El actor Jimmy Morales asumió hoy la Presidencia de Guatemala para un mandato de cuatro años, en los cuales deberá enfrentar una corrupción galopante, que costó el cargo y llevó a prisión al mandatario y vicemandatario de Guatemala.
Tras obtener un contundente triunfo en las urnas en los comicios de septiembre y octubre pasados, Morales, de 46 años, tomará posesión del cargo en una ceremonia que se realizará en el Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Angel Asturias.
De acuerdo con analistas, la población, cansada de la clase política deshonesta, se inclinó por un candidato presidencial que no se etiquetaba como un político “tradicional” y que realizó una campaña electoral centrada en la lucha contra la corrupción.
Morales se benefició entonces del “voto de castigo” que rechazó a los políticos tradicionales y señalados de corruptos, con lo que consiguió una abrumadora victoria en la primera vuelta contra el favorito Manuel Baldizón pero considerado poco transparente.
En la segunda ronda presidencial efectuada en octubre, el actor de programas de comedias se impuso ampliamente a la ex primera dama Sandra Torres, vinculada con la administración del presidente Álvaro Colom (2008-2012), cuyo régimen también enfrenta acusaciones de corrupción.
“Ni corrupto ni ladrón”, fue uno de los lemas de campaña de Morales que al parecer convencieron a los guatemaltecos, quienes, sin embargo, han advertido que vigilarán de cerca el desempeño del nuevo presidente y su administración.
Los ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles en protestas pacíficas para denunciar la corrupción y exigir el retiro y enjuiciamiento de los políticos deshonestos, tras descubrirse un grave caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El Ministerio Público (MP) y la comisión de Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado en Guatemala, anunciaron en abril del año pasado la desarticulación de una estructura criminal y de corrupción en la SAT.
En la investigación a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependencia de Naciones Unidas, se acusó al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti de participar en el grupo criminal dedicado a la defraudación fiscal.
Por las investigaciones del MP y la CICIG, los principales funcionarios de la SAT fueron puestos a disposición de los tribunales, y enfrentan juicio en prisión por las acusaciones de contrabando y defraudación.
Por el caso de la SAT, conocido como “La Línea”, y ante la creciente presión de las marchas ciudadanas que exigían la renuncia de los mandatarios, la vicepresidenta Baldetti renunció el 8 de mayo y fue detenida el 21 de agosto.
El presidente Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre pasado y se presentó de manera voluntaria a los tribunales, que lo enviaron a prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El analista de la privada Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Luis Linares, dijo a Notimex que, luego de la aguda crisis política que llevó a la renuncia y prisión provisional de los mandatarios y principales autoridades de la SAT, la transparencia y lucha contra la corrupción vienen a ser uno de los principales retos del nuevo régimen.
El ex vicepresidente Eduardo Stein (2004-2008) afirmó, por su parte, que el desempeño del gobierno de Morales será seguido “con lupa” por la población guatemalteca, cuyo poder de movilización y convocatoria, sin intervención de los políticos, quedó evidente en la crisis política pasada.
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