Muchas veces los ciudadanos en general y de manera particular los periodistas oaxaqueños nos preguntado de manera reiterada cómo enfrentar y sancionar las omisiones o violaciones a la Ley de los representantes del Estado mexicano en sus diversos órdenes de Gobierno.
Sin ser una respuesta simplona ni menos simplista, simple y sencillamente con las propias reglas del juego establecidas por los diferentes niveles de Gobierno federal, estatal y municipal. Exigiendo que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho y las leyes que de este emanen.
A partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos por el Estado mexicano, a través del Gobierno federal, previa suscripción de los Tratados internacionales, los Tres Poderes erigidos constitucionalmente se pusieron la soga en el cuello y se pueden ahorcar.
Las quejas nacionales y denuncias internacionales por la violación de derechos humanos, que no prescriben jurídicamente, se han convertido en la moderna Espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los Estados nación, porque pueden ser llevados a la justicia internacional.
Cabe señalar que con fecha 8 de febrero de 2016,la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General No. 24, “Sobre el ejercicio de la Libertad de Expresión en México”, que se dirigió entre otras autoridades a los gobernadores y procuradores de los Estados, en la que se señala la INEFICACIA DEL ESTADO MEXICANO EN SU LABOR DE GARANTIZAR LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS Y DE SUS FAMILIAS.
Motiva dicha recomendación la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, y en particular la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es víctima este gremio, lo cual continúa generando múltiples violaciones a los derechos humanos de los integrantes de ese sector y un menoscabo a la libertad de expresión.
En la citada Recomendación se reiteró que la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar y aprehender a los responsables e imponerles la sanción que corresponda de conformidad con las leyes, genera un clima de impunidad creciente; la cual se convierte en otra de las causas que propicia el clima de agresión en contra de los periodistas, ya que se traduce en una patente para que se hostigue a los comunicadores, buscando silenciar la libertad de expresión; por lo que se requiere fortalecer una política pública que permita investigar y sancionar de manera eficiente a los responsables de los agravios que sufren los comunicadores, sean o no agentes estatales. De esta forma, el estado resulta también responsable al omitir llevar a cabo una investigación diligente de los delitos cometidos en contra de periodistas y comunicadores.
Ésta es la trascendencia político-social-periodística de la alianza estratégica coyuntural de siete organizaciones de periodistas oaxaqueños con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y especialmente del Defensor del ramo, y con la CNDH.
Vituperada acción por almas mezquinas por enanas, miopes política y jurídicamente, que no entienden el enorme poder de la defensa de los derechos humanos fundamentales, de manera destacadamente la defensa de la vida e integridad y la libertad, y la libertad de expresión.
El Estado mexicano todo y de manera específica el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está ya contra la pared por la violación de los derechos humanos de millones de mexicanos, no solo de activistas y milicianos, que son lo que mas pegan de gritos internacionalmente.
Hay ya recomendaciones de la CNDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano y Peña Nieto, que deben ocuparle y preocuparle como al panista Felipe Calderón Hinojosa, por los miles de muertos por la estúpida guerra contra el narcotráfico.
Controvertida alianza con la DDHPO sí, pero ésta va más allá de Arturo Peimbert Calvo y de Razhy González Rodríguez, ciertamente, defensores omisos y cómplices de los enemigos de los periodistas, la Sección XXII de la CNTE, las organizaciones sociales y los grupos armados.
Si los miembros de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura local, integrantes de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, no atienden el derecho de petición, consagrado constitucionalmente, de las siete organizaciones periodísticas violarían la Ley.
Pero, también, violarían los derechos humanos de los asociados a las siete organizaciones periodísticas que demandan conocer las Iniciativas de la Ley de Protección a los Periodistas. Ello faculta a los afectados a interponer quejas en la DDHPO y la CNDH.
El asunto no es nada menor porque se acudiría, asimismo, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y defensores de la libertad de expresión, lo que generaría un nuevo escándalo internacional contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con la visión y sensibilidad que caracteriza a los coordinadores de las Fracciones Parlamentarias de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Oaxaca es más positivo que se sienten a la mesa con los periodistas oaxaqueños.
No basta, desde luego, realizar una reunión para obtener simplemente la foto del recuerdo. ¡No! Es necesario que escuchen, atiendan y tomen en cuenta las propuestas de los periodistas oaxaqueños en general y especialmente de las siete organizaciones aglutinadas en un frente.
Indispensable es poner las cartas sobre la mesa para que nadie se llame a engaño. De no escuchar, atender y tomar en cuenta lo que duele en carne viva a los periodistas oaxaqueños por las agresiones y asesinatos que son víctimas, las más de las veces desde el poder, éstos pueden interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección a los Periodistas.
Pero como ni los diputados ni mucho menos los periodistas actuamos de mala fe y menos todavía de mala leche en la defensa y protección de la vida e integridad de los periodistas oaxaqueños, nadie quiere generar un escándalo internacional ni menos llevar a Juicio Político a los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

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