La corrupción desatada en el gobierno de Guillermo Padrés no solo llevó a retroceder al PAN a su prehistoria electoral en el estado de Sonora, también amenaza hasta con cárcel al propio ex gobernador y a una gran cantidad de sus allegados y prestanombres. Este grupo político transita, en franca decadencia, de perder votos a perder la libertad.

Ya se firmó auto de formal prisión contra uno de sus empleados, a quien se le encontraran 3.5 millones de pesos en efectivo, por el cargo de narcotráfico. Las acusaciones de que dichos recursos eran para financiar la campaña panista a gobernador en Colima crecieron tanto que el propio candidato, Jorge Luis Preciado, se vio obligado a dar la cara y desmentirlas.

Asimismo, en un reciente cateo en casa de su cuñado en un exclusivo fraccionamiento de Hermosillo se le confiscaron armas de uso exclusivo del Ejército, así como bienes presuntamente robados.

Está además el caso de la empleada doméstica Gisela Peraza Villa, quien fuera apresada por supuestamente robar en la casa del gobernador, comprobándose la falsedad de los cargos; a raíz de ello, Padrés y 20 exfuncionarios enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos humanos y delitos como tortura, tráfico de influencias, asociación delictuosa y abuso de autoridad.

A ello sumemos, como si no bastara, las denuncias contra una treintena de padrecistas por provocar daños al erario por más de mil 700 millones de pesos, en un fraude al fisco federal.

A esta retahíla de complicaciones jurídicas del ex gobernador sonorense se le suma el aspecto político; se le ve cada vez más solo. Queda claro que a la dirigencia nacional panista únicamente le quedan dos opciones: sacrificar a Padrés o dejar que los hunda.

Ya rumbo a la elección presidencial, el liderazgo panista sabe que está ante el riesgo de que sus adversarios usen a Padrés como un nuevo símbolo de la corrupción azul, generando una oleada de votos de castigo capaz de inclinar la balanza en estados en los que las votaciones se encuentran por demás cerradas.

La otra es hacerle un juicio expedito y transparente, con sanciones severas para el ex gobernador y sus más cercanos colaboradores. Con ello, se demostraría con hechos que se toma en serio el combate a la corrupción y que el buen juez por su casa empieza.

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