Está por demás visto y dicho, Oaxaca es tierra de brutales contrastes, caracterizados por la ignorancia y miseria. Pero también de grandes esperanzas de cambio para bien. Ambas realidades representan enormes retos para los oaxaqueños de hoy y de mañana.
A pesar de los múltiples y complejos desafíos éstos se sintetizan y solucionan, sin embargo, mediante el absoluto respeto al Estado de Derecho y a las leyes que de éste emanan. Es la única opción civilizada que tenemos los mexicanos para preservar la paz social.
Así ha sido demostrado a lo largo de la historia, durante la cual generaciones de ilustres oaxaqueños han contribuido a construir el país. Sin soberbia, pero sí con orgullo, es necesario recordar que México no sería lo que es sin el respeto irrestricto al imperio soberano de la Ley.
Es indudable que las leyes son perfectibles y más todavía cuando éstas son notoriamente injustas. Pero ese justa anhelo y hasta reclamo legítimo, lícito y válido, no justifica, de ninguna manera, pretender dinamitar las instituciones nacionales.
Entendible, jamás justificable que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exija el perfeccionamiento de la Reforma Educativa y contribuya a ello, pero jamás será aceptable que reclame su abrogación constitucional en busca de recuperar privilegios.
Y menos todavía que sea el pretexto injustificable para estallar una nueva revuelta en Oaxaca al reeditar el conflicto de 2006, diez años después, en un ensayo para intentar tomar por asalto el poder nacional en las elecciones presidenciales de 2018.
Está más que claro y documentado que la mano negra que mece la cuna de la violencia en Oaxaca es la de Manuel Andrés López Obrador (MALO) para lo cual utiliza su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en alianza con la CNTE.
Además, se han montado en el movimiento, desde luego, diversas organizaciones sociales radicales, cuyos dirigentes están vinculados a grupos armados y que desde siempre han hecho de la presión y el chantaje su modus operandi y vivendi.
Esta realidad, se ha agravado con los ocho muertos en el enfrentamiento de Nochixtlán en el que seguramente algunos fueron sacrificados por sus propios correligionarios para convertirles en mártires de la lucha revolucionaria y utilizarles para seguir presionando.
La luz al final del túnel de la violencia no es, pues, otra, que respetar y hacer respetar la Ley. No se trata de promover la represión, jamás, pero tampoco que continúen impunes las violaciones a la Ley, que duran ya tres largos meses.
Es en este contexto en el que se pone a prueba en México la vigencia del Estado de Derecho y las leyes que de este emanan ante las evidentes, públicas y notorias acciones subversivas de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca y otras entidades federativas.
Ante la inacción de los diversos órdenes de gobierno los habitantes afectados de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, han optado por el camino de respetar la Ley y exigir a las autoridades federales y estatales hacer respetar la Ley.
Si bien tienen el legítimo derecho a la defensa propia, para evitar enfrentamientos sangrientos con los trabajadores de la educación y activistas que les apoyan todavía confían en el Poder Judicial de la Federación y en particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al ser garantes de la Constitución General de la República los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación están obligados a tomar cartas en la violación de los derechos humanos de millones de mexicanos y a exigir a las autoridades su respeto.
Por tal motivo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso un amparo contra la falta de acción del Gobierno Federal y de las autoridades estatales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero para frenar los bloqueos de la CNTE.
Con justa razón, el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, dio entrada al trámite del amparo que presentó la Coparmex por la presunta falta de ejercicio de la ley frente a las movilizaciones magisteriales.
Gustavo de Hoyos Walther, informó que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación admitió la primera demanda para llamar a declarar a funcionarios de los tres niveles de Gobierno, ante la negativa de atender el problema de CNTE en varios estados de la República.
El presidente nacional de la Coparmex aseguró que el Tribunal ya les notificó que llamará a los funcionarios públicos, quienes se han actuado de manera indiferentes ante el conflicto magisterial, entre ellos el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A la fecha, la Confederación Patronal de la República Mexicana ha interpuesto Juicios de amparo en la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, y así lo seguirán haciendo en los demás estados donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ante las demandas presentadas, Gustavo de Hoyos confía que el problema magisterial pueda solucionarse, pues ya son más de 85 días de plantón que ha provocado afectaciones a miles de comercios y que en algunos cientos de casos se han visto en la necesidad de cerrar.
El líder empresarial aclaró que las demandas no tienen la intención de estar en contra del Gobierno, sino de generar las condiciones de paz, sobre todo de libre tránsito, y se garantice la tranquilidad en las entidades afectadas, a través de la aplicación del Estado de Derecho.
Acompañado del dirigente estatal de la Coparmex, Benjamín Hernández Gutiérrez, el líder nacional de ese organismo reconoció el esfuerzo que representan las mesas de diálogo del Gobierno Federal con la CNTE, aunque aclaró no han brindado la solución al problema.
Sobre la amenaza de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) de presentar la declaración anual en ceros ante la Secretaría de Hacienda, Gustavo de Hoyos afirmó que la Coparmex no ha realizado ningún llamado a violar la ley ni caerá en ninguna irregularidad.
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