El candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña de la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-Panal) retó a sus homólogos a debatir sobre sus bienes.

Muy buena propuesta.

En su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK lanzó: “Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en está elección. ¿Le entran?”

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frete” (PAN-PRD-MC), hizo mutis. Y el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador”, de manera tajante dijo que “no caerá en la provocación”.

Mientras que bien bragada la candidata presidencial independiente Margarita Zavala, aun sin ser requerida, se adhirió: “@JoseAMeadeK me sumo al reto. Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada.”

Y Meade, congratulado, le respondió: “Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad, jamás he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC.”

Claro, Meade lanzó un azuelo, quizá sobre todo en alusión a Anaya, quien se ha visto envuelto en un escándalo inmobiliario, donde presuntamente hay lavado de dinero. Y AMLO por muy de izquierda que sea, también tiene bienes y vive con comodidades, distinto a la gente pobre que cree en él.

Margarita Zavala y Meade tampoco son ajenos a la buena vida y a la acumulación de riqueza; ambos provienen de familias adineradas, lo mismo que Anaya, al parecer.

Pero todos han vivido del dinero público buena parte de su existencia. Unos vía tareas partidistas; otros, dentro de la administración pública. Eso es “trabajo” para los políticos y los tecnócratas. ¿O en qué trabajan?

No es por hacerle el caldo gordo a Meade, pero ciertamente el electorado debe saber la situación patrimonial e inmobiliaria de cada uno de los candidatos presidenciales: ¿Cuánto tienen en efectivo? ¿Cuánto en cuentas bancarias? ¿Cuántos inmuebles poseen? Cuántos muebles? ¿Cuántos negocios? Etc.

Y cómo lo han hecho. ¿Con dinero propio? ¿Con préstamos bancarios? ¿En sociedad con quiénes? Y además es necesario saber a cuánto ha ascendido su sueldo, dieta, y todo tipo de ingresos en cada uno de sus cargos públicos, de representación popular, partidistas y privados.

También es menester conocer la situación patrimonial del cónyuge de los presidenciables. Porque últimamente en casos de corrupción de políticos, las esposas han resultado presta-nombres, cómplices y hasta “cerebros” en las actividades ilícitas.

Así mismo quienes aspiran a la Presidencia de México debieran hacer pública su declaración fiscal, para conocer cuánto declaran como ingresos y cómo lo gastan. Claro, independientemente de la fiscalización de los gastos de campaña.

En el caso de AMLO, llama la atención su permanente actividad política, incluyendo giras por todo el país, sobre todo en entidades bastión de su partido, Morena. Por lo menos lleva 12 años realizando proselitismo . Evidentemente, en los años electorales cuando ha competido a la Presidencia de la República, ha sido beneficiado con el financiamiento público otorgado por el Instituto Electoral.

¿Y cuándo no es año electoral? Se entiende que lo han financiado los partidos donde ha militado o donde participado en algún momento como, por ejemplo, el PRD, el PT y el desaparecido Convergencia. Y ese financiamiento es dinero público… ¿o lo proveen de otras fuentes?

También han aportado a la causa de AMLO legisladores federales y locales afines mediante “cuotas voluntarias”, según dicen.

Y aquí cabe preguntar: ¿Y los legisladores aportan esa cuota de su dieta? ¿O la toman del presupuesto de los Congresos? Ah, porque eso sí en tribuna los legisladores de izquierda se desgarran las vestiduras cuando debaten principios de austeridad y racionalidad del gasto público, pero bien que se benefician de erario vía presupuesto cameral.

Por ejemplo, en Oaxaca la bancada morenista se deshizo en declaraciones en contra del aumento de más del 50% al presupuesto del Congreso del Estado, pero ningún legislador de Morena ha dejado de cobrar puntualmente (además de su dieta legal), las cantidades por concepto de gestión y comunicación social, y demás.

Incluso, en el 2017 Morena presidió la Junta de Coordinación Política en el Congreso oaxaqueño en la persona de Irineo Molina, quien ahora es candidato a diputado federal. Y hasta el momento se desconoce un informe puntual sobre en qué se gastó peso por peso el presupuesto de aquél ejercicio fiscal.

Oaxaca es una entidad bastión de Morena…más bien de AMLO, pues sin éste, el partido sería puro membrete.

También hay empresarios que en su derecho creen firmemente en López Obrador, y seguramente algo habrán de aportar a su causa. ¿Cuánto? ¿Quiénes son? ¿Han sido aportaciones fiscalizadas?

En fin, Ricardo Anaya tiene el deber de explicar tanto a la militancia del PAN como a la ciudadanía en general cómo se gastó cada peso destinado al partido vía financiamiento público otorgado mediante el Instituto Nacional Electoral (INE); y incluyendo los “moches”.

Además hay dudas sobre de dónde salen sus ingresos como para haberle alcanzado para sostener a su familia viviendo en Estados Unidos, en zona residencial y a los hijos en escuelas privadas de calidad.

Claro, su familia ya vive otra vez en México gracias a la candidatura de Anaya; caso contrario seguirían residiendo en el país vecino, cuyo presidente odia a los mexicanos.

Y Meade debe informar cuánta fortuna acumuló como servidor público en dos sexenios mediante su sueldo, aguinaldo, bonos, etc. ¿Le daría pellizcos al erario?

En fin, los mexicanos están verdaderamente hartos de contribuir para el gasto público tal y como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero más bien contribuye para mantener a los partidos políticos, candidatos, servidores públicos, legisladores y “luchadores sociales”.

Porque obras y acciones de gobierno, se ve poco. ¿Desarrollo del país? Poquísimo.

Y la culpa es de todos los actores políticos.

Por cierto, en las 30 entidades donde habrá elecciones locales concurrentes, también es necesario que candidatos y candidatas digan públicamente y con pruebas de qué viven, porque, con sus honrosas excepciones, la mayoría pretende seguir viviendo a costa del dinero del pueblo.

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