El próximo sábado la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca concluye su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente a su primer año de ejercicio legal; periodo que por mandato constitucional debió destinarse preferentemente “a la dictaminación de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública”.
¿Y qué ha pasado? Diputados y diputadas, con sus honrosas excepciones, han emprendido la tarea de andar haciendo propaganda personalizada con la ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto del 7 de este septiembre, principalmente en el Istmo de Tehuantepec; y otro tanto, tampoco perdió oportunidad de hacer presencia en la Mixteca oaxaqueña, región afectada con el segundo terremoto, el del 19 del mismo mes.
Por su parte, el titular de la aún Auditoría Superior del Estado (la cual desaparecerá en breve), Carlos Altamirano Toledo, entregó casi al vencimiento del plazo el informe de resultados de la Cuenta Pública 2016, correspondiente al tercero y cuarto trimestres, a la presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia, Eva Diego Cruz del PRD.
Dichos trimestres corresponden todavía al ejercicio fiscal del último año del sexenio del entonces Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, quien llegó al poder impulsado por una coalición electoral integrada por el PRD, el PAN, el PT y el entonces Convergencia; e hizo historia no solamente por destronar al PRI, sino porque terminó como el peor de los mandatarios.
Y hasta hizo mancuerna con las Legislaturas (las dos anteriores) que coincidieron con su sexenio, y en las cuales funcionó una coalición legislativa de facto integrada por las fracciones parlamentarias de los partidos que lo llevaron a la gubernatura. Ambas Legislaturas todo le aprobaron, incluidos endeudamientos; y la segunda le solapó las Cuentas Públicas 2014, 2015 y parte de la 2016, dejando al garete su revisión y dictaminación correspondiente.
¿Y qué creen? La actual Legislatura, donde ya no actúa la coalición legislativa de facto, prevé aprobar la Cuenta Pública de los dos últimos trimestres del 2016, apenas entregada el 15 del mes en curso por el aún Auditor. Y así dar “atolito con el dedo” al pueblo oaxaqueño, haciendo creer haber quedado saldadas las cuentas del sexenio pasado.
Incluso, la diputada Eva Diego Cruz como presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia se comprometió a elaborar el dictamen para presentarlo al pleno legislativo a más tardar el 30 de septiembre, día en que concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, cuyos diputados y diputadas fueron elegidos por dos años para homologar las elecciones locales a las federales.
Así que a partir del próximo sábado, las legisladoras y los legisladores locales entran a un largo receso hasta el 15 de noviembre; receso que con toda seguridad en su mayoría emplearán en sus tareas proselitistas para alistarse a ser postulados en reelección por su respectivo partido político.
Retomando el tema: En relación a la Cuenta Pública correspondiente a los dos últimos trimestres del 2016, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia dijo: “Tenemos que ver que lo hayan aplicado (el presupuesto) con la responsabilidad y seriedad que se merece, porque cada peso, cada centavo que se ahorre es de suma importancia y más en las circunstancias que atraviesa la entidad”.
Mero discursos, ¿verdad? Y hasta ahí todo parecería normal.
Sin embargo, seguirá pendiente la revisión de las Cuentas Públicas 2014, 2015 y la parte correspondiente al 2016 de la administración que encabezó el coalicionista Gabino Cué Monteagudo.
Incluso, desde el pasado 19 de junio trascendió que dichas Cuentas Públicas se encontraban en estudio de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, la cual solicitó una prórroga para emitir los dictámenes correspondientes; y se supo porque el diputado Jesús Romero López, de Morena, pidió informes oficiales sobre la situación de las mismas.
¿Hasta cuándo vence la prórroga? Al parecer es indefinida.
Fuera del diputado morenista, ningún otro legislador ha exigido la revisión puntual y la emisión de los dictámenes relativos. Vaya, ni siquiera las legisladores y los legisladores de la fracción parlamentaria del PRI, partido opositor en la administración de Cué Monteagudo.
Tanto silencio genera dudas sobre el manejo de los recursos públicos de los oaxaqueños correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y parte del 2016. Evidentemente también despierta sospechas sobre la existencia de cualquier arreglo con el propósito de evitar se conozca el fondo de la omisión legislativa de revisar y dictaminar las Cuentas Públicas de los ejercicios citados.
Y no es omisión directa de la actual Legislatura local, sino es de la anterior, donde el PRD, el PAN y el PT seguían actuando como coalición legislativa de facto. Pero donde también existió una fracción parlamentaria del PRI que hizo mutis frente a las Cuentas Públicas pendientes desde el 2014.
¿Arreglos entre quiénes?
La actual Legislatura no debe seguir guardando silencio sobre las Cuentas Públicas pendientes. De alguna manera debe de pronunciarse al respecto, y corresponde a la diputada perredista Eva Diego Cruz marcar la pauta como presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia.
¿O acaso preside la referida Comisión ex profeso de tapar socavones en los ejercicios fiscales pendientes de revisar? Por cierto, la Cuenta Pública no solamente corresponde al Ejecutivo, sino también a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos.
Aparte del Ejecutivo, ¿habrá otro Poder involucrado en socavones al erario?
Por lo pronto, en los corrillos legislativos han señalado a la diputada Eva Diego como emisaria de Jorge Castillo Díaz, quien fuera asesor financiero de Gabino Cué. Evidentemente, la legisladora lo ha negado rotundamente. Y en ese contexto, también ha dicho que la fracción parlamentaria del PRD no puede por sí misma aprobar o desaprobar las Cuentas Públicas pendientes.
Claro, es necesario el aval por lo menos de las bancadas del PRI y de Morena, sin estar por demás el de la fracción parlamentaria del PAN.
En fin. La omisión y el silencio sobre la revisión de las Cuentas Públicas del sexenio estatal anterior puede convertirse en una pesada losa para las diputadas y los diputados locales con aspiraciones a reelegirse en el 2018.
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