Ciudad de México.- Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron este martes por invalidar la reforma a la Constitución de Baja California, que protege la vida desde la concepción y otorga al no nacido todos los derecho de una persona, por ser contraria al pacto constitucional federal.
Los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero se pronunciaron a favor del proyecto de su colega Fernando Franco, pero plantearon consideraciones distintas para expulsar la reforma impugnada del sistema jurídico.
Los dos primeros, incluso, expresaron fuertes críticas al proyecto de Franco, particularmente en las consideraciones sobre acerca de que el no nacido no puede considerarse como persona jurídica, pues, según explicó Valls, la Carta Magna no precisa quién posee ese carácter y quién no.
Para Cossío, el debate sobre la reforma de Baja California debe centrarse en si el Congreso local puede formular una norma como derecho absoluto, en este caso el derecho a la vida, anulando con ello el derecho de las mujeres o de los matrimonios a decidir el número y espaciamiento de los hijos que desean tener, previsto por el artículo 4º. constitucional.
La reforma cancela toda posibilidad de diálogo entre el bien jurídico tutelado y el derecho de las mujeres, es una exclusión absoluta, que el legislador local no puede establecer.
Sergio Valls, en la misma postura, sostuvo que la reforma es inconstitucional porque la Carta magna no protege la vida desde la concepción, sin que ello signifique que el no nacido no tenga derechos, sino que es un bien jurídicamente tutelado.
Los derechos humanos no son absolutos, ninguno tiene mayor valor que el otro, y no es admisible que en un estado democrático se pretenda, desde la constitución política de una entidad federativa, generar o constreñir decisiones de este tipo, o de cualquier otro, porque corresponden al legislador ordinario.
«Ello rompe con el Estado constitucional y democrático», sostuvo.
Olga Sánchez Cordero manifestó que el derecho a la vida, tal como se plantea en la reforma de Baja California, inhibe el ejercicio de otros, atenta contra el sistema constitucional de derechos humanos y la supremacía constitucional.
El derecho a la vida es el presupuesto básico para el ejercicio de todos los demás derechos, por lo que, en todo caso, el congreso de Baja California habría tenido que armonizar su reforma con los demás derechos y dotarlos de contenido, dijo.
Hasta ahora, con argumentos distintos, cinco de los 11 ministros se han pronunciado por invalidar la reforma, pero para ello son necesarios 8 votos. El ministro Salvador Aguirre se pronunció por su constitucionalidad y su colega Guillermo Ortiz inició su argumentación en el mismo sentido.
Agencia El Universal