Efectivamente, en su Proyecto de Nación el candidato a la Presidencia de la República de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador, plantea una reforma al artículo 102 de la Constitución Política para darse la facultad de designar al Fiscal General en caso de ganar las elecciones de julio próximo.

Tal como lo cuestionó su rival panista Ricardo Anaya Cortés durante el primer debate presidencial; al final del encuentro AMLO aceptó proponer que el Presidente de México nombre al Fiscal, pero de entre una terna de personas honorables.

Bien, que sean honorables. Lo que está en entredicho es devolverle al Presidente de la República la atribución de designar directamente al titular de la institución encargada de la investigación de los delitos y la persecución de los imputados.

¿No es un retroceso? Era la praxis priista, que tampoco cambiaron los panistas en los dos sexenios en que estuvieron en la Presidencia de México.

Fue hasta 2014, a los dos años del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, cuando el Congreso de la Unión reformó el artículo 102 constitucional para transitar de una Procuraduría a una Fiscalía General de la República como una institución con autonomía, cuyo titular ya no sería nombrado directamente por el Ejecutivo con posterior ratificación del Senado.

Vía dicha reforma, en el Senado queda la facultad de designar al Fiscal, aunque el Presidente de México le seguiría dando un visto bueno. Veamos resumidamente que establece el citado precepto constitucional en su apartado “A”:

“El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.”

El Fiscal durará 9 años. Y será electo mediante el siguiente procedimiento:

El Senado integrará una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los presentes, la cual enviará al Ejecutivo; si éste no la recibe en el plazo, remitirá libremente una terna para nombrar provisionalmente al Fiscal hasta la designación definitiva.

Una vez que el Ejecutivo reciba lista de 10 candidatos, dentro de los diez días siguientes formulará una terna de entre ellos y la enviará al Senado, el cual designará al Fiscal de entre las personas propuestas previa comparecencia de las mismas, también por las dos terceras partes de los senadores presentes.

Si el Ejecutivo no envía la terna, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista inicial. Y si el Senado no hace la designación en los plazos previstos, lo hará el Ejecutivo en base a la lista o la terna.

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo por causas graves establecidas en la ley. La remoción podrá ser objetada por el Senado, en cuyo caso el Fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones.

Así más o menos está la base del procedimiento para nombrar al Fiscal General, por cierto, en stop hasta después de las elecciones de julio próximo para evitar contaminaciones políticas y porque los senadores no se han puesto de acuerdo. ¿O ya?

Si no, apúrenle porque si AMLO gana la elección presidencial le dará reversa, porque en su Proyecto de Nación plantea lo siguiente:

“Reformar el artículo 102 constitucional para facultar al Presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación que el diverso 21 constitucional exige entre el ministerio público y las policías (a cargo, precisamente, del Poder Ejecutivo).”

No se precisa el procedimiento para designar al Fiscal, en el documento (colocado en su página web en la ventana “Proyecto 2018” http://proyecto18.mx/ eje “Impartición de Justicia”, tema “Fortalecimiento de la procuración de justicia” https://drive.google.com/file/d/1LYoi7vA-SbTujfHRP6hkyzWYgrwh06am/view)

Ni siquiera alude a una ratificación por parte del Senado.

Sería interesante conocer el proyecto de reforma al 102 constitucional para saber, además, cómo plantea AMLO garantizar una terna de personas “honorables” para designar de entre ellas al Fiscal; en base a qué requisitos y pruebas.

La Carta Magna ya exige lo siguiente: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 cumplidos el día de la designación, antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho, buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El cargo de Fiscal no solamente exige honorabilidad, sino también honestidad, ética y profesionalismo.

En fin, cabe preguntar: ¿Por qué López Obrador plantea regresarle al Presidente de la República la facultad de nombrar al servidor público encargado de procurar justicia?

Imagínense si solito Morena gana la mayoría absoluta del Senado; su propuesta pasará como mantequilla. ¿O los senadores morenistas se atreverán a llevarle la contraria como Presidente de México? Tal vez no, ¿en cuyo caso el país regresaría a los tiempos de la aplanadora practicada por el PRI?

Incluso, ¿sería el escenario si Morena junto con los senadores de sus aliados (PT y PES) consiguen la mayoría absoluta? ¿O petistas y pesistas jalarán cada cual por su lado?

Otro escenario: ¿Y si ningún partido alcanza la mayoría absoluta en el Senado? ¿Y si Morena solo o con sus aliados no consiguen la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales por sí mismos? Entonces, López Obrador tendrá que pactar con legisladores de otras filiaciones, incluidas la priista y la panista.

En fin, retomando la pregunta: ¿Por qué AMLO plantea regresarle al Presidente de la República la facultad de nombrar al servidor público encargado de procurar justicia?

¿Para tener dientes para inmediatamente de asumir el cargo de Presidente de la República, el Fiscal General nombrado por él empiece a abrir carpetas de investigación respecto de las conductas desplegadas por los servidores públicos salientes?

MEADE, “MAL ASESORADO”

Vaya que si tiene razón Andrés Manuel López Obrador al decir que quien le dio la idea a su contrincante José Antonio Meade Kuribreña para retomar el asunto de los departamentos “no le quería hacer un favor…”, pues las viviendas pasaron a poder de sus hijos y eran bienes que tenía con su esposa que falleció.

Tema que le sirvió a AMLO para mofarse de Meade, quien insistió en que el tabasqueño debía cumplir su promesa de regalárselos si conseguía probar que eran de éste; promesa hecha en el primer debate presidencial.

Y le dijo: “Lo que pasa es que se precipitó, está muy nervioso y también está mal asesorado porque lo empinaron, yo creo que es (Aurelio) Nuño, se quedó con las ganas de quedarse con lo que no es suyo, con lo que no les pertenece; entonces lo están mal orientando y mucho ojo Meade porque te quieren sacrificar, quieren los de la mafia del poder que te hagas a un lado para que se apoye a (Ricardo Anaya”.

Sí, Meade está mal asesorado; su campaña está mal conducida. En ello también tiene razón el ex gobernador y priista Ulises Ruiz Ortiz, quien ha insistido en que Meade haga ajustes en la coordinación de la campaña y en candidaturas al Congreso de la Unión, sobre todo al Senado vía representación proporcional.

Por lo pronto AMLO se desquitó de la tunda que le dieron sus rivales en el debate.

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