Tiene razón el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Federal, Francisco Martínez Neri, cuando dice que: “La deportación del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa, de Guatemala a nuestro país, es el primer paso de un proceso que debe terminar con una severa sentencia por los malos manejos en su administración pública”.
Debe ser una sanción ejemplar, acompañada del decomiso de sus bienes para con ellos retribuir al pueblo de Veracruz por el saqueo a su erario por parte del ex mandatario emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de donde ya fue expulsado.
Y a toro pasado; lo ideal hubiese sido echarlo de las filas priistas cuando inició con el desvío de recursos, tráfico de influencias, manejo de dinero de procedencia ilícita y demás delitos por los cuales fue denunciado.
Pero no. Duarte hizo y deshizo a placer quizá con la complicidad de cuadros priistas de primer nivel. Por eso mismo cabe preguntar: ¿Cuántas campañas político-electorales habrá financiado como Gobernador de Veracruz con recursos públicos? ¿Solamente en su entidad natal o en otras entidades federativas? ¿Nada más campañas priistas o de distintas filiaciones?
La complicidad pudo haber hecho posible su huida.
En fin, el caso es que Javier Duarte de Ochoa ya está en México, en un penal de alta seguridad para seguir su proceso hasta que le dicten sentencia por los delitos tanto del fuero federal como del fueron común que se le imputan.
No obstante, su detención y extradición no terminará con la corrupción en nuestro país, como bien dice la senadora perredista Dolores Padierna.
Pero tampoco terminará con la detención de la esposa del ex gobernador veracruzano, Karime Macías, quien “huyó a Europa a ojos de todas autoridades, a pesar de ser señalada como cómplice y presunta prestanombres en el desvío de fondos de Javier Duarte”. Ni con la aprehensión de los demás cómplices.
Simple y sencillamente porque el sistema político está podrido, corrompido en sus entrañas. Y de ese sistema forman parte no solamente el PRI, sino todos los partidos políticos y hasta los ciudadanos empezando por aquellos a quienes han invitado a integrar órganos autónomos; con sus honrosas excepciones.
Y “la corrupción empieza en las elecciones”, como bien escribió la perredista Beatriz Mojica Morga en uno de sus artículos difundidos en el periódico El Universal.
Para no ir tan lejos, ahí está el caso más reciente: El rebase del tope de gastos de campaña por parte de los candidatos a gobernador de Coahuila, que encontró el Instituto Nacional Electoral (INE).
Para la alianza “Por un Coahuila Seguro”, encabezada por Miguel Riquelme del PRI, contabilizaron 20 millones 800 mil pesos de gastos, lo que representa un rebase de un millón 600 mil pesos, equivalente a 8.27%.
Para la “Alianza Ciudadana por Coahuila”, encabezada por Guillermo Anaya del PAN, los gastos llegaron a los 20 millones 200 mil pesos, que significa 997 mil pesos más del tope de gastos, y rebasa el 5%.
Y eso que, al parecer, el INE restó el supuesto gasto en pagos a los representantes partidistas ante las mesas directivas de casilla, lo cual aún está en veremos.
Por supuesto, tanto el PRI como el PAN alegan no haber rebasado los topes y han bombardeado con todo tipo de papeles al INE, donde los consejeros electorales dan treguas, revisan y vuelven a revisar quizá para ajustar la contabilidad de los partidos.
Los respectivos dictámenes ya fueron avalados por el Consejo General del INE, y ahora falta ver quien pide la nulidad de las elecciones de Coahuila por la causal constitucional de rebasar el gasto de campaña en más del cinco por ciento; claro, habiéndose cumplido también los extremos exigidos en la Carta Magna y en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Si fuera el caso, ya veremos a los partidos cabildeando con los magistrados electorales, y éstos (con sus excepciones) analizaran conforme los padrinazgos partidistas y otros compromisos. ¿O no?
Y no solo es el exceso en el gasto de campaña, sino es también saber de dónde salió el dinero gastado en demasía.
En fin, el caso salió para ilustrar que la corrupción en México no termina con el caso Javier Duarte de Ochoa, pues es un problema de fondo en nuestro país. Tanto que ahora pululan los ex gobernadores acusados de desvío de recursos, tráfico de influencia, manejo de dinero de procedencia ilícita, delincuencia organizada, etc.
Y la Conago se ha convertido en refugio de mandatarios de dudoso proceder.
CASO GABINO CUÉ
El gobierno del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, es otro ejemplo de los niveles de corrupción en México, emanado de una coalición de partidos conformada por el PRD, el PAN, el PT y el entonces Convergencia.
La nueva administración estatal encabezada por el priista Alejandro Murat Hinojosa encontró un estado con la economía colapsada, según la propia versión oficial. Y las autoridades correspondientes apenas han procedido en contra de quien fuera el Secretario de Salud gabinista, Germán Tenorio.
Mientras la Comisión Permanente Instructora del Congreso local no encontraba el domicilio de Cué para emplazarlo para contestar la denuncia de juicio político existente en su contra.
Pero ya la encontró, y ordenó emplazarlo para que en un plazo de siete días conteste.
Como es sabido, diversos actores presentaron denuncia de juicio político en contra del ex mandatario coalicionista, entre ellos el senador del PT, Benjamín Robles Montoya, quien fuera su brazo derecho al principio de su gobierno en el sexenio anterior.
Los denunciantes acusan al Cué de desvío de recursos públicos durante su administración como Gobernador de Oaxaca; cargo al que llegó impulsado por una coalición de partidos integrada por el de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Convergencia.
Según los denunciantes el gobierno de Cué habría desviado alrededor de 30 mil millones de pesos.
Cabe recordar que la Comisión Permanente Instructora de la actual LXIII Legislatura local solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe del estado que guardan los procedimientos administrativos sancionadores por probable quebranto patrimonial al gobierno de Oaxaca en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, además de los que se hayan iniciado en 2015 y 2016.
Caray, y uno se pregunta: ¿Por qué cuando se trata de un ex gobernador juzgarlo es tan lento?
Dato curioso: Una diputada priista mantenía resistencia al juicio político en contra de Cué.
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