De acuerdo con cifras del organismo, de 2008 a 2011, México pasó de tener 564 casos de tortura denunciados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones de funcionarios federales, a mil 669 denuncias, situación que se agravó a raíz de la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado.
En entrevista con el periodista Primitivo Olvera, Daniel Zapico coordinador de campañas de Amnistía Internacional en México, considera que es probable que el número de casos sea mayor, ya que «estamos hablando de cifras que se refieren a funcionarios federales, no estatales o municipales».
El coordinador de Amnistía en México apuntó que el aumento en el número de este tipo de denuncias ha crecido debido a la lucha que realiza el gobierno federal contra el crimen organizado, donde las dependencias contra las que aparecen más quejas son el Ejército y la Marina, «vinculadas muchas veces al uso del arraigo».
«La estrategia de seguridad que se ha lanzado en los últimos años, no tuvo en cuenta, en ningún momento, las posibles violaciones a los derechos humanos. Y cuando estas violaciones se han denunciado, las autoridades han hecho oídos sordos», dijo Zapico.
Prueba de ello, añadió Daniel, es la Ley de Víctimas, vetada por el Ejecutivo Federal luego de haber sido aprobada por el Poder Legislativo, para no dejar a las víctimas desamparadas.
Ante este panorama, Amnistía Internacional, hace un llamado al gobierno federal y a la próxima administración, que encabezará Enrique Peña Nieto, «pidiéndole que cumpla uno de sus compromisos durante las elecciones que es tomar medidas concretas para poner fin a la tortura».
Además que se cumpla con las obligaciones, adquiridas al firmar diferentes tratados, para poner fin a esta práctica.
La diferencia entre tortura y malos tratos, explicó Daniel Zapico, recae en «el grado de dolor o injerencia en el cuerpo de la víctima». Agregó que en el Protocolo de Estambul se establecen las bases que permiten identificar cuando se trata de casos de tortura.
Sin embargo, «En México esta norma se aplica, a veces, para intentar ocultar que se dan casos de tortura», ya que, al hacer uso de las normas internacionales para identificar los casos de tortura. «Le dicen (a las víctimas): para poder demostrar que has sido víctima de tortura, tenemos que hacerte una serie de pruebas que vienen establecidas en el Protocolo de Estambul, pero que pueden ser pruebas muy dolorosas e invasivas», acusó Zapico.
Con esta práctica, el instrumento que tiene como fin identificar los casos de tortura y luchar contra ella, «se convierte en un instrumento contra la víctima»; agregó.
En torno a la respuesta del gobierno mexicano, en torno al compromiso para luchar contra la tortura, Daniel Zapico la calificó como «pobre y lamentable», ya que se trata de una situación que se ha estado denunciando durante varios años.
El coordinador de Amnistía en México considera que el documento enviado por el Ejecutivo Federal no habla de las víctimas y sólo señala que se hace lo posible para cumplir con las obligaciones internacionales.
«México es un país donde el gobierno especialista en anunciar medidas, en anunciar planes, en anunciar programas, en anunciar leyes que nunca se concretan en nada; y como nunca se concretan, tenemos en México un país con muchas leyes pero sin justicia para las víctimas», señaló Daniel Zapico.
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