El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) Leonardo Valdés afirmó que en septiembre pasado, promovió una denuncia ante la Contraloría General del órgano electoral por duda fundada ante el pago irregular de impuestos, además de la compra en régimen de condominio de un edificio ubicado en Avenida Acoxpa, entre otras inconsistencias.
En entrevista Valdés confirmó el dato del contralor Gregorio Guerrero, quien el 2 de mayo comentó a EL UNIVERSAL su extrañeza porque las autoridades del IFE pasaron en un lapso de seis meses de denunciantes a defensores de una serie de irregularidades relacionadas con dicho inmueble, el cual, según la Contraloría fue adquirido en cinco veces su valor.
Reconoció la labor del contralor Guerrero, pero aclaró que como todo funcionario de fiscalización, está obligado a ser una autoridad muy discreta en su actividad, porque “no me parece que estos asuntos deban ventilarse en medios externos a la institución”.
Comparó una auditoría con una película, en la que como muchos “soy un espectador de ese proceso, quizá un poco más cuidadoso porque conozco la ley y cuáles son las etapas y los procedimientos y porque debemos dar pie a que el contralor haga su trabajo, que no esté en la vitrina o se ejerzan presiones o que se lleve a cabo una situación inadecuada. En los largometrajes, debemos de tener paciencia y no adelantar vísperas para no lesionar el prestigio y probidad de las personas, con información parcial en el tribunal de la opinión pública”, subrayó Valdés.
—Con miras a 2012, el IFE trae varios frentes abiertos: Acoxpa, el llamado cochinito y otras auditorías, ¿esto empaña su labor?
—No, yo creo que no. Rechazo categóricamente que se trate de un cochinito, (Fondo de Modernización Inmobiliaria conformado por más de 348 millones de pesos) de recursos que van a ser utilizados para fines diversos a los intereses del IFE, porque estamos comprometidos con la austeridad. Ese dinero, vamos a invertirlo para gastar menos en rentas, que suman 250 millones de pesos anuales. Me aparto de quienes piensan que hay algo turbio.
—Sobre Acoxpa, el IFE presentó una denuncia por duda fundada de algunas irregularidades en la compra de un inmueble que según la Contraloría costó cinco veces su valor, ¿usted estuvo informado de eso?
—El secretario ejecutivo (Edmundo Jacobo) presentó esa denuncia (24 de septiembre de 2010) y por supuesto que yo estaba enterado que la dirección ejecutiva encontró algunas cuestiones que llamaron a una duda sobre los procedimientos de adquisición del inmueble. Él me rindió un informe y mi instrucción fue que se presentara una denuncia, en medio de una auditoría para que la Contraloría tuviera esos datos para su análisis y llegue al fondo de las investigaciones sobre la adquisición de ese inmueble. Sé a detalle de qué información se presentó a la Contraloría.
—¿Qué elementos tenían para tener una duda fundada sobre la compra en Acoxpa?
—Como recursos que se pagaron al notario (12 millones de pesos) por impuestos, pero el IFE, por ser un órgano autónomo, no estaba obligado a cubrir dicho gravamen. Ese descubrimiento nos llevó incluso, a iniciar una querella en su contra, además de la compra en régimen de condominio. Seguramente hay información que el contralor hallaría en el desarrollo de la auditoría, pero a me pareció que lo congruente en términos institucionales era que si ya teníamos esa información, la pusiéramos a su disposición para ahorrarle que se profundizara en esas investigaciones.
—¿Hay funcionarios sancionados?
—No. A lo mejor nos cuesta trabajo entender, pero debemos ser muy cuidadosos y didácticos en lo que transmitimos al pueblo de México. Las auditorías son procesos y nosotros estamos obligados a transparentarlos, sólo después de que la institución tiene la oportunidad de responder, el contralor llega a una conclusión y si encuentra presuntas irregularidades entonces se inicia un proceso administrativo sancionador y ahí ya se habla de personas, pero aún esa etapa, ellos tienen la posibilidad de presentar pruebas de descargo y hasta después, el contralor tiene las facultades legales para imponer las sanciones correspondientes.
