Rosy RAMALES

Nuestra Constitución Política General en su artículo 35 establece como derecho del ciudadano votar en las elecciones y consultas populares. Mientras en el 36, impone la obligación correlativa de votar en tales comicios y ejercicios de participación ciudadana.

Y en el artículo 38 prevé las hipótesis por las cuales los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre las cuales se encuentra: La “falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36…”

Por ejemplo, de la obligación de votar, enlistada en el 36.

Esa suspensión de derechos o prerrogativas es una sanción. Sin embargo, en México nunca se ha visto que a alguien se le sancione por incumplir la obligación de votar; es decir, por abstenerse de acudir a las urnas electorales a emitir su voto por alguna opción.

Sin duda, la falta de sanción motiva la indiferencia ciudadana en las elecciones populares; los altos índices de abstencionismo. Claro, las causas principales son la desilusión hacia los partidos políticos, candidatos y gobiernos de todos los colores; el hartazgo hacia los gobiernos corruptos y demagógicos, ya sean neoliberales o populistas.

En México hay quienes argumentan que el voto obligatorio no resolvería la falta de participación ciudadana. Pero también hay quienes sostienen lo contrario: Que sería una medida para incentivar el voto.

En mi opinión, el voto obligatorio abatiría los altos índices de abstencionismo, pues los electores deberán optar por alguna de las opciones electorales. ¿Qué sería a la fuerza? Sí, pero al principio; después sería el cimiento de una cultura de participación ciudadana, amén de los ejercicios de educación cívica realizados por las autoridades electorales.

En otros países existe el voto obligatorio, y quien incumple se hace acreedor a una multa alta y a la suspensión de sus derechos políticos durante seis meses o un año; además, en ese lapso, le inutilizan la credencial para votar como identificación oficial.

De ese modo han incrementado los índices de participación ciudadana en las urnas electorales y el gasto electoral no se va al bote de la basura.

Pero en México ocurre lo contrario, salvo cuando hay elecciones altamente competidas como por ejemplo las celebradas en el 2018; entonces el electorado se volcó en las urnas.

Y miren, en nuestro país la obligación de votar existe; está en la Constitución General y en las Constituciones Locales. Entonces ¿por qué no se hace efectivo? ¿Cuál ha sido la razón de mantener dicha obligación constitucional como letra muerta? Es incierto.

Tal vez haya obedecido al temor del otrora partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), a que le arrebatarán su hegemonía mediante la alta concurrencia en las urnas electorales; siempre le convino el abstencionismo.

Pero ahora gobierna Morena, un partido que dice buscar la transformación democrática del país; un cambio en lo político, económico, social y cultural; y en su Declaración de Principios se manifiesta a favor de una “auténtica democracia participativa”; entonces que empiece por aplicar las normas constitucionales para hacer efectiva la obligación de votar.

Caso contrario, tanto las elecciones como las consultas populares, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato siempre estarán empañadas por el abstencionismo, hasta cuando venga otra ola de hartazgo hacia el partido en el gobierno.

Si la obligación de votar ya existe en nuestra Constitución y la sanción correlativa también, pues aplíquenla. No hace falta una ley reglamentaria para obedecer la Carta Magna.

No obstante, pueden establecer de manera específica el voto obligatorio en la próxima reforma electoral de la ley secundaria. La que viene, incluso, es una reforma integral; hay cientos de iniciativas para modificar las reglas electorales en diversos temas.

Es más, en los archivos muertos del Congreso de la Unión descansan iniciativas sobre el voto obligatorio; ¡revívanlas!

Por ejemplo, en la Legislatura Federal anterior, la entonces senadora panista Sandra Luz García Guajardo propuso hacer obligatorio el ejercicio del voto para los ciudadanos mexicanos, con el fin de que las autoridades electas obtengan la legitimidad necesaria para ocupar los cargos de dirección política en el país.

Claro, es importante. Por eso, en una columna anterior aludimos a la pírrica legitimidad de quienes resultaron electos gobernadores en Baja California y Puebla, los morenistas Jaime Bonilla Valdez y Luis Miguel Barbosa Huerta, respectivamente, en una jornada electoral donde se enseñoreó al abstencionismo; la participación ciudadana arañó apenas el 30%, aproximadamente.

En fin, en aquella iniciativa, Sandra Luz proponía sancionar a quien incumpliera su obligación de votar con la suspensión de la credencial para votar como documento de identificación oficial por un periodo de un año, y en caso de reincidencia, la suspensión sería por el doble del tiempo.

Ella consideró que con la aplicación de sanciones se puede lograr una cultura de participación, hasta que se logre la concreción de la responsabilidad y madurez política como ciudadanía.

Claro, tiene razón.

Ojalá hubiera en la actual Legislatura del Congreso de la Unión un legislador o una legisladora con visión de Estado para promover hacer efectivo el voto obligatorio en México; un legislados o una legisladora ya sea de los partidos de la “Cuarta Transformación” o de cualquier otro.


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Rosy RAMALES