Rosy RAMALES

Ayer el Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país.

Tales reformas consagran el derecho de ellas a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres: En la integración de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del gabinete del Ejecutivo y los ayuntamientos, incluso indígenas.

Los órganos autónomos y los partidos políticos también deberán guardar el principio de paridad, el cual, además, debe prevalecer en la designación o nombramiento de todo órgano público de los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal.

Así que la incorporación de las mujeres ya no será si quieren los hombres, sino será por mandato constitucional. Claro, falta el aval de la Cámara de Diputados Federal y de la mayoría de los Congresos Locales.

Pero no creemos que haya oposición a tan importantes reformas constitucionales, sobre todo cuando a partir de las elecciones concurrentes del 2018 hay más legisladoras gracias a las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Y las reformas son de tanta trascendencia que los Grupos Parlamentarios, en voz de sus coordinadores, Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Mauricio Kuri González, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera, del PRD, retiraron las reservas que tenían consideradas.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama también retiró sus propuestas de modificación. Y en nombre del PVEM, el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hizo lo propio.

Claro, se iban a ver pésimos si las propuestas de modificación eran contrarias al espíritu de las reformas constitucionales: Garantizar la paridad. Aunque a decir verdad, el pleno dejó ciertas rendijas por donde el principio constitucional se puede trampear. Ojalá sean subsanadas en las respectivas leyes secundarias.

Por lo pronto, tiene razón la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, al decir que con las reformas en materia de paridad sustantiva se empieza a escribir un capítulo histórico del constitucionalismo mexicano.

Así, la larga lucha de las mujeres ha cristilizado. Pero aún no termina, porque faltan cuando menos elementos esenciales como los siguientes:

Uno: Aterrizar en las leyes secundarias la paridad constitucional, sobre todo en el caso del Poder Judicial, que es donde se registra la mayor resistencia para que haya igual número de ministras y ministros, magistrados y magistradas, jueces y juezas; además del personal administrativo.

Concretar el principio en la integración de los gabinetes federal, estatal y municipal. Ah, cómo les cuesta trabajo a los gobernantes nombrar mujeres en la mitad de las secretarías; vaya, ni siquiera hay condiciones de igualdad en subsecretarías, direcciones y jefaturas de departamento.

Dos: Implementar y fomentar la cultura de la paridad en los municipios en general, pero sobre todo de sistemas normativos internos (usos y costumbres) donde se encuentra resistencia para la participación de las mujeres en los asuntos políticos y públicos.

Se necesitan programas en ese sentido, que en verdad permeen. No se trata de organizar foros, conferencias magistrales y talleres entre cuatro paredes con las mismas personas de siempre. Vaya, así solo se justifica el gasto y que se hace lo que no se hace.

Tres: Definir claramente en las leyes secundarias la paridad en gubernaturas; incluso, el tema amerita tratamiento aparte.

Cuatro: Pasar de la paridad cuantitativa, a la paridad cualitativa. Los líderes de los partidos políticos, postulaban a las mujeres allegadas a ellos (hijas, hermanas, esposas y demás) bajo el argumento de que no había mujeres para las candidaturas. Tal agandalle debe acabarse, y postular a las mejores así guarden parentesco con líderes políticos.

En fin, es larga la lista de elementos, factores, circunstancias, fenómenos, obstáculos, a vencer para aplicar plena y efectivamente el principio de la paridad de género.

Incluso, la esencia de varias de las reformas constitucionales ya estaban plasmadas en las leyes secundarias, sobre todo en lo relativo a la postulación de candidaturas. Y fueron plasmadas a punta de resoluciones jurisdiccionales.

Es justo reconocer que tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su integración anterior, y el Consejo General del INE han jugado un papel determinante en la lucha por alcanzar la paridad de género; contra viento y marea implementaron acciones afirmativas que luego los legisladores han incorporado al marco jurídico constitucional y legal.

La entonces magistrada Carmen Alanís fue vital en la lucha por la paridad de género.

Se va avanzando. Bien por el Senado. Aunque los plazos para implementar las reformas no son tan breves.

NO HAY MEDICINAS

Como el nuevo Gobierno Federal cree que todo mundo es corrupto, decidió centralizar la compra de medicamentos para los hospitales públicos de todo el país.

Sin embargo, al parecer aún no quedan las licitaciones ex profeso, por lo cual se avecina una crisis de grandes dimensiones: La escases de medicamentos.

De hecho empiezan a escasear, y son medicamentos difíciles de encontrar en farmacias.

En ese sentido, en redes sociales el doctor Roberto Molina escribió lo siguiente: “En el País no hay medicamentos para tratar algunos tipos de cáncer, no hay antirretrovirales para tratar el sida, se pararon las pruebas del tamiz neonatal, cerraron la clínica para pacientes con hemofilia, y hay crisis de efedrina, elemento básico para los servicios de terapia intensiva, cirugía y anestesiología.

“No hay presupuesto para algunas enfermedades respiratorias ni presupuesto para la investigación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y se suspendieron algunos estudios de laboratorio en el Instituto Nacional de pediatría…

“Pero si hay presupuesto para promover el Beisbol”.

Y no es un comentario, ni un temor aislado; más bien el tema está cobrando dimensiones generalizadas y alarmantes.

¿Podrían hacer algo los senadores y diputados federales?

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