• Las y los jóvenes acusados de algún delito, son personas en desarrollo, deben ser juzgados de manera diferente a un adulto, atendiendo al interés superior del niño y a la perspectiva de infancia.
Para entender el fenómeno de las y los adolescentes en conflicto con la ley, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan, ya que situaciones de exclusión, pobreza, desintegración familiar y desigualdad propician caer en conductas delictivas o en manos de la delincuencia organizada, así lo dijo en entrevista la magistrada Maribel Mendoza Flores, integrante de la Primera Sala Penal y Especializada para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Derivado de lo anterior, Mendoza Flores, expuso que las y los jóvenes acusados de algún delito, son personas en desarrollo, de ahí que tengan necesidades específicas y por esa razón deben ser juzgados de manera diferente a un adulto, atendiendo al interés superior del niño y a la perspectiva de infancia, por ello es que tienen derecho a tener una justicia especializada, que no sólo se traduce en el conocimiento de los operadores en la materia, sino que es una cuestión de sensibilidad en el trato.
La magistrada integrante de la Primera Sala Penal, señaló que en el año 2005, se realizó la reforma más importante al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo por primera vez un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los derechos del niño, denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Indicó, que a consecuencia de dicha reforma, en el año 2007 Oaxaca se convirtió en la primera entidad del país que transformó el Sistema de Justicia para Adolescentes al implementar un modelo integral, acusatorio y oral.
De igual forma, explicó que el año 2015, se realizó otra modificación constitucional que determinó que personas menores de doce años que cometan hechos con características de delito sólo serán sujetas de asistencia social y comentó que en junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es la que actualmente nos rige.
Aclaró, que el hecho de que las y los adolescentes no puedan ser juzgados como adultos no es sinónimo de impunidad, “un proceso penal permite que las personas inculpadas sean investigadas y enjuiciadas bajo las reglas de un debido proceso, y eso para nada incide en que se favorezca más al imputado que a la víctima, pues con este procedimiento penal de corte acusatorio, ambas partes cuentan con mecanismos para hacer valer sus derechos”, manifestó.
Por otra parte, apuntó que a diferencia de un adulto, las y los jóvenes procesados por algún delito, no reciben condena, se les imponen medidas sancionadoras, que pueden ir de uno a cinco años dependiendo del delito cometido, dentro de estas medidas se contempla la privación de la libertad, medidas de orientación, protección y tratamiento según lo amerite cada caso.
La también Doctora en Derecho, declaró que en el caso de las y los adolescentes, la justicia restaurativa es significativa, puesto que permite acuerdos reparatorios y la suspensión condicional de la o el procesado, además que son sensibilizados acerca de los hechos que realizaron en perjuicio de la víctima, siempre bajo la intención de la no repetición del suceso.
En el caso de Oaxaca, informó que en las regiones de la Cuenca, Costa, Istmo y Mixteca los adolescentes comenten más delitos de índole sexual, seguidos de homicidios, secuestros y robos violentos, este último con mayor incidencia en la capital del estado.
Para finalizar, la magistrada Maribel Mendoza Flores, afirmó que para lograr la reinserción total de las y los adolescentes que por la comisión de algún delito enfrentan o estuvieron involucrados en un proceso penal, demanda la sensibilidad, apoyo y acompañamiento no solo de las instituciones oficiales, sino también de la sociedad.