En medio de la más escandalosa corrupción inédita, sin precedente, en la historia política de Oaxaca, uno de los mayores pecados capitales del gobierno de la esperanza trocado en desgobierno de la desesperanza se da, sin duda, en materia de educación y salud.
Y es un pecado mortal históricamente en lo económico, político y social, porque además de los probables delitos que penalmente implican estas acciones, no de otra manera puede calificarse robar el presupuesto destinado a la atención de los pobres entre los pobres.
Sin un significado ofensivo o discriminatorio, una de las peores acciones humanas es joder a los jodidos, máxime cuando entraña los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, es decir abusando de la extrema miseria desde una posición de poder político o económico.
Es indispensable precisar que estos crímenes no los cometen única y exclusivamente los gobernantes, servidores públicos y políticos en su inmensa mayoría, sino también sus familiares, amigos, compadres, socios y finalmente cómplices disfrazados de honorables empresarios.
Éste es el caso concreto del asqueroso saqueo del multimillonario presupuesto del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca, mejor conocido como Seguro Popular, por una de las mafias familiares que se enriquecieron a más no poder en la administración saliente.
Cimentaron el poder y fuerza política en la amistad desde la niñez y en el posterior compadrazgo con el gobernador Gabino Cué Monteagudo. Su estructura y ‘modus operandi’es literalmente el de las famiglias mafiosas, cuya lealtad y complicidad se basa en lazos de sangre.
Como padrino visible de esta mafia familiar aparece públicamente en el saqueo multimillonario del Seguro Popular Juan José Álvarez Candiani y Salvador Monroy Rodríguez, primo hermano y cuñado del ex líder nacional de Coparmex y del Concejo Coordinador Empresarial.
Este negro historial convierte a Juan José y a Salvador al lado de Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos en candidatos naturales a terminar en prisión, si y solo si, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decide aplicar la ley en materia de anticorrupción.
Lamentable y dolorosamente, la escandalosa corrupción en el Seguro Popular, no terminó con la destitución, sin consignación, del cuñado incómodo, sino que ha continuado con su sucesor en la dirección del Sistema de Protección Social en Salud de Oaxaca, Rogelio Hernández Cázares.
Éste último, de origen regiomontano, compañero de banca de Gabino Cué en la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es uno de los ‘pozoleros financieros’, encargado de borrar evidencias de la escandalosa corrupción.
Sin perder el sentido del humor negro bien pudiéramos llamar a esta labor de destrucción de pruebas incriminatorias ‘Operación Gato’, porque al igual que los felinos o siguiendo el ejemplo de éstos, al igual que ocurre en los Servicios de Salud de Oaxaca echan tierra al excremento.
Rogelio Hernández Cázares, es un eficaz y eficiente operador financiero del fallido gobierno del cambio, inteligente y preparado como el propio gobernador, aunque equivocadamente se tenga la impresión generalmente contraria del mandatario oaxaqueño en quienes no le conocen.
Trabajadores del sector salud de la región Costa tomaron las instalaciones del Seguro Popular en la capital oaxaqueña para protestar por el incumplimiento de los acuerdos con las autoridades correspondientes.
Los trabajadores inconformes exigen el pago de uniformes correspondiente al año 2016, el pago a terceros institucionales y no institucionales y, la distribución de medicamentos e insumos por parte del Seguro Popular.
Asimismo, exigen la renuncia del director del Sistema de Protección Social en Salud de Oaxaca conocido ampliamente como Seguro Popular, Rogelio Hernández Cázares, y la realización de una auditoría a su administración.
El pasado 30 de septiembre, un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos protestaron también en esas oficinas para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y el desabasto de medicamentos e insumos en hospitales y clínicas del estado.
Los trabajadores inconformes han acusado a Rogelio Hernández Cázares de abrir cuentas bancarias para desviar los recursos públicos federales y de adquirir “bienes patrimoniales de lujo”. Es necesario que formalicen legalmente sus denuncias con las querellas respectivas.
Y sí el saqueo es asqueroso en el Seguro Popular en particular y en general en el sector salud, es peor en el sector educativo en el que los dos hoyos negros gigantes de la corrupción son los miles de aviadores y muertos que han cobrado por más de 30 años. Son miles de millones.
Los gobiernos han apostado a la total impunidad por el desorden burocrático de la federación, por lo que difícilmente se puede saber con toda precisión el monto real de los miles de millones de pesos robados en el viejo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Indispensable es que los oaxaqueños exijan al PRI-gobierno que se siga lavando la cara en el supuesto combate a la corrupción que ha iniciado con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Oaxaca con los más cercanos amigos y colaboradores de Gabino Cué.
Difícilmente el PRI-gobierno se atreverá a sentar en el banquillo de los acusados a Cué Monteagudo, a pesar de la responsabilidad legal y política que le resulta, por los grandes servicios que ha prestado para aplicar la Reforma Educativa en Oaxaca al romper con la CNTE.
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