—Ha hablado esto con el contralor…
—En público y en privado he comentado al contralor que para la presidencia del Consejo General del IFE es muy importante que estas investigaciones lleguen al fondo de los asuntos y que si se descubre que cualquier persona cometió un acto ilícito, se benefició de estas adquisiciones…para decirlo con claridad: si el contralor demuestra que aquí hay corrupción, es importante que lleve a cabo los procesos sancionadores, porque la presidencia del IFE está comprometida con la probidad de esa institución y no vamos tolerar que ningún funcionario que haya cometido un acto de corrupción, permanezca impune en esta institución, pero tampoco podemos sospechar que todos los funcionarios sean corruptos y que todos se aprovechan del uso de los recursos, porque eso no es cierto. Si acaso alguien que se ha aprovechado, será la excepción y si lo es, deberá ser sancionado rigurosamente en términos de ley.
—El Contralor aclaró a EL UNIVERSAL que no todo el IFE es corrupto pero sí dijo que autoridades como consejeros, “no han querido dar el paso que consolide su credibilidad”.
—Es una opinión que podría compartir, incluso, en el fondo de la reflexión, no sobre los consejeros, sino sobre el IFE. Cuando fue creado el IFE, el presidente era el secretario de Gobernación en un régimen distinto con diversas consecuencias: sus sistemas administrativos eran de finales de los ochenta y muchos de ellos no se han modernizado. Cuando llegué, hice un análisis y me encontré que sus sistemas no se actualizaron, como su capacidad de organización que convoca a millones de ciudadanos o el Servicio Profesional Electoral. Creo que por eso se nombró una Contraloría, para que juegue un papel relevante en la modernización del IFE. No sé si el contralor habló sobre la responsabilidad administrativa del IFE.
—Así fue la respuesta…
—No lo sé. Lo trascendente es que no hay responsabilidad de los consejeros en lo administrativo, sino de la Junta General Ejecutiva, a la que habría que señalar si no se ha modernizado la institución. Ahí hemos generado ahorros, pero estos asuntos siempre son debatibles. Soy respetuoso de todas las opiniones y bienvenidas las observaciones del contralor, sus propuestas preventivas, su actividad y su participación en la Junta para que haga observaciones, para eso está ahí presente, por eso tiene voz en esa instancia, para que pueda opinar sobre los proyectos y dar su punto de vista y nos ayude a modernizar al IFE.
—Cuándo recibió usted el informe de la contraloría, porque hay consejeros que afirman que lo conocieron hasta la sesión del 27 de abril pasado, cuando se entregó el 28 de febrero
—Sí, en los términos que establece la obligación que tenía el contralor de entregar su informe a la presidencia antes de que concluyera febrero.
—¿Y cuándo lo distribuyó entre los consejeros?, ¿horas después?
—Mi obligación es presentar el informe del contralor a la sesión del Consejo General y por la relevancia de estos informes es llevarlos a sus sesiones ordinarias. Fuera del proceso electoral, se llevan a cabo cada tres meses, la sesión ordinaria anterior fue en enero, por lo que lo presenté en abril, ese es el hecho concreto y preciso. Lo que sucedió entre ese momento y la presentación es una lamentable historia a la que no me quiero referir porque no tiene ninguna consecuencia jurídica y del trabajo colegiado del IFE. Entiendo que circuló en medios de comunicación antes de eso y lo lamento porque se enrareció el ambiente y disminuyó la posibilidad de que hiciéramos más profesional y profundo de esta situación, que creo, al final se logró con el informe del secretario ejecutivo sobre las mismas observaciones.
—¿Qué opinión tiene del trabajo del contralor?
—Creo que el contralor Gregorio Guerrero es un hombre con una larga experiencia. Viene a inaugurar nuevas prácticas en el IFE no siempre sencillas. De pronto, los funcionarios de la institución pueden encontrar que al ser auditados, están siendo vigilados y esto puede producir incomodidad. En el IFE debemos construir la cultura de la rendición de cuentas. He hecho llamados a los funcionarios para que sean serios y profesionales en la solventación y en la aplicación de los recursos, estamos obligados a la total probidad. Como todo auditor o fiscalizador, también está obligado a ser una autoridad muy discreta en su actividad, no me parece que estos asuntos deban ventilarse en medios externos a la institución, el IFE tiene las instancias para ello con profesionalismo y objetividad y si al final de la película, detecta ilegalidades, deben ser sancionadas y publicitadas; lo importante es el funcionamiento institucional.
Agencia El Universal