Sería altamente positivo para la salud de la República que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliara sus investigaciones por corrupción a los funcionarios del Gobierno de Oaxaca, cuyos casos son verdaderamente escandalosos.
La única opción que queda al presidente Enrique Peña Nieto para mejorar su pésima imagen ante el pueblo de México es combatir, ahora sí, de manera eficaz, eficiente y efectiva, la escandalosa corrupción que tanto ha dañado a su gobierno y al país todo.
Esta decisión reviste singular trascendencia a la luz de la perversa maniobra legaloide de simplemente inhabilitar a los funcionarios corruptos, a efecto de garantizarles total impunidad y que disfruten sin ningún problema su riqueza mal habida.
Recientemente, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Oaxaca confirmó 142 casos de inhabilitación durante la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo y 5, 629 funcionarios sancionados.
La simple inhabilitación, sin obligar a los servidores públicos involucrados en acciones de corrupción a devolver los recursos públicos robados, es una sanción muy cómoda para ayudar y proteger a los familiares, amigos, compadres y seguramente socios.
Uno de los casos más sonados es la inhabilitación por trece años que la Contraloría impuso a Germán Tenorio Vasconcelos, ex secretario y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. El ex cercano colaborador del gobernador Gabino Cué, no podrá desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios.
Y usted cree, querido lector, que al médico Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos realmente importa que no podrá desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, cuando lo puede hacer en el gobierno federal.
Son de risa loca este tipo de perversas maniobras legaloides para garantizar total impunidad a los funcionarios corruptos. Recuerde que por sus actos de corrupción en la Secretaría de Gobernación con Diódoro Carrasco en la compra de doce aviones y compras sin licitación, fueron inhabilitados varios funcionarios que se refugiaron en el gobierno de Gabino Cué.
Los casos más conocido son los de Jorge Enrique Castillo Díaz, ex jefe de la Oficina de la Gubernatura y ex representante del Gobierno de Oaxaca en el DF, así como el de Gerardo Cajiga Estrada, ex secretario de Finanzas con Gabino Cué.
Asimismo, la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, inició cuatro nuevos procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria contra Tenorio, en la que se le atribuye un probable daño al erario federal por un monto aproximado de 87 millones de pesos, así como de otras faltas administrativas en el ejercicio de su cargo.
Ante esta situación, al ex secretario de Salud, se le notificó personalmente de dichos procedimientos y se le citó para que comparezca a su Audiencia de Ley y aporte pruebas que considere conveniente para desvirtuar los señalamientos .
Los expedientes refieren que Tenorio Vasconcelos, como titular de los Servicios de Salud, contrató de manera irregular a su hija Daniela Tenorio Bernal, quien cubría una plaza y estaba comisionada para trabajar en un centro de salud con un salario de 4 mil pesos mensuales.
El otro expediente está relacionado con la adquisición de un avión privado en el 2014, tipo Cessna Aircraft con matrícula XB-LKO y número de serie 340-0230, presuntamente comprado por la Inmobiliaria Tenorio SA de CV y cuyo costo ascendió a 3.5 millones de pesos.
En el mismo caso de inhabilitación por diversas irregularidades se encuentra el ex secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra López, así como el ex director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), José Luis Pinacho Sánchez.
Otro de los funcionarios que está sujeto a proceso administrativo es el ex candidato a gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara Cruz, quien cuenta con cuatro procedimientos administrativos en su contra por el desvío de recursos, presuntamente hacia la campaña presidencial de Manuel Andrés López Obrador.
Hace menos de una semana, el jefe del SAT, el oaxaqueño Aristóteles Núñez Sánchez, confirmó que ese organismo audita a cinco gobernadores, entre ellos a Javier Duarte, de Veracruz, así como a diversos funcionarios de ese estado vecino.
Dijo que no puede mencionar quiénes son los otros cuatro gobernadores que están bajo investigación, ya que el artículo 69 del Código Fiscal le impide revelar los nombres y motivos por los cuales se está auditando: “No puedo darles más datos, pero en total son cinco los gobernadores que han sido o están siendo sujetos de auditorías”.
No es nada descartable que otros dos gobernadores en capilla por su escandalosa corrupción de la que se ha escrito mucho, de manera documentada, sean Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y César Duarte Jáquez de Chihuahua.
Hagan sus apuestas, queridos lectores, sobre quiénes son los otros dos gobernadores a los que el Servicio de Administración Tributaria investiga en este primer paquete de cinco mandatarios estatales todavía en funciones.
Comentó que desde hace tres años y medio, el SAT ha implementado auditorías a servidores públicos, incluso a diputados y senadores, aunque evitó dar mayores detalles sobre las investigaciones contra la corrupción.
El alto funcionario de la Secretaría de Hacienda apuntó que los resultados de las investigaciones de los mandatarios estarán listos antes de que éstos terminen sus gestiones.
Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre si hay una fecha en específico, Núñez Sánchez dijo: “Tenemos 12 meses después de que inicia una auditoría. Si el sujeto tiene algunas operaciones de comercio exterior puede extenderse hasta 24 meses”.
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