TIJUANA. En medio de un ambiente de confrontación política entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el PRI recuperó el poder en los cinco municipios de Baja California, luego de una hegemonía panista de 21 años.
Desde el inicio de la actual Legislatura, el 30 de septiembre, el PRI intentó imponer su mayoría de votos con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso local, mediante la creación de varias figuras administrativas, mismas que fueron vetadas por el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.
El jaloneo llegó al tope cuando el mandatario ordenó el uso de la fuerza pública para desalojar a varios funcionarios de reciente designación por los priístas. Los diputados del PRI, respaldados por PT, PVEM y el local PEBC, aprobaron un acuerdo sobre la reducción a tasa cero del cobro de la tenencia vehicular en el estado.
Osuna Millán también hizo uso de su facultad de veto para estas modificaciones al argumentar que el estado perdería más de 500 millones de pesos que serían utilizados para obras de infraestructura urbana, vialidades y canchas deportivas.
En cambio, propuso que continúe el gravamen vehicular a las unidades con valor superior a 250 mil pesos; “que paguen los que más tienen”.
El único diputado del PRD, Francisco Javier Sánchez Corona, advirtió un riesgo de parálisis política si continúa la confrontación entre la bancada priísta —que cuenta con 13 de 25 curules— y el gobierno del estado.
Legisladores del tricolor estiman que el gobernador estaba acostumbrado a que el Congreso local fuera una extensión del Ejecutivo y ahora se resiste a asimilar la existencia de una verdadera división de poderes.
La diputada y presidenta del Congreso, Nancy Sánchez Arredondo, aseguró que las recientes reuniones que han sostenido con el gobernador Osuna se han realizado en un clima de civilidad y tolerancia, aunque “pareciera que los acuerdos no existieron” al concluir las reuniones.
Felipe Ruanova Zárate, crítico del PRI y autor de dos libros dedicados a la corrupción dentro de los gobiernos panistas, menciona que los nuevos alcaldes deben asentarse en su sitio, dar tiempo para que la sociedad pueda observar el tipo de relación que sostendrán con el gobernador panista.
Agencia El Universal