Parece inevitable la sustitución de Ricardo Anaya Cortés como candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”, salvo que ocurra un milagro como, por ejemplo, la aparición de una prueba contundente que lo exima penal, social y moralmente de la presunta participación en lavado de dinero.

Por lo pronto anda nervioso, indagando si es parte de la investigación en contra el empresario Manuel Barreiro quien supuestamente realizó operaciones comerciales ilícitas para triangular dinero a favor de Ricardo Anaya, abanderado del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano en dicha coalición.

“El que nada debe, nada teme”, dice la voz poluli. Pero si el panista algo debe, andará más nervioso porque el juez federal negó la suspensión definitiva contra la consignación de la carpeta de investigación que inició por lavado de dinero en contra de Barreiro y varias personas más.

Así que en cualquier momento puede llegar la noticia de la aprehensión del empresario; su declaración será clave en torno a la suerte de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya. Claro, los partidos aliados pueden decidir no esperar el desenlace penal y registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) otro candidato o candidata para las elecciones presidenciales de julio próximo.

Ahora que si deciden aguardar, puede pasar lo siguiente:

Que de la investigación se desprenda no haber elementos para proceder penalmente en contra de Anaya Cortés, y por lo tanto pueda realizar campaña electoral con la frente muy en alto y hasta reposicionado socialmente (lo cual parece difícil).

Que se desprenda haber elementos y, en consecuencia, el panista quede sujeto a proceso penal estando ya registrado ante el INE; incluso, con medida de prisión preventiva como ocurre en los delitos graves. Imagínese lo delicado del caso y el escándalo correspondiente hasta con fotos, videos y testimonios. Ups, los frentistas se irían a la lona.

En descargo Ricardo Anaya se diría “preso político” vía el brazo penal del gobierno y del PRI. Y el “Jefe Diego” promovería una medida cautelar para seguir el proceso en libertad, a sabiendas de la improcedencia en delitos graves; la cosa sería tener bandera política. Nada más no se equivoquen de autoridad competente al entregar los escritos.

¿El panista quedaría inhabilitado para candidato presidencial en caso de quedar sujeto a proceso penal? Habría que atender al principio de presunción de inocencia, entonces sería hasta que la autoridad competente dicte sentencia condenatoria.

La inhabilitación tiene como consecuencia la pérdida de los derechos políticos electorales. Aunque estando bajo prisión preventiva tampoco podría realizar campaña.

Falta casi un mes para el inicio de las campañas electorales, y alrededor de la mitad para la apertura del registro de candidatos ante el INE; y en ese lapso pueden suceder muchas cosas, máxime cuando en política las circunstancias cambian de un momento a otro.

Quien sabe cuánto tiempo podría durar el proceso penal en contra de Manuel Barreiro y eventualmente en contra de Ricardo Anaya, dentro de los márgenes que otorga la ley. Pero mediante el nuevo procedimiento penal es posible hacer en meses lo que antes se hacía en años.

Imagínense que en plena campaña detengan al panista para efectos de prisión preventiva. La coalición “Todos por México” se vería obligada a sustituirlo, con el riesgo de que la autoridad electoral ya no pueda cambiar el nombre en la boleta electoral para las elecciones presidenciales de julio próximo.

En esas circunstancias además la campaña frentista estaría desgastada y desinflada en el ánimo del electorado, a menos de que los partidos aliados y el propio Ricardo Anaya consigan convencer a la ciudadanía de que son víctimas de la persecución del Estado para beneficio de Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición “Todos por México”, integrada por el PRI, el PVEM y el Panal.

¡Y de refilón también en beneficio de Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la coalición de Morena con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), denominada “Juntos Haremos Historia”. Claro, mientras aquellos andan en agarrón, el tabasqueño avanza.

Pierde más, por supuesto, la coalición de Ricardo Cortés, cuyo desprestigio tiende a bajarlo del segundo lugar en la preferencia electoral en que dicen se había ubicado. Si fuese estrategia de Estado, ese sería el objetivo.

En fin, a ver qué pasa.

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