A propósito de la conmemoración, mañana 28 de septiembre, del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) exigió al Estado mexicano despenalizar el aborto en todos los estados de la República, garantizar la instrumentación de las causales legales (así como servicios de aborto legales y seguros) y erradicar “el clima de persecución que hay en contra de las mujeres que requieren ser atendidas por una emergencia obstétrica o por aborto en los servicios de salud”.
En México, según datos de la Secretaría de Salud federal, entre 1990 y 2012 murieron 2 mil 109 mujeres por causas de aborto, de un total de 28 mil 961 muertes maternas, mientras que entre 2000 y 2012 las hospitalizaciones por esa causa han ido en aumento, al sumar un total de un millón 339 mil 330 mujeres atendidas en hospitales de la Secretaria de Salud en el país, lo que representa el 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva atendidas.
En un pronunciamiento emitido este sábado, la Alianza –conformada por diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres- también demandó que las instituciones públicas respeten el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad en los casos permitidos por la ley y que la clase política “deje de anteponer sus creencias religiosas e intereses particulares a su función pública, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres”.
El aborto inseguro es un problema de salud pública que genera cerca de 47 mil muertes al año en todo el mundo, equivalentes al 13 por ciento del total de las muertes maternas.
Las organizaciones feministas alertaron también sobre el hecho de que dichas tendencias al alza en las hospitalizaciones se observan en todos los grupos de edad —incluyendo adolescentes muy jóvenes— y en todas las entidades federativas, con la única excepción del Distrito Federal.
En la capital del país, a siete años de la despenalización, “se ha observado una clara tendencia descendiente en las tasas de hospitalización por aborto”, destacaron.
INF./TELEFONO ROJO
El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos Humanos, ambos organismos de Naciones Unidas, han señalado que la restricción total del aborto viola los derechos humanos de las mujeres.
En 2012, el Comité CEDAW recomendó a México armonizar las leyes de modo que no sean discriminatorias y que se garantice el acceso al aborto legal como un servicio de salud. Desde 2011, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano son parte integral de nuestra Constitución.
“Sin embargo, las autoridades mexicanas no cumplen con lo establecido en dichos tratados y no hay mecanismos que vigilen y sancionen este incumplimiento”, advirtió la Alianza.
“En el Distrito Federal, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación se ha implementado a través de servicios públicos que han demostrado ser aceptables, accesibles, disponibles, seguros y de calidad: entre las más de 128 mil mujeres atendidas hasta la fecha en el marco de la ley, no se ha registrado ninguna defunción. También se han abierto servicios privados que pueden ofrecer atención de calidad”.
En el resto del país, sin embargo, se permite el aborto sólo bajo ciertas causales, que varían de una entidad federativa a otra.
“Aun en los casos permitidos por la ley, el acceso a servicios seguros de aborto es restringido, debido a que las mujeres desconocen sus derechos, a que los servidores públicos y personal de salud anteponen sus prejuicios a sus obligaciones éticas y profesionales, y a que los tomadores de decisiones, en todos los niveles, evaden su responsabilidad ante el ejercicio efectivo del derecho a un aborto legal”, señalaron.
Lo anterior ocasiona que muchas mujeres, en especial mujeres de bajos recursos y en situación de marginación, tengan que recurrir a un aborto inseguro y clandestino, poniendo en riesgo su salud, su vida y su libertad.
“Las barreras de acceso al aborto legal y seguro son un tema de justicia social puesto que en México los derechos más vulnerados suelen ser los de las mujeres de bajos recursos”, advirtieron, además de que “la penalización del aborto y la criminalización de las mujeres generan estigma y discriminación, los cuales se traducen en consecuencias adversas en el entorno social, laboral y familiar de las mujeres”.
