En repetidas ocasiones el tema de la asociación del adversario con el narco ha sido utilizado con propósitos político-electorales. Eso ha sido un error político. El recurso se ha desgastado, pero lo peor es que distrae la atención respecto a los indudables riesgos que se ceñirían sobre la nación si durante las próximas elecciones ocurre un acto de violencia contra alguno de los candidatos a presidente o si se termina demostrando que el dinero criminal financió alguna de sus campañas. La partidización del tema es suicida; la previsión es urgente y necesaria.

El riesgo de que alguna organización criminal llegara a atentar contra un candidato existe. La experiencia de las elecciones colombianas de 1989 (donde fueron asesinados varios de sus candidatos) puede ser un caso extremo pero frente al cual no se pueden cerrar los ojos. Aquí, por lo pronto, ya han ocurrido asesinatos de alcaldes y del candidato a gobernador de Tamaulipas. Tan sólo en los últimos días han sido asesinados en extraña coincidencia varios militantes del movimiento en favor de la paz que encabeza Javier Sicilia. Frente a estos riesgos y a la violencia que ha ocurrido en estos años, debieran tomarse muy pronto decisiones responsables que dejen atrás las acusaciones que buscan impactar a la opinión pública y al electorado y que no vayan acompañadas de acciones jurídicas consecuentes, imparciales e incuestionables.

El otro riesgo es que el dinero del narco entre a la tesorería de alguna de las campañas presidenciales. Por una parte, si el equipo de un candidato recibe dinero de una organización criminal pondría en riesgo a su candidato, pues otras organizaciones leerían en esa acción que habría un trato privilegiado a la parte de la que se hubiera recibido el apoyo. Por ese sólo hecho aumentaría el temor e interés de las otras organizaciones para actuar en su contra. Por la otra parte, si un candidato presidencial ganara la elección con esos apoyos, el siguiente presidente quedaría totalmente desprestigiado ante los ciudadanos y el mundo entero. Por ello es del mayor interés de todos los candidatos que competirán en las elecciones de 2012 que ese tipo de dinero no vaya a llegar a sus campañas. Todos saben de las consecuencias y los riesgos que ello tendría para sus proyectos políticos y su propia seguridad.

¿Si existen riesgos tan graves, qué sentido tiene la partidización del problema cuando lo que urge es hacer algo serio para aminorarlos? ¿Cómo cambiar la ruta actual del desgaste y la inacción? Primero, estableciendo un conducto de comunicación al más alto nivel para tratar estos temas con la debida discreción y mesura. Si no hay comunicación todo será mal interpretado. Si hay algún caso serio por lo cual se tuviera que actuar, habría que hacer saber la información —con las debidas reservas— para no dar lugar a algún equívoco. Segundo, habría que pensar en campañas que aminoren los riesgos de seguridad. No tiene sentido exponer de más a los candidatos. Sin ostentosos aparatos de seguridad, eso se puede lograr con una mayor presencia en los medios y con debates en los más diversos espacios sociales e informativos.

Tercero, hay que establecer una auditoría externa que sólo reporte a cada candidato para proteger las finanzas de su campaña. Con el consentimiento de cada candidato, se podría establecer un seguimiento especial de la más alta calidad profesional que blinde su campaña y sirva de prueba plena ante cualquier cuestionamiento en el futuro.
Las tres acciones —comunicación al más alto nivel, diseño de campañas para reducir riesgos de seguridad para los candidatos y blindaje de sus finanzas— nada tienen que ver con lo que hoy está ocurriendo. Hay que cerrar por completo el camino de la partidización y las acusaciones mutuas para dar entrada a acciones discretas, serias y responsables que protejan a los candidatos y faciliten la mayor participación de los ciudadanos. Eso es lo mejor para todos (gobierno, candidatos y ciudadanos).