Alejandro Murat Hinojosa seguramente jamás imaginó enfrentarse a desastres naturales como los que han ocurrido en Oaxaca en 2017, primer año de su gobierno. Y los devastadores terremotos del 7 y del 19 de septiembre lo sorprendieron prácticamente a menos de un mes de haber presentado apenas su Plan Estatal de Desarrollo.
Lo sorprendieron y lo obligaron a solicitar al Congreso Local la autorización para contratar deuda pública del orden de los mil 200 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Y el pleno legislativo lo autorizó en una sesión extraordinaria celebrada en la madrugada del sábado pasado.
La primera deuda pública que su administración y la LXIII Legislatura local cargan al estado de Oaxaca, pagadera durante un largo plazo de 20 años, contados a partir de la primera disposición de recursos.
¿Por qué este tipo de financiamiento para la reconstrucción?
Según se desprende del dictamen aprobado, derivado las declaratorias de desastre emitidas por la Secretaría de Gobernación, Oaxaca “podrá acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN…” Sin embargo, “los recursos que le corresponderán serán insuficientes para atender a la población afectada”, entonces bajo esa premisa y para estar en condiciones de considerar a toda, fue “necesario gestionar” la autorización del Congreso Local para que el estado “reciba los beneficios que ofrece el Fideicomiso número 2186 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”.
Además, para el FONDEN el Gobierno Federal aporta una parte y el Gobierno del Estado, otra; 70 y 30, al parecer; pero el presupuesto de Oaxaca también es insuficiente para cubrir su porcentaje. Eso según argumentaron diputados que respaldaron la reciente autorización para contratar deuda pública.
El financiamiento será destinado a infraestructura carretera y vial, educativa, de salud y urbana, así como en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal “acordadas por el Estado con el Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto en las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales”.
¿Tenía otra opción Alejandro Murat distinta a la adquisición de deuda pública? Sin presupuesto suficiente, parece que no. Sin embargo, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso Local considera que sí, que la alternativa era recurrir a los excedentes financieros de Oaxaca, calculados en más de mil millones de pesos en el 2017; por eso no avaló la autorización de deuda.
¿Hay excedentes financieros? Morenistas dicen que la administración estatal los obtiene entre un cálculo superior y otro inferior de los ingresos. Ups. Dejemos el tema al análisis de especialistas. Lo que sí es que, en contra parte, en la entidad oaxaqueña casi no se ha visto en qué se ha aplicado el presupuesto 2017, aunque la mayor parte corresponde al gasto corriente en materia educativa.
En fin, la línea ideológica morenista evidentemente impedía a la bancada local avalar la contratación de deuda, amén de sus argumentos sobre otras opciones. Y con su postura se allanó para evitar, además, cargar con la lápida que representa para todo político avalar el endeudamiento de un estado.
Una lápida con la cual cargará sobre todo el gobernador Alejandro Murat aún cuando el objeto del financiamiento sea en beneficio inmediato de las zonas afectadas por los sismos. Pero la responsabilidad del endeudamiento también la comparten los diputados.
Quizá cuando los habitantes de las zonas afectadas vean nuevamente los puentes, las carreteras, las clínicas y hospitales, las escuelas, la infraestructura urbana y los edificios públicos que se derrumbaron con los sismos del 7 y del 19 de septiembre en 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, en otro tanto de la Mixteca oaxaqueña y en algunos más en las regiones Mixe, Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan, aminore el peso de la lápida para el gobernador Alejandro Murat.
Y con un golpe de suerte, si consigue avanzar sustancialmente en el primer semestre del 2018 en la reconstrucción de las zonas afectadas, hasta ganará simpatías para él y para su partido, el Revolucionario Institucional, lo cual le daría oportunidad de éxitos electorales en las elecciones concurrentes a celebrarse en ese año.
No obstante, todo es incierto.
Cualquier contratación de deuda pública no es una acción que genere popularidad, sobre todo cuando se deja al estado comprometido por 20 años, quedando en garantía el Fondo General de Participaciones Federales “presentes y futuros”, el cual será la fuente de pago de los mil 200 millones de pesos.
¿Quiere decir que aun cuando la deuda sea pagada de poquito en poquito, afectará las participaciones que le corresponden a Oaxaca y cada año contará con menos? Y con menos, no se puede hacer mucho. Banobras descontará directamente el pago.
Por cierto, el endeudamiento no será de un solo jalón, sino la vigencia de la autorización abarca lo que resta de 2017, 2018 “ó inclusive” 2019.
RESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA VIEJA
Hay un interesante punto en el dictamen aprobado por la LXIII Legislatura oaxaqueña: Además de autorizar al Ejecutivo estatal para contratar deuda hasta por mil 200 millones de pesos para destinarse a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, también lo autoriza para acciones en materia de deuda pública existente.
Porque el dictamen corresponde a “la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Oaxaca a contratar uno o varios financiamientos para ser destinados a inversiones públicas productivas con objeto de sufragar contingencias generadas por fenómenos naturales que afecten el territorio del Estado y sus Municipios, así como la reestructura o refinanciamiento de la deuda pública del Estado.”
¿La reestructura o refinanciamiento implica adquirir otra deuda pública para pagar deuda existente? O sea, ¿la autorización es para dos tipos de endeudamiento? De ser el caso, ¿entonces el endeudamiento total autorizado sería mayor a los mil 200 millones?
A las personas neófitas en el tema, nos surgen muchas dudas. Un especialista podrá explicarnos. Pero es obligación de los diputados del Congreso Local y del Ejecutivo explicar a los oaxaqueños en qué consiste esa reestructura, ¿y por qué en la autorización para adquirir deuda pública a destinarse a acciones de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, metieron también el refinanciamiento de deuda vieja?
A riesgo de equivocarnos entendemos que para la reestructura o refinanciamiento, el estado podrá contratar o no, deuda nueva para pagar deuda que se viene arrastrando, o negociar con el banco el incremento o disminución de plazos, de las tasas de interés, de las comisiones y de fondos de reserva; o el cambio de garantía, modificación de mecanismos de pago y de esquemas de amortización, etc. ¿Es así?
¿Y cuál es la deuda vieja a reestructurar y/o refinanciar? La siguiente:

