Casi de manera unánime distintas voces de ciudadanos comunes, políticos, intelectuales, científicos, partidos, servidores públicos y legisladores, se han preguntado: Y después de los terremotos, ¿qué sigue?
El Gobierno Federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos de las entidades de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero, que resultaron más afectadas con los grandes sismos de los días 7 y 19 de este septiembre, se concretaron a tres etapas: Atención a la emergencia, levantamiento del censo y la reconstrucción.
Es más, los fenómenos meteorológicos también le han pegado a nuestro país en este año, y hay zonas devastadas por el paso de huracanes, ciclones y tormentas tropicales, sobre todo en comunidades de entidades localizadas en los litorales del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.
Por lo tanto, más bien es necesario preguntar: Y después de los desastres naturales, ¿qué sigue? Las tres etapas oficiales son de aplicación inmediata, las cuales siempre resultarán insuficientes ante la necesidad de las familias que lo han perdido todo y duermen en la calle o en albergues compuestos por casas de campaña.
Y sin trabajo y sin vivienda, la pobreza se enseñorea.
Septiembre del 2017 deja grandes lecciones. Y no es momento de apostarle a acciones electoreras de imposible realización inmediata; es momento de apostarle a acciones y políticas públicas posibles, duraderas y de pronta ejecución. Por ejemplo:
Uno: Eliminar las pensiones vitalicias otorgadas a los ex Presidentes de México, a los ex gobernadores de las entidades federativas y a los ex Jefes de Gobierno de lo que hoy se llama Ciudad de México, si acaso gozan del privilegio financiero. Quitarles también otras concesiones como el exceso de elementos de seguridad y vehículos. Durante su mandato ganaron bien y gastaron poco porque casi todos sus gastos los absorbió el erario, entonces bien les alcanza para vivir dignamente por el resto de su vida (y sin contar los pellizcos al dinero público).
Dos: Reducir el presupuesto al Poder Legislativo Federal y de las entidades federativas, donde en la mayoría de los casos dan prioridad a la gestión social que a la función esencial de legislar. Y así, de legisladores se convierten en ejecutores de obra pública. Por lo tanto, es necesario eliminar o disminuir al mínimo el gasto de gestión social, boletos de avión incluso en clase económica, gastos médicos mayores, la ayuda de despensa, los bonos de fin de año y, entre otros excesos, los banquetes cuando organizan desayunos o comidas de “trabajo”.
Ah, sustituir las nueces de la India, los pistaches y los arándanos que disfrutan durante las sesiones, por alguna colación económica y nutritiva. Imagínense cuánto se gasta en saciar el apetito de los legisladores, mientras los representados carecen de lo más elemental de la canasta básica.
Tres: Eliminar el aguinaldo de los servidores públicos del gabinete legal y ampliado del Presidente de México y de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diputados federales, diputados locales, senadores, presidentes municipales, regidores e integrantes de órganos autónomos.
Quinto: Disminuir el sueldo de los consejeros del Consejo General del INE y de los OPLES; organismos que además deben diseñar sus manuales en papel económico, no en el más caro como actualmente lo hacen; eliminar el seguro de gastos médicos mayores, el exceso de viáticos cuando imparten conferencias en entidades federativas o fuera del país (nunca se sabe quién corre con los gastos, si el invitado o quien invita), los boletos de avión en primera clase, los onerosos bonos y hasta las indemnizaciones cuando concluyen la consejería.
Sexto: Lo mismo en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Electorales de los Estados.
Séptimo: Eliminar en serio y para siempre la figura de diputados (federales y locales) y senadores de representación proporcional, para elecciones en lo sucesivo porque para el 2018 constitucionalmente es imposible para aplicarla, salvo que nadie controvierta una reforma al respecto.
Octavo: Disminuir, como decíamos en ocasión anterior, el financiamiento público a los partidos políticos mediante el establecimiento (en una reforma impostergable aunque no para 2018 por los impedimentos constitucionales) de una fórmula cuyo resultado sea razonable y no excesivo como actualmente ocurre. Calcularlo, por ejemplo, a partir del total de votos obtenidos, no en función del Padrón Electoral, y aplicando un porcentaje menor de la Unidad de Medida y Actualización; además eliminar las partidas destinadas a las franquicias telegráficas y postales, que ya no tienen razón de ser con tanto avance tecnológico.
Noveno: Invertir más en desarrollo económico, y menos en desarrollo social, pues hasta ahora el dinero destinado a éste termina en manos de las llamadas “organizaciones sociales”.
En fin, hay tantos gastos factibles de reducir, ajustar, rediseñar, todo es cuestión de voluntad por parte principalmente del Ejecutivo y del Legislativo federal y locales.

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