Como dice la canción “Dios no lo quiera, pero presiento…” Y presentimos muchos mexicanos que la designación del Fiscal Anticorrupción vendrá siendo una tomada de pelo. Es más, el procedimiento está contaminado desde el momento mismo de consentir la comparecencia de los aspirantes ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
¿Y por qué contaminado? Porque los senadores tienen una filiación política. Entonces se corre el riego de privilegiar afinidades. Y Dios no lo quiera porque México ya no aguanta tanta corrupción en la médula gubernamental…más bien del sistema, porque el mal se ha extendido a casi todo.
Las condiciones en el país son para un estadillo social.
La participación de los senadores en la designación del Fiscal Anticorrupción implica el riesgo de constituir una Fiscalía partidizada, porque los partidos políticos actúan a través de sus legisladores. O peor aún, una Fiscalía que obedezca a intereses inconfesables.
Cuando los legisladores (ya sea diputados o senadores) intervienen en la designación de los integrantes de las instituciones y órganos autónomos, solo se garantiza la parcialidad y la simulación.
Guardando las proporciones, ahí están los ejemplos de Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que intentan cumplir con su función pero las presiones de los padrinazgos partidistas y políticos terminan en inesperadas resoluciones que no favorecen los derechos ni las aspiraciones democráticas de la ciudadanía.
Claro, en tales órganos hay integrantes que son la excepción y asumen a cabalidad el desempeño de la función. Pero buena parte actúa al tronido de dedos de quiénes les hicieron el favor de apadrinarlos. Por eso nunca se acaba la corrupción, porque los corruptos designan a los miembros de los órganos que los fiscalizan, evalúan, eligen, califican, etc.
Ojalá y la designación del Fiscal Anticorrupción quede exenta de compromisos y de pago de favores.
Por lo pronto, las Comisiones Unidas Justicia y Anticorrupción tienen hasta el 14 de marzo para presentar el dictamen de idoneidad a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Y el diez de abril próximo vence el plazo para instalar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Y LAS ENTIDADES? NI CASO…
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, Héctor Yunes Landa, en conferencia de prensa informó de la presentación de un punto de acuerdo para que los congresos estatales agilicen la armonización de la legislación local, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Porque de acuerdo a la normatividad en la materia, “los congresos locales están obligados a armonizar sus respectivos marcos normativos, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de las leyes secundarias en el orden federal, cuyo plazo vence el 18 de julio de 2017”.
E indicó que los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Yucatán “han registrado avances en los trabajos legislativos para el establecimiento de Sistemas Locales Anticorrupción.”
¿En serio? ¿Le pasaron bien los datos? Porque en el caso del estado de Oaxaca algunos diputados apenas han presentado una iniciativa de armonización de leyes y creación de otras para dar forma al Sistema Estatal Anticorrupción. Pero apenas.
Es más, en la Agenda Legislativa que presentaron ayer los diputados locales, la Ley Estatal Anticorrupción encabeza la lista de los 10 “productos legislativos” a elaborar por la LXIII Legislatura oaxaqueña durante su ejercicio legal de dos años.
Sí, ¡apenas!
¿PODRÁN CUMPLIR?
El primer periodo ordinario de la LXIII Legislatura oaxaqueña concluye el quince de abril próximo y los diputados apenas presentaron la Agenda Legislativa que quien sabe si consigan cumplir porque fueron electos solamente para dos años. Y ya andan ocupados casi al 80% en actividades tendentes a garantizar su reelección en el 2018.
Y ellos –los diputados locales— que armonizarán la legislación para crear el Sistema Anticorrupción ni siquiera transparentan el uso del presupuesto destinado al Congreso local. Es más, en su mayoría quería hasta linchar al diputado petista Jesús Romero López porque reveló que cada uno de los 42 legisladores recibe 42 mil pesos de dieta, 115 mil pesos para gestión social, 100 mil pesos para asesores y entre 20 y 25 mil pesos mensuales para comunicación social, independientes de lo destinado al área.

VENTA DE “CUARTOS ROSA”

A propósito de corrupción, en corrillos de dependencias federales comentan de la venta de “Cuartos Rosa” que realiza una diputada oaxaqueña (no precisaron si federal o local). Pero la tienen detectada.

“Los denominados ‘Cuartos Rosas’ tienen la finalidad de combatir el fenómeno del hacinamiento en familias que viven en zonas urbanas, así como para que fundamentalmente las niñas y jovencitas mexicanas cuenten con un espacio propio que les permita desarrollarse plenamente sin ningún tipo de violencia”, ha explicado la Sedatu.

Y nos parece un excelente programa porque ciertamente las niñas y las jovencitas mexicanas necesitan protección de su intimidad.
Por lo tanto, no tiene nombre vender los “Cuartos Rosa” y, además, usarlos como carnada electoral.

Imagínense, quienes harán el Sistema Anticorrupción andan en la vendimia de los beneficios de programas sociales.

Con la venta de los “Cuartos Rosa” ganan elecciones.

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