Acreedor
Fecha de Formalización
Importe Original del Crédito
Saldo al 31 de agosto de 2017
Tenedores de Certificados bursátiles OAXACA 11
16 de diciembre de 2011
$1,947’000,000
$1´508,340,900
Tenedores de Certificados bursátiles OAXACA 13
23 de diciembre de 2013
$1,200’000,000
$1,090’579,964
Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C.
18 de diciembre de 2013
$1,392’000,000
$1,199’677,098
BBVA BANCOMER, S.A.
18 de junio de 2015
$1,000’000,000
$995’441,814
Banco Santander (México), S.A.
25 de noviembre de 2015
$2,400’000,000
$2,329’071,132
Total
$7,123’110,908

Se trata de deuda pública contratada en la administración estatal anterior que encabezó Gabino Cué Monteagudo, pues todos los ejercicios corresponden a su sexenio; él asumió el mandato como Gobernador de Oaxaca en diciembre del 2010 y lo concluyó en diciembre del 2016.

Habría que indagar quienes fueron los diputados locales que autorizaron la contratación de cada monto, que suman ese gran total de $7,123’110,908; deuda que “en su origen fue destinada a inversión pública productiva”, según refiere el dictamen.

Y si alguno de aquellos diputados pretende serlo nuevamente compitiendo en las elecciones del próximo año, que lo sepan los electores para ver si votan nuevamente por ellos, cuando sin el menor remordimiento fueron partícipes del endeudamiento de Oaxaca. Claro, sería distinto si se justifica plenamente.

Pero para justificarlo, es necesario saber si la deuda contratada realmente se destinó a “inversión pública productiva”, y dónde y para qué específicamente.

Y si de casualidad no existen los expedientes correspondientes, ni en su caso los proyectos productivos o las cosas en que se hubieran aplicado los recursos obtenidos vía deuda, entonces pidan explicación a los ahora ex secretarios de Finanzas del sexenio gabinista, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas; ambos, por cierto, recientemente detenidos y sujetos a proceso penal.

En fin, que en este contexto cabe preguntar: Los $7,123’110,908, ¿es la deuda pública total del estado de Oaxaca anterior al inicio de la presente administración? En corrillos oficiales se ha hablado de mucho más.

Incluso, diputados morenistas, en su postura en contra de la autorización al actual titular del Ejecutivo estatal para contratar nueva deuda a destinarse a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos y para la reestructuración y/o refinanciamiento de deuda anterior, dijeron que con la autorizada el viernes pasado, “la deuda pública de Oaxaca pasará de 15 mil 75 millones 294 mil 880 pesos a 16 mil 275 millones 294 mil 880 pesos, lo que representa un incremento de más del 7 por ciento”.

De ascender a más de 16 mil millones de pesos, ¿incluye montos contratados por gobiernos anteriores al de Cué?

Respecto de la deuda vieja, la actual Legislatura Local estableció en el dictamen aprobado la madrugada del sábado pasado, que “Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público Único.”

¿Sirve de algo que le informen? El contra peso solo existe en el texto de la norma.

Francamente, resulta inentendible la autorización del refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública que la administración de Gabino Cué le dejó a Oaxaca, cuando la Legislatura local en la misma sesión de la madrugada del sábado pasado determinó “regresar” a la Auditoría Superior del Estado la Cuenta Pública correspondiente a los dos últimos trimestres del ejercicio 2016, que fue el último año del sexenio gabinista.

La regresaron porque según les pareció insuficiente el estudio realizado por la Auditoría, lo cual más bien sonó a pretexto para seguir postergando pronunciarse sobre las Cuentas Públicas 2014, 2015 y la correspondiente a los primeros trimestres del 2016; que no fueron revisadas por las Legislaturas respectivas y que la actual tampoco quiere tocar.

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