Tiene razón el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello: La próxima reforma debe simplificar tanta norma electoral.

Concretamente dijo: “Es necesario simplificar el sistema electoral; no es posible que en una elección en la que hay cuatro candidatos existan 25 formas válidas de votar…”

Y no solo eso, hay un sin número de horrores en la normatividad electoral, entre dobles candados, ambigüedades y falta de claridad, donde el propio Consejo General o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tenido que dictar lineamientos y criterios, respectivamente.

Por ejemplo, ante el apabullante resultado de las elecciones de julio pasado, diversos partidos políticos, pero principalmente el PRI, el PAN y el PRD impugnaron constancias de senadores de primera minoría haciendo una interpretación gramatical del artículo 56 de la Constitución Política General.

Reclamaban, entre otras situaciones, la asignación para el partido que encabezaba la segunda fórmula dentro de una coalición por haber obtenido más votos que el partido de la primera fórmula.

En cuanto a la propaganda de los partidos políticos y candidatos hay una inmensa laguna. Por un lado la ley prohíbe la calumnia y, por el otro, se privilegia la libertad de expresión, y todo da como resultado la proliferación de spots donde uno acusa de corrupto al otro, y viceversa.

Y ahí es donde se afianza el desencanto de la ciudadanía, sin más opción que votar por el menos corrupto. Aunque en las comunidades pobres y en los cinturones de miseria, gran parte de los electores votan por quien compra más caro el voto.

Y pululan las norma para sancionar infracciones a la ley o delitos electorales, pero ninguna eficaz. Por eso partidos y candidatos ni respetan, ni le temen a la normatividad electoral.

En fin, en México hay un “sistema electoral”, añadió Córdova Vianello, “que cada vez es más abigarrado, que cada vez es más barroco y que cada vez resulta más incomprensible para la mayoría de los actores de la democracia que son las y los ciudadanos”.

“La idea de tener un marco normativo tan robusto tenía la pretensión de acotar los márgenes de discrecionalidad de las autoridades electorales e inyectar certeza a las elecciones.”

Pero “es tiempo de valorar que eso no se consigue y que la hiperregulación lo único que provoca es una inflación de interpretación legislativa que provoca mayor litigiosidad, donde actores buscan ganar en los tribunales lo que no pudieron en las urnas”.

¡Tiene toda la razón! Y los actores políticos bien que lo saben. Incluso, Morena, en su corta existencia, ha sido un partido que se ha quejado de la complejidad de la norma electoral.

FACULTAD REGULADORA

Lo que ocurre es grave, porque la misma complejidad barroca del andamiaje jurídico electoral provoca, por otra parte, la discrecionalidad del INE y de los Organismos Públicos Electorales al emitir lineamientos. Tanto que a veces legislan.

Es hora de ir pensando también sobre la pertinencia de la amplia facultad reguladora que tiene la autoridad electoral administrativa. Hay ocasiones en las cuales resulta excelente, por ejemplo tratándose de emitir lineamientos a favor de los sectores vulnerables: Mujeres, indígenas y personas con discapacidad.

Pero en otras, de plano se pasan. Ejemplo cuando regulan todo lo relativo a coaliciones, donde más bien tiende a cumplir el capricho de los partidos políticos. Incluso, la autoridad les permite hasta registrar los convenios sin los nombres de los candidatos a fin de que éstos signa poniéndose de acuerdo tras vencer plazos.

CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS

Y nuestra legislación es tan ambigua que, por ejemplo, en las sanciones administrativas excluye a los servidores públicos. La autoridad electoral solamente puede determinar si tiene o no responsabilidad y turna el caso al superior jerárquico para que éste dicte el castigo. Ja.

Por supuesto, casi nunca sanciona. Dicho superior deja hacer y deja pasar. Y el INE, o los OPL en su caso, se convierten en el hazme reír de los servidores públicos. Ah, pero tratándose de éstos, entonces la autoridad electoral no ejerce su facultad reguladora.

Hay un claro ejemplo en el estado de Oaxaca: El Secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López, mandó a su jefa de prensa, María del Sol Cruz Jarquín, a cubrir la campaña de su hermano, Hageo, como candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza.

María del Sol fue asesinada como víctima colateral cuando “desconocidos” acribillaron a la candidata a segunda concejala de la planilla de Hageo, Pamela Terán.

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca recién resolvió confirmando el uso de recursos públicos; le impuso una multa de 20 mil pesos al candidato y en el caso del ahora ex servidor público, turnó el caso al superior jerárquico sin que haya visos de sanción.

COMPLEJIDAD

Tanta norma hace complejísima la materia, y eso no es bueno ni para los actores políticos, ni para la academia, ni para la República Mexicana. Y ni siquiera tanta ley quita del todo el amargo sabor de boca de la trampa por parte de los partidos políticos, o del exceso y discrecionalidad de las autoridades electorales.

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