Rosy RAMALES

Suena bien eso de devolverle al pueblo lo robado y crear hasta un Instituto ex profeso. Quizá parezca una medida populista del Gobierno Federal encabezado por el primer Presidente de México de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, siempre ha sido un anhelo de la mayoría de los mexicanos, a quienes no basta el seguimiento de un proceso penal en contra de las personas que habían hecho un patrimonio basado en actividades ilícitas; eran encarceladas, pero conservaban su peculio.

Bueno, han existido normas para incautar bienes de la delincuencia organizada, pero pasaban al Estado sin saberse a ciencia cierta el destino de los mismos.

Ahora AMLO ofrece una situación distinta: Los recursos y bienes incautados y recuperados vía la Ley de Extinción de Dominio serán destinados a financiar programas del gobierno, así como para apoyar a comunidades pobres del país.

Precisamente ese será el objetivo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde este martes fue nombrado director Ricardo Rodríguez Vargas. Esperemos que funcione y no sea una instancia burocrática más.

Habrá que conceder el beneficio de la duda.

Y como suele suceder frente a la novedad, hay diversas dudas. Por ejemplo, ¿solo se incautarán los bienes de las personas inmersas en la delincuencia organizada? ¿O también de aquellos delincuentes de cuello blanco, y que generalmente son servidores públicos?

En fin, la instrucción presidencial es que los bienes incautados “se traduzcan en obras, en hospitales, en escuelas, que sean de alto impacto para las zonas más marginadas del país”, así como para combatir las adicciones.

Y de entrada el Instituto hará tres subastas:

Una de 82 lotes de vehículos con un precio de salida de 28 millones de pesos; lo recaudado se destinará a los dos municipios más pobres del país y que se encuentran en el estado de Oaxaca: Santa María Zaniza y Santos Reyes Yucuná.

La segunda será de tres residencias y departamentos confiscados, cuyo valor aproximado es de 133 millones de pesos; lo que se recaude será para financiar la Estrategia Nacional de Combate a las Adicciones. También entrarán a la subasta propiedades que la Presidencia de la República tiene en Acapulco y Cozumel.

En la tercera, se subastarán joyas confiscadas; el dinero obtenido por éstas se destinará en acciones para comunidades de la Sierra de Guerrero.

Hay tanta pobreza en el país, que quizá no alcance para mucho. Pero por lo pronto en algo aliviará la situación de las comunidades más pobres del país, donde francamente es un vergüenza que existan políticos ricos y pueblos enteros viviendo en condiciones infrahumanas.

Es buena la intención del presidente López Obrador de devolverle al pueblo lo robado, como bueno es el propósito de canalizar los recursos a las zonas más marginadas. Lo reprobable sería darle fines electorales.

Y no precisamente por parte de AMLO, sino de funcionarios del Gobierno Federal, representantes populares y militantes en general de Morena con aspiraciones electorales, pues los pueblos pobres son tierra fértil para la producción de votos cautivos.

¿Cómo prevenirlo? Este es todo un reto.

EL NOMBRE

Por otra parte, es discutible el propósito de inscribir el nombre de los “delincuentes” en las obras y acciones realizadas con los recursos obtenidos de los bienes confiscados.

¿No atenta en contra de derechos humanos?

Incluso, afectaría moral y socialmente a la familia de tales personas, que en ocasiones son ajenas a las actividades ilícitas.


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