Greenpeace denunció hoy ante los medios de comunicación el intento de Petróleos Mexicanos (Pemex) por acallar la protesta civil pacífica y la libertad de expresión al perseguir judicialmente a una de las activistas de esta ONG que realizó una manifestación pacífica en instalaciones públicas de la paraestatal.
“Pemex persigue por ‘daños’ a una de los seis activistas que el sábado 1 de marzo realizó una protesta pacífica para exigir al gobierno federal energías renovables. El resto de los activistas es acusado por las autoridades federales del delito de allanamiento de morada, mismos que no han sido comprobados”, aseguró en conferencia de prensa la abogada de Greenpeace, María Colín.
La paraestatal dirigida por Emilio Lozoya acusa “daños” a un reflector supuestamente provocados por la activista de Greenpeace, Rosina González, una luminaria que la PGR valúa en 78 mil pesos. Se trata de un delito que conlleva entre 4 y 10 años de prisión (1), no obstante, Pemex no ha comprobado fehacientemente la causa del supuesto daño ni el monto al que ascendería. La acusación de allanamiento de morada está en entredicho debido a que se trata de un edificio público, propiedad de todos los mexicanos, y no de una vivienda particular (2).
“Los cargos que se le imputan a nuestros activistas y en especial a Rosina González son absurdos y desproporcionados y deben ser retirados cuanto antes. Se trata de un intento por justificar la ilegal detención de la que fueron objeto los activistas. La denuncia de daños la presentó Pemex varias horas después de que los activistas habían sido detenidos por las autoridades sin justificación”, añadió la representante legal.
Rosina aseguró que “pedir energías renovables y manifestarse pacíficamente para exigir un mejor futuro para las generaciones presentes y futuras no es un delito”.
“En vez de que Pemex se ocupe en solucionar sus problemas de seguridad en las plataformas y por los daños ambientales que genera, se empeña en reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Son derechos consagrados en las leyes mexicanas y en tratados internacionales de los que México es firmante”, aseveró Héctor Magallón, director de movilización de Greenpeace.
El día de la acción 6 activistas de Greenpeace ingresaron a la torre de Pemex en el Puerto de Veracruz desde donde desplegaron una manta con el objetivo de exigir al presidente Enrique Peña Nieto que su propuesta de legislación secundaria para la reforma energética esté dirigida a cumplir con la meta de 35% de participación de energía proveniente de fuentes renovables, para 2024, como lo establece la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y para la Transición Energética.
Luego de esta actividad pacífica, y a pesar de no existir denuncia alguna ni mucho menos flagrancia, los activistas fueron detenidos por la Policía Naval y tras varias horas de detención ilegal en las instalaciones de dicha dependencia en Playa Linda, fueron trasladados a la delegación de la PGR en Veracruz, acusados presuntamente de haber causado “daños” y de un supuesto allanamiento de morada. El lunes, a la 1:00 de la madrugada, tras 28 horas de detención, y luego del pago de una fianza de cien mil pesos, los seis activistas fueron liberados.
Por los cargos de allanamiento de morada y daños, Greenpeace solicitó un amparo federal (4) que impida la detención de los activistas. Asimismo, la organización interpuso ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de las numerosas violaciones (5) a las garantías fundamentales de los activistas.
Entre los señalamientos realizados por Greenpeace se encuentran la violación y penalización del derecho a la libertad de expresión, la detención de que fueron objeto los activistas por 28 horas, ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial y sujetos a pagar una fianza para dejarlos en libertad al ser acusados de delitos que no han sido debidamente comprobados.
Greenpeace denunció ante la citada Comisión al agente del Ministerio Público federal de la mesa VI investigadora con sede en Veracruz, al coordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, al coordinador general de la Policía Naval en Veracruz-Boca del Río y al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR).
Exigimos que Pemex retire los cargos de “daños” contra Rosina González y deje de criminalizar la protesta y violentar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, las autoridades federales deben quitar los cargos de allanamiento de morada toda vez que dicha imputación no aplica en este caso al tratarse de un edificio público.
Actúa ya y entra entra al sitio www.greenpeacenocalla.org para exigirle al titular de Pemex, Emilio Lozoya, retirar los cargos contra Rosina y dejar de criminalizar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, replica esta denuncia en las redes sociales mediante el uso de los hashtags #PemexNoNosCalla y #GreenpeaceNoCalla.
