Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicó que en los casos de la desaparición y muerte de estudiantes tanto en Ayotzinapa, como el hallazgo este fin de semana de fosas clandestinas en Iguala, se está ante delitos que se pueden considerar violación a los derechos humanos de lesa humanidad.
«La ejecución extrajudicial de estos jóvenes, la desaparición forzada también de los estudiantes que continúan sin aparecer, el atentado en contra de las personas y particularmente también el tema de graves omisiones en materia de seguridad pública, que propiciaron un ambiente de descomposición en el propio estado, específicamente en la ciudad de Iguala, Guerrero».
Por lo anterior, determinó por tercera ocasión ejercer la facultad prevista en la Constitución para investigar violaciones graves a los derechos humanos en el estado de Guerrero.
Precisó que desde el pasado 27 de septiembre se tiene presencia de la Comisión Nacional, en Iguala, Guerrero, recorriendo el estado y llevando a cabo 233 diligencias, además se continuará con la investigación para que en su momento se pueda emitir un pronunciamiento que permita dejar en claro que ese tipo de violaciones graves que puedan cometerse en contra de un ser humano, no tienen ninguna justificación, «y el estado es el primer obligado a prevenirlas y evitarlas».
En entrevista con el espacio de «En los Tiempos de la Radio», Plascencia Villanueva recordó que desde el pasado 17 de diciembre en el informe sobre los grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública, en el estado de Guerrero, expresamente se señaló la preocupación de la CNDH por la situación tan delicada y sensible que enfrentaba el estado.
«No solamente por el número de delitos que diariamente se cometen, sino también por la violencia y sobre todo por la convivencia de múltiples servidores públicos con delincuentes, que ha ido propiciando un ambiente de descomposición».
Subrayó que existe un sinnúmero de casos de homicidios, de secuestros, extorsión, en un ambiente en donde la justicia no alcanza a llegar a la sociedad, la cual permanece inerte e indefensa ante delincuentes, como se ha demostrado por los 22 policías detenidos y muchos más servidores públicos que tendrán que ser procesados si están vinculados con la delincuencia organizada.
El titular de la CNDH precisó que se llevan a cabo 233 diligencias, entre entrevistas con víctimas, testigos, servidores públicos, además se está brindado atención psicológica a los familiares de las víctimas, a las víctimas mismas, por lo que se está muy pendiente de que se les otorgue el apoyo y la atención médica que corresponde para que las personas que quedaron heridas o sufrieron heridas, puedan recibir la atención médica correspondiente.
Dijo que estarán investigando para que a la brevedad puedan tener un pronunciamiento y destacar las graves omisiones y las responsabilidades a quien corresponda. Apuntó que se está ante un tema en donde hay coparticipación entre delincuentes y servidores públicos en la comisión de diversos delitos.
INF./GRUPO FÓRMULA
