Alemania quiere evitar a toda costa casos como el del refugiado sirio del que se propagaron infinidad de calumnias por las redes sociales y cuyo único delito había sido hacerse un selfie con la canciller Angela Merkel. O el de la diputada de Los Verdes que sufrió una campaña de desprestigio por unas declaraciones que jamás pronunció. Para poner coto a un fenómeno cada vez más preocupante –y especialmente en año electoral-, Berlín se prepara a castigar a redes sociales y propagadores de odio donde más duele : en el bolsillo -según nota del EL PAÍS-.
El Ministerio de Justicia presentó el martes un proyecto de ley que incluye multas de hasta 50 millones de euros a Facebook, Twitter u otras compañías que no se las apañan para eliminar o bloquear rápidamente mensajes cargados de odio o noticias manifiestamente falsas. Las personas responsables de propagar o de no atajar estos mensajes racistas, xenófobos o instigadores del desprecio también podrán verse obligados a pagar una multa de hasta cinco millones de euros. La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde lograr el visto bueno del Parlamento.
Hace tiempo que Alemania debate sobre cómo abordar un fenómeno cada vez más preocupante. El país entero debatió con fruición el caso de Anas Modamani, un joven sirio que llevó a Facebook a los tribunales por su tardanza en eliminar mensajes que, aprovechando la repentina popularidad que le había conferido una fotografía con Merkel, le acusaban sin ningún fundamente de haber participado en ataques yihadistas. Pero la Audiencia de Würzburgo, ciudad al sur del país, rechazó la demanda con el argumento de que no era responsabilidad de Facebook rastrear los mensajes que pudieran ser ofensivos y eliminarlos. Un argumenteo contra el que ahora arremete el propio Gobierno.
ZUCKERBERG Y MERKEL, DOS VIEJOS CONOCIDOS
Es una pelea ya vieja. Pero el Gobierno alemán se está impacientando por la falta de resultados visibles. El debate sobre la actitud de Facebook ante los comentarios racistas u ofensivos ya fue tratado en septiembre de 2015 por la canciller Angela Merkel y el fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckeberg.
Los dos compartían mesa en una reunión de la ONU en Nueva York. Y un micrófono de Bloomberg captó parte de la conversación. “¿Estás trabajando en esto?”, le preguntaba en inglés la líder alemana. “Sí”, se limitaba a responder el treintañero millonario. La conversación podría haberse repetido exactamente igual ahora mismo, año y medio después.
Ahora el Gobierno responde con una iniciativa que, de salir adelante, se convertiría en la más dura en cuanto a protección de la privacidad y del derecho al honor frente a gigantes de las telecomunicaciones. “Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos. Y no se hace lo suficientemente rápido”, aseguró el ministro Maas en la presentación de su iniciativa. El Gobierno pretende obligar a estas empresas a que borren los contenidos “claramente delictivos” en 24 horas, como por ejemplo un mensaje que negara el Holocausto o incitara al odio entre razas. Este plazo se alargaría a siete días en otros casos no tan evidentes.
La iniciativa del Gobierno llega en un momento especialmente caliente. La proximidad de las elecciones –previstas para septiembre- ha incrementado los temores a que una mezcla de noticias falsas y un clima de odio y crispación favorezca a los populistas antiinmigración de Alternativa para Alemania (AfD), siguiendo el patrón que marcó Estados Unidos. Allí se sospecha que informaciones presentadas como verídicas –como un supuesto apoyo del Papa Francisco al entonces candidato Donald Trump o crímenes nunca cometidos atribuidos al entorno de la demócrata Hillary Clinton- contribuyeron a asegurar la victoria del republicano.
Ante la creciente intranquilidad que detectaba en Alemania, Facebook anunció el pasado mes de enero que pensaba estrenar en este país un filtro de noticias con el que señalar noticias sospechosas y comprobar su veracidad. El ministro Maas, que espera que la norma entre en vigor antes del fin de la legislatura, ha dejado claro que no está satisfecho con los pasos datos hasta ahora por la empresa fundada por Marck Zuckerberg.
El ministro aportó algunos datos: según una encuesta reciente encargada por el Gobierno, Twitter solo borró el 1% del contenido denunciado; en el caso de Facebook el porcentaje subía hasta el 39%, un porcentaje inferior al 46% registrado el año anterior. En el otro extremo de la balanza, está Google, que se sitúa como el alumno aventajado. Su portal de vídeos, Youtube, eliminó el 90% de los contenidos denunciados por los usuarios.
Facebook, respondiendo a preguntas del Spiegel online, dijo sentirse “muy decepcionado” por los resultados de este estudio. La empresa estadounidense dijo tener la intención de mejorar su sistema de revisión de contenidos, para lo que a finales de este año dispondrán de 700 empleados que revisarán en Berlín los contenidos denunciados.
