México.- En los libreros blancos dispuestos de piso a techo en las dos plantas donde se instala la librería del Centro Cultural Elena Garro, ya hay cartelitos negros y blancos que señalan el espacio que ocuparán los libros de Literatura, Filosofía y Género, sobre todo de esta última, pues es una librería especializada en estudios de género.
Ya están las mesas y los estantes -aunque aún permanecen cubiertos con plástico-; ya está el piso de madera y la elegante escalera que conecta al primer piso con el segundo. Ya está la pared principal de cristal y la terraza de ladrillo rojo que remata la fachada original de la casona que fue construida a mediados del siglo XX. Lo que falta es ponerle punto final a un litigio de más de dos años, que interpusieron vecinos contra la instalación de ese espacio cultural en el número 43 de Fernández Leal, en el barrio de La Conchita.
Desde el 10 de diciembre de 2009, cuando enviaron la primera carta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) con firmas de los vecinos contra del proyecto de edificación, el recinto -que contará con cafetería, salón de usos múltiples, oficinas y un estacionamiento con 20 cajones- ha vivido entre la polémica y la oposición de los vecinos que han argumentado varias irregularidades.
La historia de ese recinto, que costará 120 millones de pesos y que inició por disposición de Felipe Calderón, quien al conocer el Centro Cultural Gabriel García en Colombia quiso tener uno igual en México y entonces la que iba a ser una librería en Coyoacán se convirtió en un centro cultural, no ha sido fácil.
La obra fue clausurada por la delegación Coyoacán en dos ocasiones: del 23 de septiembre al 26 de octubre de 2010 por no contar con las condiciones de seguridad; y, del 24 de enero a los primeros días de marzo de 2011 por irregularidades con Setravi. A esos contratiempos se suma que el pasado 21 de junio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal emitió una sentencia “definitiva”, dicen los vecinos y su abogado, en la que determinan que el predio debe regresar a su uso de suelo original, que era habitacional.
Los vecinos encabezados por Jorge Martínez Stack y en cuyo grupo también están Rodolfo Vergara Ortega, Erika del Carmen Vite Alcocer, Victoria Eugenia Gil Robles, William Patrick Gavigan Wilkes, Martine Mathon Glombik y Eduardo Márquez Mercado, han solicitado la demolición del inmueble; el Conaculta, a través de Héctor Chávez, director de la Red de Librerías Educal, indica que no es una sentencia definitiva, sino sólo de un problema de uso de suelo y no tendría por qué demolerse el recinto con el diseño arquitectónico de Fernanda Canales y Saidee Springall del Villar.
El argumento del Conaculta para seguir con la obra a pesar de la sentencia, es que es mejor terminarla y no dejarla inconclusa, tarea que realizan mientras avanzan las gestiones jurídicas que los sustenten en la legalidad para inaugurar el espacio en septiembre, como está planeado.
Héctor Chávez dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que el Conaculta va a acatar al 100% lo que disponga la ley.
“Los abogados están analizando la resolución y tenemos la obligación, como funcionarios públicos, de que si afecta los intereses del gobierno federal, salir en defensa hasta donde la ley lo permita; una vez que haya una sentencia definitiva la vamos a acatar si no es favorable a nosotros, pero también le pedimos a los vecinos que la acaten sino es favorable a ellos”.
Conaculta no asume la sentencia como definitiva ni tampoco una resolución que los obligue a demoler. “Lo que está en cuestión es el uso de suelo, el uso del espacio; eso no quiere decir que la obra no se termine de hacer o que tenga que tumbarse, eso es absolutamente equivocado. Habrá una sentencia definitiva y seremos absolutamente respetuosos de lo que resuelva la autoridad competente”, dijo.
Sin embargo, el camino aún es largo. Según los tiempos jurídicos, tras la sentencia emitida el pasado 21 de junio, que para el abogado es definitiva pues dio respuesta a la petición enviada por el 12 Tribunal Colegiado cuatro semanas antes para que resolviera el asunto, ahora el Conaculta y Seduvi, que ya fueron notificadas la semana pasada, tienen 15 días hábiles para ejecutar la sentencia. Eso significa que entre el 1 y 3 de agosto, las dos instituciones que tienen injerencia en el juicio deberán cumplirla y acatarla.
A la espera de la ejecución
Dentro y fuera del Centro Cultural Elena Garro se mueve mucha gente, trabajadores que construyen la rampa de acceso al inmueble que dispondrá de tres puertas de bronce -que no estaban en el proyecto original- y albañiles que laboran en el salón de usos múltiples. En el interior mucha gente se mueve entre cajas, plafones, lámparas y escobas; hay cables que todavía salen del techo en espera del detalle final.
Los vecinos cuestionan que la obra continúe a pesar de la sentencia. A su abogado, Benjamín Salinas, no le preocupa que la obra no pare, dice que así sea en 20 días, un mes, dos meses o más, el Conaculta tendrá que aceptar que la sentencia en su contra ha sido definitiva y que no podrán poner en operación el centro porque requiere autorización de la delegación Coyoacán.
Ante la pregunta de si en este periodo el Conaculta podría aprovechar para poner en operación el recinto, el abogado Benjamín Salinas, en entrevista vía telefónica, dijo que no, que es muy complicado que abran porque necesitan la autorización de la delegación.
“Si la delegación les da la autorización entonces sí estaría incurriendo en una falta mayor; o sea, ya no estamos hablando de una falta administrativa, de una falta a un reglamento, no; estaríamos hablando de una falta en términos penales, serían dos delitos: uno por ejercicio indebido de la función pública y el otro por incumplimiento de resoluciones judiciales”, dijo el abogado de los vecinos.
Y es que la delegación ya tiene la copia certificada de la sentencia y estaría, con esto, en facultades de ejecutar la resolución; EL UNIVERSAL solicitó entrevista con Roberto Salazar Lazo, director jurídico y de gobierno de la demarcación, pero no obtuvo respuesta, como tampoco la obtuvo de Jonathan Mastacero Magadan, director general de asuntos jurídicos de Seduvi.
Jorge Martínez Stack, coordinador del Comité Ciudadano Barrio La Concepción, confirmó lo dicho por el abogado y agregó que “es una irresponsabilidad de la gente de Conaculta, no obstante que han sido notificados, siguen la obra y siguen metiendo dinero, si sigue así vamos a tener otro monumento a la estulticia como es la Estela de Luz”.
Con todo, la edificación continua su curso. Mientras afuera hay mantas que reprueban la construcción, Héctor Chávez dijo que en un mes concluirán la obra, que los dos primeros bloques, el holl y la casona, están terminados 100% y que los trabajos en el tercer bloque tienen un avance de 93%. Todos a la espera de que se resuelva el litigio.
Agencia El Universal
