"La experiencia de los últimos cincuenta años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado y que, por lo tanto, la misma requiere un cambio... es claro que la política que limita el acceso a sustancias controladas ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia organizada, ha lastimado tanto a comunidades como a individuos, y ha generado un mercado negro de millones de dólares, afectando con todo ello los derechos humanos y la salud de la población mundial y nacional."

Quién así habló fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, haciendo un duro diagóstico en el contexto de la discusión que llevó a la legalización del uso lúdico de mariguana para 4 ciudadanos, abriendo la puerta para que innumerables mexicanos más recorran el mismo camino jurídico para utilizar legalmente dicha droga y modificando radicalmente las coordenadas de este debate.

Se trata de aseveraciones tajantes y acertadas, especialmente importantes por tratarse de un hombre de leyes situado en la cúspide del Estado mexicano.

Sin embargo, aun si se compartieran totalmente los argumentos de la SCJN, especialmente el de que prohibir el uso de mariguana con fines lúdicos va en contra del libre desarrollo de la personalidad, debemos señalar otros aspectos sociales del debate.

El primordial tiene que ver con la violencia asociada al tráfico de drogas, a causa de las severas pérdidas que ocasionaría a los carteles que se promulgara la legalización de la mariguana en la república mexicana.

Pocas veces se habla del desmesurado nivel de ganancias que los carteles mexicanos se embolsan traficando con mariguana, pero según el informe de 2013 “El problema de las drogas en las Américas: estudios, la economía del narcotráfico” de la Organización de Estados Americanos (OEA), el crimen organizado recibe entre mil y dos mil millones de dólares anuales por la venta de cannabis en los Estados Unidos.

Además, de seguir las cosas como están, el río de narcodólares hacia México no se detendrá. Los datos de otros estudios, similares a este de la OEA, permiten vaticinar que la venta ilegal de mariguana seguirá siendo un negocio a la alza en el corto y el mediano plazos.

Lamentablemente, la experiencia nos indica que los cárteles nunca pierden. Allí están las inhumanas olas de violencia sufridas por diversas ciudades mexicanas, primordialmente del norte, cuando debido a la guerra homicida de Felipe Calderón se complicó el paso de estupefacientes desde México hacia Estados Unidos.

Evidentemente, para el crimen organizado la opción no fue resignarse a ver reducidas sus ganancias. Lo que se dejó de ganar por el contrabando de drogas se "recuperó" haciendo a las comunidades blanco de delitos de alto impacto, muchos de ellos poco o nada conocidos en aquellas latitudes.

Así, la extorsión, el secuestro y el llamado "pago de piso" se convirtieron en azotes cotidianos de familias productivas y honestas. Ante la imposibilidad de sostener sus ingresos por un delito, los criminales simplemente se "diversificaron".

Como sociedad no podemos olvidar esta sangrienta realidad. Siendo que muy probablemente veremos más cambios, impulsados primoridalmente por los poderes Legislativo y Judicial, es indispensable ir diseñando desde ahora mecanismos de contención y estrategias preventivas que eviten a los criminales mudar de "rubro" y dañar aún más a las familias mexicanas.

Porque a los cárteles poca gracia les hará perder esos mil o dos mil millones de dólares, así que es deber del Estado mexicano en su totalidad evitar que les sean arrebatados a los ciudadanos honestos.