Un informe de Naciones Unidas revela un clima de creciente autocensura en el país más joven del mundo y pide que se escuche la voz de los sursudaneses para lograr una paz duradera.
Las restricciones excesivas a la libertad de opinión y expresión están teniendo un “efecto disuasorio” y “reduciendo el espacio para el debate y la disconformidad “en un Sudán del Sur desolado por la guerra, revela un informe de las Naciones Unidas.
Elaborado por la misión de la ONU en el país y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el informe también advierte que la incitación al odio continúa causando desconfianza, miedo y violencia en un clima de creciente autocensura en el país más joven del mundo.
“Se ha privado a la población de [Sudán del Sur] de su derecho a la vida, la justiciar y, según el informe, su libertad de opinión y expresión: los derechos no constituyen privilegios, pero resultan esenciales para alcanzar la paz y el desarrollo”, dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein en un comunicado de prensa.
En cinco años de constante conflicto en Sudán del Sur, más de cuatro millones de personas han sido desplazadas, pero se están tomando medidas a nivel internacional y local para acabar con la violencia.
“Resulta fundamental que se escuchen las voces de los sudsudaneses para que se pueda alcanzar una paz verdadera, inclusiva y sostenible”, indicó David Shearer, Representante Especial del Secretario General.
“Todas las partes del conflicto deben respetar la libertad de expresión independientemente de su etnia, creencias o ideología”, declaró.
“Los derechos no constituyen privilegios, pero resultan esenciales para alcanzar la paz y el desarrollo”
El informe identifica 60 incidentes verificados –entre los que se incluyen ejecuciones, arrestos, arbitrarios, detenciones, cierre, suspensión y censura de periódicos, y bloqueos de páginas web– en el periodo comprendido entre julio de 2016 y diciembre de 2017.
También se ha descubierto que las fuerzas de seguridad del Gobierno – como el Servicio de Seguridad Nacional, el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés y el Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur– son responsables de dos tercios de los casos.
No obstante, el informe indica que muchas de las víctimas no habían presentado denuncias por miedo a las represalias por parte de gente influyente o por la falta de confianza en las instituciones, como las fuerzas de la ley y el poder judicial.
Para abordar la situación, el documento insta a modificar la legislación para despenalizar la difamación y asegurar que el poder otorgado a las fuerzas de seguridad no interfiere en el ejercicio de la libertad de expresión.
También hace un llamamiento a las fuerzas armadas para que garanticen la protección de los periodistas, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y respeten su derecho a seguir de cerca e informar sobre el conflicto. Asimismo, insiste en que el Gobierno debe comprometerse a investigar y perseguir las violaciones a la libertad de expresión.
En el comunicado de prensa, la Oficina del Alto Comisionado también señala que las violaciones del informe incluyen solo las que han tenido lugar dentro del territorio controlado por el Gobierno y no aquellas que se han producido en las áreas bajo el dominio de la oposición, debido a la inseguridad y la falta de acceso.
