de los sitios arqueológicos, de manera que puedan percibirse como lugares donde se conjugan pasado y presente.
Para el INAH, dijo, la política de gestión en las zonas arqueológicas requiere de un soporte académico y de investigación para consolidar las principales estrategias nacionales y regionales en la materia. En el área maya esto es una prioridad y un proceso complejo para la sustentabilidad de los sitios patrimoniales, pues en su territorio se dispersan 60 de los 189 sitios abiertos a la visita en todo el país.
“Lograr nuestros objetivos institucionales de gestión y protección de este patrimonio, requiere considerar una escala de política pública con una especificidad cultural, construyendo políticas regionales de conservación en concordancia con las políticas nacionales, y así lograr la construcción de prioridades en cuestión del contexto social y territorial específico”, expresó en la mesa en la que también participaron autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Turismo.
En ese sentido, abundó la antropóloga social, es importante la cooperación entre instituciones en el ámbito nacional y, principalmente, regional para desarrollar indicadores suficientes acotados a la realidad cultural y social, e instrumentos de gestión en materia de patrimonio arqueológico y políticas de manejo, dentro de un sistema operativo institucional específico.
El INAH ha buscado implementar una política hacia un trabajo responsable, tratando de involucrar a los tomadores de decisiones desde una perspectiva de gestión y protección, apegándose además a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concretamente en la incidencia de la cultura sobre el mismo.
El instituto trabaja en diversas estrategias de esta política cultural y cooperación internacional para alinear su gestión al contexto mundial, reiteró la secretaría técnica, Aída Castilleja, ejemplo de lo anterior han sido los esfuerzos para garantizar la accesibilidad a las zonas arqueológicas bajo su custodia.
Desde hace dos años, el INAH —a través de la Coordinación Nacional de Arqueología— instrumenta una estrategia para la accesibilidad e inclusión de las personas con alguna discapacidad a los sitios arqueológicos mediante una campaña titulada: “El pasado es de todos”, concretamente en sitios con declaratoria de la UNESCO de Patrimonio Mundial, como Monte Albán y Xochicalco.
Estas acciones se apegan, asimismo, a la demanda que el Estado mexicano tiene de garantizar el acceso a la cultura y ahora más en cumplimiento con la Ley de Derechos Culturales, a fin de superar las barreras de discriminación que sufren hombres y mujeres con alguna discapacidad.
Otra de las acciones enfocadas a la generación de conciencia pública, que aúna la importancia del patrimonio cultural con el desarrollo sostenible, es el programa “Jóvenes guardianes de Teotihuacan”, un ejemplo de cómo creando conciencia entre grupos de niños y jóvenes se puede generar una estrategia de alerta ante afectaciones al patrimonio cultural, derivadas de trabajos de construcción moderna en áreas que se sabe, están asentadas en lo que fueran antiguos espacios habitacionales.
En un ámbito más amplio, “el INAH gestionó satisfactoriamente la inclusión de nueve zonas arqueológicas en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial de la UNESCO, que busca amparar los sitios patrimoniales ante amenazas mayores, por ejemplo, derivadas de conflictos bélicos. Las zonas arqueológicas de Teotihuacan, Palenque, Monte Albán, Chichén Itzá, El Tajín, Uxmal, Paquimé, Xochicalco y Calakmul cuentan ya con las placas del Escudo Azul, que las identifica como parte de este registro.
