Las organizaciones ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México pidieron al Banco de España investigar los vínculos entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la promotora inmobiliaria y turística Hansa Urbana, implicada en varios proyectos turísticos de dudosa legalidad y elevado impacto ambiental en España y México y demandaron que la entrada de fondos públicos para sanear la caja, suponga el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente.
En una carta enviada hoy al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad y a la embajada de España en México, las organiaciones señalan que la CAM posee 30 por ciento del capital de Hansa y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa.
En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Cartagho, en Murcia (hoy paralizado). Según las estimaciones publicadas por varios medios de comunicación, las líneas de crédito de Hansa Urbana con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros.
Muy probablemente, Hansa Urbana es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el límite de espacios protegidos. Debido al desplome de la “burbuja” inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados.
“Los excesos urbanísticos impulsados por Hansa Urbana en diversos puntos de la costa mediterránea española, con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria. La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos”, señaló Pedro García, de ANSE.
Hansa y la CAM en México
La expansión de Hansa Urbana en México comenzó en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3,850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el megaproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés ubicado en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, debido a su incalculable valor ecológico.
Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta además con campos de golf, puerto deportivo, aeropuerto privado, etc, que provocarían daños irreversibles al ecosistema.
Comunidades de la zona, organizaciones ecologistas, académicos, etc., han expresado reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado en espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente.
“Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto”, afirmó Agustín Bravo, de CEMDA.
Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a las “aventuras” de Hansa Urbana en México y sabe del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos. Sin embargo, su directora general, María Dolores Amorós, ha afirmado que se trata de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la caja “estará vigilante para que ello siga siendo así”.
“Greenpeace, Ecologistas, CEMDA, ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así; el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente”, señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.
“Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés”, afirmó Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.
Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM las organizaciones reclaman que se investiguen hasta el fin estas inversiones y proyectos y que se ponga fin a la irresponsable gestión en esta materia que hasta el momento han llevado a cabo los equipos directivos de la CAM. Dado que el Banco de España se ha visto obligado a intervenir la Caja y a inyectar fondos públicos en sus balances, actualmente es la entidad mejor situada para asumir esta responsabilidad.
