México, D.F.- Como parte de las acciones de inspección y vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras y en atención a la solicitud hecha por la Administración General de Aduanas (AGA), inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) adscritos al puerto de Altamira, Tamaulipas, identificaron y aseguraron un cargamento con 14.1 toneladas de residuos peligrosos que pretendían ser introducidos ilegalmente a México bajo fracciones arancelarias inexactas.
Cabe destacar que la misma empresa importadora que ahora intentó ingresar estos residuos peligrosos, en marzo de este mismo año pretendió introducir aproximadamente una tonelada y media de desechos electrónicos provenientes de la República del Perú, por lo que el personal de la Procuraduría que intervino en esa diligencia, inició entonces un procedimiento administrativo en su contra, el cual se encuentra en trámite.
Por estos desechos ahora asegurados en Altamira, también se abrirá el correspondiente expediente en la Delegación de la PROFEPA en Tamaulipas y, en su momento, se determinarán tanto las eventuales sanciones a que haya lugar contra la empresa importadora, así como el destino final de estos desechos que, por cierto, procedían de Brasil y tenían como destinatario a una industria instalada en Guadalajara, Jalisco.
En la documentación entregada a los inspectores de la Procuraduría en Altamira, el cargamento se amparaba en las fracciones arancelarias 854890.99 y 8517.70.12, que corresponden a desperdicios y desechos de máquinas, aparatos y material eléctrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y a partes, accesorios y circuitos modulares.
Sin embargo, en el curso de la verificación ocular hecha por el personal de la PROFEPA en Tamaulipas, se constató que, en realidad, lo que se pretendía introducir a México eran recortes de tarjetas electrónicas, baterías usadas de litio, níquel-cadmio y níquel-metal, así como partes de celulares (carátulas, carcazas y pantallas), entre otros, los cuales se encuentran regulados por la legislación nacional y por convenios internacionales, entre ellos, el de Basilea.
Asimismo, se constató que la empresa importadora no contaba con las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relacionadas con el manifiesto de transporte, la fianza, los registros de verificación y procedimientos aduanales, entre otros requerimientos.
Cabe agregar que, durante los meses de febrero y marzo del 2012, la PROFEPA inició procedimientos administrativos por violaciones al acuerdo de clasificación que regula la importación de este tipo mercancías con las fracciones arancelarias 9806.00.08 (Únicamente montajes eléctricos y electrónicos, usados) y 7001.00.01 (Tubos de rayos catódicos, sus desperdicios y desechos), en cargamentos llegados a puertos de Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.
Con ello, la Procuraduría ha evitado el ingreso ilegal al territorio nacional de poco más de 26 toneladas de desechos electrónicos. Además, en este mismo período la Delegación de Michoacán detuvo y ordenó el retorno al país de origen de un contenedor con capacidad aproximada de 21.0 toneladas.
Estos resultados derivan de la implementación de operativos conjuntos de la PROFEPA con la Administración General de Aduanas, con la Red RILO (Oficinas de Enlace de Inteligencia Regional por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), ejecutados en lo individual por la AGA, bajo el marco legal del Convenio de Basilea, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En el mismo sentido, se ha participado en el operativo realizado por la Red Internacional para el Cumplimiento y Ejecución de las Normas Ambientales (INECE por sus siglas en inglés); además de los trabajos realizados en conjunto con el Grupo de Aplicación de la Ley de la CCA (Comisión para la Cooperación Ambiental).