Rosy RAMALES

A pesar de las críticas más ácidas de diversos sectores de la sociedad, está visto el descarado desacato de los diputados del Congreso de Baja California a la Constitución General de la República al exhorto del Congreso de la Unión para dejar sin efecto las reformas para ampliar el periodo del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Como bien lo dijo Porfirio Muñoz Ledo es “una ruptura con la Federación”.

Y ni así ha habido una acción contundente ni por parte de la Cámara de Diputados Federal ni por parte del Senado, en contra de la llamada “Ley Bonilla”; por el contrario, los líderes de las bancadas de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal Ávila, solo se han limitado a referirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el órgano competente en materia de constitucionalidad.

Palabras más, palabras menos. Igual que el senador Martí Batres.

Incluso, sus palabras han sonado a cierta burla, así como queriendo decir que a sabiendas del insolente desafío al Pacto Federal por parte de los diputados bajacalifornianos, como Congreso de la Unión no harán nada porque nada pueden hacer legalmente, y mucho menos de manera política porque es línea.

Y la duda crece ante el silencio del Presidente de México y líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador…bueno, silencio precisamente no, porque de algún modo ha aludido la competencia de la Corte y de los partidos políticos, así como a la autonomía del Congreso de Baja California.

Pero precisamente es lo inquietante.

En fin, no es con llamados a misa como se resolverá la grave afrenta del Congreso bajacaliforniano, sino con acciones contundentes ejerciendo los recursos establecidos en la propia Constitución General.

Pero con responsabilidad, no haciendo la finta, ni con ignorancia. Porque ello solo acarrea el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; deben cumplirse los supuestos procesales para presentar la controversia o la acción de inconstitucionalidad.

Tampoco se remedia con declaracionitis. Vaya, los partidos políticos opositores a Morena hasta el momento solamente se han concretado a declarar que preparan sendas acciones de inconstitucionalidad sin que hasta el momento se tenga la certeza de la efectiva presentación de las mismas.

Si fuera el caso, tanto los diputados de Baja California como el propio gobernador deberán ser enjuiciados políticamente si llegan a consumar que Jaime Bonilla rinda protesta por un periodo de 5 años y no de 2, como fue electo en los comicios de este año.

Preocupa, asusta, el desafío al Pacto Federal por parte de los legisladores bajacalifornianos. Igual que éste provenga de la iniciativa de Morena; partido que en noviembre llegará a la gubernatura de aquella entidad, y que detenta la Presidencia de México y gobierna en buena parte de la geografía del país.

Entonces, ante el desgano de los líderes nacionales y morales de Morena de frenar de una por todas el atraco constitucional bajacaliforniano, ¿qué se intenta en el fondo?

En un reciente tuit, Marco Antonio Baños, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó entrever los riesgo, que no solo él observa, sino la mayoría de los mexicanos.

@MarcoBanos dijo: “Debemos cerrar paso a tentación reeleccionista. El Congreso local evadió el exhorto del Congreso nacional. Es tiempo de la Corte. Como ciudadanos debemos exigir respeto a la ley. BONILLA fue electo por 2 años y no 5 años. La voz de los ciudadanos en las urnas debe respetarse.”



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Rosy RAMALES