La Cámara de Diputados reformó la Constitución para obligar al Presidente de la República a publicar todas las leyes, modificaciones o decretos que apruebe el Congreso.
Se trata del llamado “veto de bolsillo” con el que actualmente, el Presidente de la República puede congelar leyes que le envíe el Congreso de la Unión ya sea por decisión personal, conveniencia o estrategia.
En San Lázaro apenas se logró el quórum requerido para votar con 337 (de 333 necesarios) la reforma constitucional, y obligar al Ejecutivo a que recibida una ley o reforma la observe, de ser el caso, en los 30 días siguientes, y si no, 10 días después se dará por publicada y entrará en vigor. La reforma pasará a los 31 congresos locales para su ratificación.
La bancada del PAN en la Cámara baja votó a favor, pero su vicecoordinador Carlos Alberto Pérez pidió al pleno legislar sobre la iniciativa preferente que obligaría al Congreso dictaminar las propuestas del Ejecutivo en un plazo determinado, de no hacerlo, se darían como aprobadas y entrarían en vigor.
La Comisión de Puntos Constitucionales consideró que actualmente el derecho de veto se considera, desde el punto de vista parlamentario y constitucional, como aquella atribución del Presidente de la República para filtrar la ejecución de leyes, y como un escudo protector contra la invasión de facultades.
Agencia El Universal