Como en las peores dictaduras, la instancia de gobierno que tiene a su cargo la seguridad pública se vuelve en contra de la ciudadanía, se utiliza por el gobierno para aterrorizar y someter a quienes no piensen igual que el tirano y por supuesto criminalizando la pobreza y la disidencia. El Estado de Derecho se rompe y consecuentemente los abusos se traducen en violación de derechos humanos.

Se acabó con la misma estridencia que como según el gobernador de Oaxaca Gabino Cue Monteagudo comenzó el “histórico” y sin precedentes “Año de los Derechos Humanos”.

La falta de conocimiento teórico conceptual del Derecho ha ocasionado que los asesores del ejecutivo, impliquen la categoría universal de derechos humanos al pichicato rubro de la acción policiaca frente a la ciudadanía, que si bien está implicado, no es ni por mucho, el único que debe garantizar el Estado, como los derechos de seguridad personal, los políticos, de certeza jurídica, los sociales y económicos; los que contienen, por cierto, los derechos de autodeterminación económica, que comprende la libertad de la actividad económica general, la libertad de elección de profesión económica, la libertad de competencia, la libre disposición sobre la propiedad y la libertad de contrato.

Lo derechos humanos se traducen necesariamente en libertades y se encuentran estrechamente relacionados con la evolución de la humanidad, por lo que se reconocen derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta generación. Su tipificación en los Estados del mundo es la consecuencia de las necesidades fundamentales que demanda su población.

Seguramente quien le sopla al oído al gobernador Cué, no sabe ni en qué generación se desarrollan los derechos económicos que ahora son flagrantemente violados a la población oaxaqueña y a aquellas personas que transitan por nuestro Estado en vehículos que tengan placas de otra entidad de la república.

Lo que es obvio, es la falta de coordinación entre los procesos legislativos y sus discursos que suenan a demagogia, cuando el ejecutivo -quien manda las iniciativas de las correspondientes reformas constitucionales-, en la realidad práctica ordena o, por lo menos, permite y tolera que sus funcionarios irrumpan descaradamente, violando los derechos humanos fundamentales.

Hace muy pocos días, mientras en el Congreso del Estado se aprobaba con bombos y fanfarreas por unanimidad la nueva Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, como una ley de avanzada y marco jurídico “para que nunca más sea un organismo que legitime la impunidad y las violaciones a los derechos humanos”, por otra parte, desde la Secretaría de Seguridad Publica, su titular Marco Tulio López Escamilla, anunciaba y ejecutaba los primeros retenes para detener los vehículos que porten placas expedidas en otros estados.

A decir de él, cometen un acto antiético, que raya en la evasión fiscal y que debe ser sancionado con la ley. El secretario actúa evidentemente fuera del marco legal, utiliza un lenguaje ambiguo y amenazador que no corresponde al “gobierno democrático por la paz y el progreso”.

Habráse visto incompetencia tal, ignorancia y abuso de poder, ¿quién se cree este señor? Anuncia que exhibirá a evasores fiscales, que los detendrá y sancionará, todo eso sin ninguna competencia legal; no es policía fiscal ni tiene funciones de administrador y, sin duda, no tiene atribuciones de ministerio público; en todo caso parece guarura prepotente y patán de cualquier seudo dictador.

Desde luego no es la primera vez que el secretario López Escamilla, ex empleado de los mandos policiacos federales, actúa con el cinismo que lo caracteriza. En octubre del año pasado, fue llamado a comparecer ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y Transporte de la Cámara de Diputados, quienes le cuestionaron por los operativos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado por el uso excesivo de fuerza, exhibiendo un video que lo probaba.

Ante la acusación, el secretario insolentemente contestó que el actúa conforme a la ley, toda vez que los operativos están sustentados en la normatividad que el Congreso del Estado aprobó, los cuales son de orden público y de observancia obligatoria para aquellos que infrinjan las normas. Vaya respuesta incongruente y fuera de tono, haciendo gala de su desconocimiento de la ley.

Marco Tulio López Escamilla, hombre descocado y con visión torcida del Derecho, autoritario y sin escrúpulos, no puede ni exhibir ni detener ni sancionar a quien ejerce libremente su libertad de elección de propiedad y derechos económicos; si lo único que quiere es exhibir a la ciudadanía que diserta, habría que recordarle la falta de estímulos a la ciudadanía, los trámites engorrosos y la corrupción que orilla a propietarios de vehículos a buscar oportunidades que otros gobiernos ofrecen. A eso tenemos derecho.

Más valdría que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se enfoque a lo que por obligación tiene, garantizar nuestra seguridad que se encuentra realmente mermada y sus elementos sean debidamente capacitados o despedidos si continúa la ineficiencia sistemática, que tiene paralizada a la sociedad oaxaqueña por el temor a la delincuencia y también a la policía que circula por las calles amedrentando, sobre todo a jóvenes que caminan en grupo, subiéndose incluso en el transporte público con armas largas, amenazando y cateando ilegalmente sus cuerpos y pertenencias. Al parecer, después de más de un año, López Escamilla no es apto para el puesto que ostenta con tanto poderío; me uno a esa ciudadanía que pide su renuncia al gobierno que dice ser democrático y ciudadano.

Sí, en Oaxaca se violan los derechos humanos, los fundamentales, aquellos de la primera y segunda generación, las libertades se coartan y quien tiene a su cargo las corporaciones policiacas actúa de manera arbitraria, solapado por el jefe de estado.

Ugartechea y la justicia tributaria

Mediocre, gris, sin expectativa a resultado el presidente municipal de la capital del Estado, Oaxaca de Juárez, un agente viajero que justifica sus salidas al extranjero con argumentos soeces que más parecen arrebatos ocurrentes que acciones públicas. Ver para aprender y hacer de nuestra ciudad una verdadera ciudad capital como las del primer mundo, nada más que París ¿Qué les parece?

El presidente municipal Luis Ugartechea y su ayuntamiento, tanto concejales como funcionarios no han sobresalido en el ejercicio público, sus propósitos corresponden sin duda al gobierno típico de derecha, mientras sus acciones no encuentran destino, simplemente no existen.

En su segundo año de gobierno continúa fuera de la ley, con una estructura orgánica que no regula ni contempla siquiera las Ordenanzas Municipales. La novedad de este año, para continuar con la política de “vanguardia progresista”, es la implicación tributaria en la Ley de Ingresos del Estado 2012, que autoriza -dice Ugartechea y niegan las y los legisladores- la base catastral y el consecuente “ajuste”, léase aumento del impuesto predial hasta un 800 por ciento, lo que resulta una violación a nuestros derechos económicos por lo que hace a la legalidad y proporcionalidad en la asignación de la obligación tributaria.

El presidente municipal Ugartechea dice que solo aplica la justicia tributaria, justicia que no vemos en ningún rubro, que se hizo sin una base de datos, sin metodología válida con simples apreciaciones, o sea, a ojo de buen cubero.

También afirma ante los medios, que en Oaxaca la gente está mal acostumbrada a pagar muy poco, que deberíamos tomar ejemplo de otros estados donde si se paga lo que corresponde, dijo Ugartechea que pese a las diversas quejas que se han generado entre la sociedad no se dará marcha atrás con el cobro que desde el 1 de enero se realiza de este impuesto.

Sin embargo, a toro pasado, dijo también, la ciudadanía puede en las cajas recaudadoras y en la Tesorería municipal pedir descuentos para alguno de los sectores de la población y así constaten el cobro equilibrado del predial.

Eso es el gobierno de derecha –autoritario y desigual-.




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