Desde hace lustros, la inseguridad pública es el Talón de Aquiles del Estado mexicano. Estamos ante un cáncer social que carcome la credibilidad de las instituciones, que corrompe a los servidores públicos, que profundiza el antagonismo entre gobernantes y gobernados y que atenta contra nuestras libertades más básicas, creando el caldo de cultivo ideal para que se violen los derechos humanos.

Hemos alcanzado un nivel atroz de delincuencia, que ha enlutado a cientos de miles de familias, que ha impactado en la inversión extranjera y la generación de empleo, que ha generado olas de migración por miedo a la violencia, y que ha drenado económicamente al gobierno, obligándolo a distraer recursos de programas sociales para comprar armamento y pertrechos policiacos.

Más aún, la violencia homicida del crimen organizado ha comprometido la propia gobernabilidad y ha provocado zozobra social, tal como ha venido sucediendo a raíz de la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A esa lista de estudiantes, se suman las de miles de personas asesinadas por secuestradores o extorsionadores; las de las mujeres víctimas de la violencia feminicida; las de inocentes caídos en enfrentamientos entre narcotraficantes; las de los migrantes muertos en su intento de alcanzar una vida mejor para sus familias; las de los propios policías y militares honestos, abatidos en su afán por proteger a nuestra sociedad de la delincuencia organizada.

El primer paso para combatir este flagelo es no permitir que las decisiones de la autoridad sean inspiradas por intereses partidistas o de grupo, menos aún por desencuentros personales.

Así como un soldado no piensa en sus preferencias políticas a la hora de arriesgar hasta la misma vida por defender a México, es necesario que todos quienes tenemos poder de decisión en materia de seguridad pública conduzcamos nuestro trabajo con valores patrióticos y no ideológicos, democráticos y no partidistas, institucionales y no personales.

Enfrentamos un futuro con poderosas amenazas a la seguridad nacional. Desde los grupos antisistema que buscan sembrar la confusión y el miedo, hasta los narcotraficantes empeñados en hipotecar el futuro de México.

Por ello, responder al anhelo de paz de los ciudadanos, reclama dejar atrás egoísmos y reconocer que la seguridad pública es un asunto de colaboración y no de rivalidades, de la sociedad entera y no de los partidos, de la más alta visión de Estado y nunca de afanes electoreros. Es por ese camino, y no por el de la ideología partidista, que llegaremos hasta el México de paz que anhelamos.

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