Como bien dice José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “la nulidad constituye la pena de muerte en el sistema electoral”. ¿Procede en el caso de los comicios de gobernador de Coahuila?
Primero habría que tener la certeza de que los candidatos del PRI, Miguel Ángel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya, rebasaron el gasto de campaña en más del 5% como lo establece la Constitución Política General y el Sistema de Nulidades, porque no es tan fácil declarar “la pena de muerte electoral”, es necesario cumplir extremos normativos de manera puntual.
Pero si fuera el caso, sería la primera vez en que en nuestro país se aplique una de las nuevas causales de nulidad constitucionales, las cuales son:
1. Exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
2. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.
3. Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Ahí están las causales de nulidad, bastante claras. El problema empieza cuando se establece que la nulidad procede por violaciones graves, dolosas y determinantes en tales casos; y deben acreditarse de manera objetiva y material. Y que “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.

¿Qué tal? Como arrancarle un grito al silencio. Claro, la nulidad no la pueden declarar las autoridades electorales administrativas, es decir, el Instituto Nacional Electoral y los OPL. El Instituto solamente tiene facultades para determinar, por ejemplo, si los candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña.

Los órganos facultados para decidir la nulidad en el caso de elecciones de gobernador son los tribunales electorales, y en última instancia la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF), donde, por cierto, el magistrado José Luis Vargas Valdes acaba de hacer pronunciamientos algo inquietantes.

Dijo, por ejemplo que “es un tanto irresponsable advertir que hay nulidades ya en el aire y que se tendrá inminentemente que pronunciar un Tribunal, a señalar lo que una autoridad o incluso los medios de comunicación ya están diciendo como algo inminente, y de lo cual no existe otra opción”.

¿Lo dijo por el escándado sobre la elección de Coahuila? Mmm, pues tampoco corresponde a los magistrados electorales adelantar juicios y criterios resolutivos sin antes pasar por el pleno jurisdiccional.
Porque además el magistrado aludió: “Los juzgadores y todos los aplicadores del sistema electoral nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad (asumió, en torno a no desgastar dicho sistema, pues lo fundamental es) que existan condiciones para hacer que la gente salga y ejerza un voto libre, universal y válido, pero también que el sistema siga encontrando su funcionalidad de resolución de conflictos, sin tener que llegar a la nada jurídica, que es la nulidad electoral”.
¿O sea en la Sala Superior ya existe una directriz sin saber siquiera si se acredita plenamente la causal de nulidad? Ups. Ciertamente, es necesario proteger el voto. Pero ¿qué pasa cuando ese voto queda bajo la sospecha de la influencia por el uso excesivo del gasto de campaña? Claro, porque los candidatos gastan para ganar votos a como dé lugar, no gastan por gusto.

¿Y qué dinero gastan? ¿Dinero de procedencia ílicita? ¿Dinero público? Ahí puede encontrarse otra causal de nulidad. Aunque si la impugnación es el exceso de gasto, el órgano jurisdiccional se ceñirá a revisar solo éste.

En fin, que primero habrá que esperar el sentido del acuerdo que el próximo viernes apruebe o no el Consejo General del INE sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización, la cual, según ha trascendido, detectó un rebase al tope de gastos de campaña de más de 5% por parte de cada uno de los candidatos a gobernador de Coahuila del PRI, Miguel Ángel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya.

El tope fue de 19.24 millones de pesos. Y se ha ventilado que Riquelme lo rebasó por 5 millones 981 mil 222 pesos, por lo que superó en 31% el límite permitido, y Anaya por 5 millones 118 mil 972 pesos, 26% más de lo legalmente establecido.
Vamos a ver qué pasa en la sesión del viernes 14. Porque puede darse el caso que el dictamen aparezca en forma distinta por alguna razón, de esas que la razón no entiende pero los consejeros electorales sí por acuerdo con los partidos políticos.
Mientras, la duda cabe.
En serio, tanto el INE como el TEPJF deben sentar precedente en el rebase de topes de gastos de campaña, porque no es posible que los cargos de elección popular los ocupen personas que para llegar al poder transgreden la ley porque lo seguirán haciendo en el ejercicio del cargo.
Pero además llegan cobijados por una voluntad popular falsa. Y eso no es democrático.
Luego por eso pululan los gobernadores dedicados a actividades inconfesables.
Por cierto, el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme, resultó ganador con 482 mil 534 votos, en los resultados del cómputo total de las actas, mientras que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, obtuvo 451 mil 541 votos.
Y si resulta que ambos rebasaron los topes de campaña, quedarían inhabilitados para competir en elecciones extraordinarias. Claro, esto después de un fallo jurisdiccional.
A ver qué pasa. Esperemos a ver la actuación del Consejo General del INE y luego, en su caso, del TEPJF.
BARBAS A REMOJAR
Ojalá las autoridades electorales, pongan cuidado en el despilfarro en las entidades federativas con motivo de las elecciones concurrentes. Los aspirantes a diputados federales, senadores, diputados locales y a concejales, andan gastando ya a manos llenas. ¿Y de dónde salen los recursos?


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